Tribunal de Colombia alista primeras sanciones a 5 años de la firma de la paz

BOGOTÁ (Sputnik) — La paz que el Gobierno colombiano firmó hace 5 años con la guerrilla de las FARC creó un sistema de justicia transicional que alista las primeras sanciones, pese a las críticas que enfrenta desde su creación.

"Las sanciones como tal pueden verse a finales de este año, o los primeros meses del próximo", afirmó, en entrevista con Sputnik Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar y juzgar a los máximos responsables de delitos cometidos en el conflicto armado.

Aunque la JEP nació del acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, esta empezó a funcionar en 2018, tras la aprobación de una serie de leyes para reglamentarla y el correspondiente visto bueno de la Corte Constitucional.

Desde entonces, esta justicia ha organizado su trabajo en lo que denomina siete "macrocasos", referentes a los crímenes más comunes cometidos por distintos actores armados en más de 50 años de conflicto, y a las zonas de Colombia más afectadas por este.

Así, en cuanto a delitos, se encuentran los "macrocasos" de la toma de rehenes de las FARC, las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, el exterminio de miembros de la Unión Patriótica (partido de izquierda cuyos miembros fueron asesinados a lo largo del país desde la década de los 80), y el reclutamiento de menores de edad.

Por otro lado, y en cuanto a hechos según ubicación, la JEP creó un "macrocaso" para Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (departamento de Nariño, suroeste); otro para la región de Urabá (noroeste); y uno en el norte del departamento del Cauca y sur del Valle del Cauca (suroeste).

"Los macrocasos que inicialmente se priorizaron han tenido unos resultados magníficos, porque en muy poco tiempo en términos internacionales y dada la magnitud de lo que estamos hablando, son miles las victimas que participan", agregó el magistrado.

El mecanismo de justicia transicional incluye los testimonios de los afectados, lo cual, para el presidente de la JEP, representa una clara diferencia respecto a otros procedimientos.

Mientras que "en un proceso ordinario penal participa una, dos o tres víctimas, aquí estamos hablando de miles. Entonces, la escala no es cualquiera. Y el tiempo: en el territorio nacional, en 50 años", insistió.

Aunque hay imputación de cargos, hasta el momento, la JEP no ha producido, sin embargo, las primeras sanciones.

El acuerdo de paz contempla penas diferenciadas, dependiendo de si el acusado acepta o no su responsabilidad.

Así, quienes reconozcan responsabilidad en "infracciones muy graves", tendrían una "pena privativa de la libertad de cinco a ocho años" y quienes no lo hagan, obtendrían una "privación efectiva de libertad no inferior a 15 años ni superior a 20".

Para Cifuentes, lo avanzado hasta el momento en los "macrocasos" ha permitido "conocer la estructura de la fuerza pública, sus políticas, y también, más a fondo, las FARC".

"Ya conociendo las estructuras de poder y habiendo recopilado mucha más información, creo que podemos avanzar más sostenidamente", agregó.

Procedimiento dialógico

Una vez la JEP imputa cargos, lo que sigue es que ellos "acepten o no su responsabilidad. Eso es una cuestión de días", destacó el magistrado, no sin antes recordar que la JEP consulta a las víctimas en este lapso de tiempo, "lo que tal vez demore el proceso, pero debe ser dialógico".

"Si hay aceptación de responsabilidad, lo que viene es la sanción", aseveró.

Aunque se esperan apenas las primeras decisiones en este sentido, la JEP ya ha emitido cifras que se toman como referencia en el país.

Por ejemplo, la de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008: civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate por el Ejército para obtener ascensos o beneficios dentro del cuerpo.

O la de las 18.677 personas reclutadas forzadamente por las FARC, siendo menores de edad, entre 1996 y 2016.

"Toda la información del pasado, de las víctimas, de informes que se han recibido de las organizaciones de derechos humanos, de los imputados… Todo se está cruzando permanentemente con herramientas informáticas de última generación", explicó Cifuentes.

Críticas

En junio de 2019, la JEP negó la extradición a Estados Unidos del exnegociador del acuerdo, Jesús Santrich, quien, posteriormente, se unió a las disidencias de las FARC.

La controversial decisión, que sustentó en no poder comprobar si los hechos de los que se le acusaban eran posteriores a la firma del acuerdo, le significó duras críticas entre la opinión pública colombiana.

Sin embargo, desde sus inicios, la JEP ha sido blanco de críticas.

El expresidente Álvaro Uribe, líder del partido oficialista Centro Democrático, lo reiteró en el testimonio que dio a miembros de la Comisión de la Verdad (también surgida del acuerdo), en agosto de este año: "No puedo aceptar la legitimidad de las instituciones del acuerdo de La Habana, porque eso fue rechazado en el plebiscito".

Esto, sobre la consulta realizada después de la firma el 26 de septiembre de 2016, cuando el No al acuerdo, con el 50,23% de los votos, se impuso frente al Sí, con el 49,76%.

Pese a las reuniones posteriores del entonces Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) con los representantes del "No", y del cambio del texto inicial, el discurso del Centro Democrático no cambió.

"La JEP está sustentada en normas constitucionales, con el mayor grado jerárquico, normas estatutarias y legales, revisadas sistemáticamente por la Corte Constitucional", recalcó Cifuentes.

Para él, esas críticas reflejan "la expresión de un grupo minoritario que desde el principio se opuso al proceso de paz".

"No sé por qué en Colombia le dan tanta importancia", concluyó.