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¿Qué implicaciones tendría la nueva reforma eléctrica de AMLO?

© Foto : Cortesía de Presidencia de MéxicoAndrés Manuel López Obrador, presidente de México
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la primera semana de octubre enviará una iniciativa de reforma eléctrica al Congreso del país, una que ha despertado polémica ante sus posibles implicaciones a nivel económico y ambiental.
"Lo que vamos a plantear es que el Estado pueda hacerse cargo del 54% del mercado nacional", aseguró el mandatario mexicano al referirse al abastecimiento de energía eléctrica en el país, la cual está en juego en la reforma que López Obrador enviará la próxima semana al Congreso nacional.
El mandatario no ha tenido empacho en aseverar que no se le puede ni debe tratar de la misma forma a las empresas privadas y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), perteneciente al estado mexicano, puesto que las primeras buscan el lucro, mientras que a partir de la CFE se priorizará en que el costo de la energía no suba.
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"No es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo rato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que no tiene fines de lucro, es una empresa pública para que no aumente el precio de la luz en beneficio de consumidores domésticos y en beneficio de las empresas, es para impulsar el desarrollo de México", aseveró el presidente de México en julio pasado.
Pero, ¿qué implicaciones podría tener esta reforma a las finanzas públicas y a la inversión extranjera?
"Lo que vamos a plantear es que el Estado pueda hacerse cargo del 54% del mercado nacional", aseguró el mandatario mexicano al referirse al abastecimiento de energía eléctrica en el país, la cual está en juego en la reforma que López Obrador enviará la primera semana de octubre al Congreso nacional.
De acuerdo con Oscar Ocampo, coordinador de Energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la idea del presidente de fortalecer a la CFE mediante cambios constitucionales es desincentivar la inversión privada en el sector eléctrico.
"Esto (fortalecer por ley a la CFE) para los inversionistas es un problema porque se está complicando, se está volviendo inviable la operación de los activos en México. En la jerga del comercio exterior se llama expropiación indirecta", asevera.
Uno de los argumentos de López Obrador para fortalecer a la comisión es con miras a que los precios de luz no suban, al menos en cuanto al consumo doméstico; sin embargo, el especialista señala que el costo de producción de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad es 250% más caro en comparación a las energías renovables instaladas por particulares por lo que para lograr esta finalidad se tendrían que dar más subsidios.
"El proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022 trae etiquetados 73.000 millones de pesos (3.650 millones de dólares), el año pasado fueron 60.000 millones de pesos (3.000 millones de dólares) para los subsidios eléctricos; y en la medida de que se reduzca la participación de los privados y se aumente la participación de las energías más contaminantes y más caras de la CFE, esta cifra necesariamente tendrá que crecer", explica Ocampo.
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Con él coincide Joel Tonatiuh Vázquez, Coordinador de transición energética y finanzas públicas en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C., quien indica que al beneficiar por ley a la CFE las plantas más competitivas se verían relegadas, lo que generaría un costo en el presupuesto.
"Si se hace una reforma constitucional que favorezca a la CFE, entonces se estaría relegando el criterio de despacho económico que actualmente rige gracias a la ley de la industria eléctrica que dice que en la generación deben de entrar primero las plantas más competitivas", explica.
"Al estar privilegiando la entrada de plantas más caras, entonces los costos de generación aumentan y por lo tanto el subsidio a las tarifas eléctricas aumentaría, lo que generaría un daño a las finanzas públicas", prosiguió.
Pero el aspecto económico no es el único que causa preocupación, pues el impacto ambiental también es un tema que tendría que tratarse en la discusión de la reforma.
Vázquez señala que, con esta reforma, México se aleja de los compromisos en materia ambiental, por ejemplo, el Acuerdo de Paris, pues se relegaría a las empresas que utilizan energías que no generan emisiones de gases de efecto invernadero.
"La única beneficiada sería la Comisión Federal de Electricidad la cual ha perdido mercado ante la ley de la industria eléctrica, pero al costo del presupuesto que pagan todos los mexicanos y al costo del daño ambiental", sentencia.
De acuerdo con el coordinador de Energía del IMCO, la CFE no cuenta con la estructura para generar energías renovables y lo que plantea la reforma es beneficiar a las plantas más contaminantes, por ejemplo, la termoeléctrica de Tula, en el estado de Hidalgo, la cual no ha completado su conversión hacia el gas natural y es la responsable de más del 70% de las emisiones de azufre que se respira en la Ciudad de México.
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Políticamente, indica Ocampo, la señal que el gobierno federal manda al mundo es que México no está comprometido con el estado de derecho al no respetar los acuerdos ya comprometidos.
México, señala Vázquez tendría que apuntar hacia el lado contrario de lo que se plantea en la reforma: hacia la competencia para que la inversión en el sector crezca.
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