Alianza Contra las Prisiones de Ecuador cuestiona al Estado por masacres en las cárceles

QUITO (Sputnik) — El colectivo denominado Alianza Contra las Prisiones de Ecuador cuestionó la transparencia del Estado sobre el origen de las armas que han sido utilizadas durante las masacres ocurridas en varias cárceles de ese país, tras la matanza sucedida en una prisión de Guayaquil (oeste) que dejó 118 muertos.

"El Estado no ha sido transparente en cuanto al origen de los armamentos que han sido utilizados en prisión durante las masacres. No se ha explicado cómo, luego de operativos y requisas policiales, estallan amotinamientos con armas cada vez de mayor calibre", dijo la Alianza Contra las Prisiones de Ecuador en un comunicado.

La última masacre en esa cárcel ocurrió seis días después de que la Policía encontró en una requisa armas de diferente calibre, municiones, explosivos, incluidas dos granadas.

La Alianza Contra las Prisiones de Ecuador agrupa a los colectivos Mujeres de Frente, Corredores Migratorios, Fundación Dignidad, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), entre otros.

En julio, una disputa entre bandas dejó 22 reclusos muertos en la cárcel de Guayaquil y en el centro de rehabilitación de la provincia de Cotopaxi (centro).

El 24 de febrero, 79 reclusos perdieron la vida en motines que estallaron simultáneamente en cuatro instalaciones penitenciarias de tres ciudades.

La alianza cuestionó la manera cómo opera la inteligencia estatal penitenciaria pues, según dijo, las negociaciones de la policía con los grupos que operan dentro de las cárceles incluyen acuerdos que, a cambio de información, han dado pie a la redistribución de la población penitenciaria de una forma que ha propiciado la planificación de las masacres.

Según el colectivo, el discurso oficial que describe un escenario de Estado versus crimen organizado busca esconder el papel del Gobierno en la producción y agravamiento de la violencia, contribuye a la deshumanización de las personas encarceladas y las etiqueta como enemigas de la comunidad.

El colectivo también cuestiona la actuación de los servicios de justicia, principalmente al aparato penal, al que señala de contribuir con sus acciones al hacinamiento en las cárceles.

El colectivo sostiene que las mujeres no pueden denunciar la violencia sexual que existe en el interior de las cárceles porque al hacerlo pondrían en riesgo su vida al evidenciar la corrupción del personal penitenciario.