Cuatro acusados en el mismo proceso de exministro boliviano en EEUU se declaran culpables

LA PAZ (Sputnik) — El exministro boliviano Arturo Murillo, detenido desde mayo en Estados Unidos, enfrenta un gran riesgo de condena por corrupción y lavado de dinero después de que cuatro acusados en el mismo proceso se declararon culpables, dijo el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

"La admisión de culpa de sus cuatro cómplices lo deja mal parado (…); creo que se ha diluido esa esperanza para alguna gente que pensaba que Murillo era inocente, que esto es una trama que se ha armado desde Bolivia, o peor aún desde Estados Unidos", dijo Chávez al servicio de radio del diario local La Razón.

Murillo, hombre fuerte del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (noviembre 2019-noviembre 2020), está acusado en Miami (Estados Unidos, sureste) de encabezar una operación internacional de corrupción derivada de una compra con sobreprecio de materiales antidisturbios para la policía, durante las primeras semanas de esa administración.

La situación procesal inmediata del exministro se definirá en una audiencia programada para el 8 de octubre, oportunidad en la cual Murillo tendrá la opción de declararse culpable o enfrentar un juicio, apuntó Chávez.

Proceso

El procurador informó que, en una audiencia realizada el 28 de septiembre en Miami, los cuatro socios de Murillo se declararon culpables de conspiración para lavado de dinero, soborno a funcionarios, blanqueo de activos y otros delitos.

Ellos son el ex jefe de gabinete y asesor de Murillo, Sergio Rodrigo Méndez, y los empresarios boliviano-estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes participaron en la operación de compraventa de los materiales antidisturbios y en las operaciones bancarias relacionadas.

Chávez indicó que estos cuatro culpables ahora solo esperan que el juez dicte en los próximos meses sus condenas, que podrían ser de hasta 10 años de cárcel.

El procurador sostuvo que Murillo "tiene muy pocas posibilidades de salir al paso porque los otros miembros están declarados culpables y esto es irretractable; están muy mermadas las posibilidades que que vaya por otro camino porque los delitos han existido y ya existen responsables penales".

Sostuvo que, al contrario de la supuesta persecución política denunciada por Murillo y miembros del pasado Gobierno de Áñez, "en este caso simplemente ha operado el sistema judicial estadounidense, con base en lo que ha ocurrido".

Según Chávez, hay pruebas de que Murillo presionó al Banco Central de Bolivia para que desembolse el dinero público utilizado en la compra de gases lacrimógenos y otros materiales policiales, por un monto de 5,6 millones de dólares, de los cuales 2,6 millones terminaron ilegalmente en manos de los ahora procesados.

Estos hechos ocurrieron mientras regía en Bolivia un rígido confinamiento decretado por Áñez a causa de la pandemia de COVID-19.