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Lazos marroquíes en la causa contra la excanciller española: "Ghali entró con todas las de la ley"

© AP Photo / Petros KaradjiasArancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores de España
Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores de España - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2021
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Investigada junto a otros altos cargos del Gobierno por organizar de manera presuntamente irregular la entrada y salida del líder saharaui durante su hospitalización en España, Arancha González Laya afronta cargos de "prevaricación" y "encubrimiento", de parte de abogados con vínculos marroquíes. El Frente Polisario niega cualquier irregularidad.
El juez Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, que ha imputado a la exministra de Exteriores de España para interrogarla acerca de la entrada y salida de Brahim Ghali entre abril y mayo, también ha citado a declarar a María Isabel Valldecabres, exjefa de Gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo, y al secretario técnico del Ministerio de Exteriores que supuestamente firmó la orden para autorizar el aterrizaje en Zaragoza del avión de Ghali, José María Muriel Palomino.
El magistrado cuenta ya con el testimonio de Camilo Villarino, exjefe de Gabinete de González Laya, quien le explicó que la ministra le había pedido gestionar la entrada en España de Ghali "con total discreción". Todavía no hay fecha para la declaración en sede judicial de González Laya, puesto que no se le ha podido entregar la citación en persona. "El Gobierno actúa siempre conforme a las premisas de la legalidad", se ha limitado a manifestar la portavoz del Ejecutivo español, Isabel Rodríguez, tras ser preguntada al respecto.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez, en declaraciones en rueda de prensa en Nueva York, defendió la legalidad y humanitarismo de su actuación. "El Gobierno hizo lo que debía, que era dar respuesta a esa cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, conforme a la ley".
Estas citaciones son producto de la petición cursada el 13 de septiembre por el abogado malagueño Antonio Urdiales, que lidera la acusación particular en este caso, después de que Camilo Villarino admitiera ante el juez Lasala haber recibido instrucciones de González Laya para facilitar la entrada en el país de Ghali.
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¿Quiénes son los denunciantes?

Las acusaciones popular y particular en la causa consideran que altos cargos del Ministerio de Exteriores y de funcionarios de Fronteras cometieron delitos de falsificación, prevaricación y encubrimiento en torno a la llegada de Ghali a España.
Un empresario marroquí afincado desde 2007 en Valencia, Rachad Andaloussi, y el exdiputado del PP Juan Vicente Arias son los firmantes de la acusación popular. El abogado que les representa, Juan Carlos Navarro, es conocido por haberse encargado de la defensa de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel del PP. Andaloussi cuenta con muchas conexiones con la rama valenciana del partido y su nombre suena como candidato a presidir la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Marruecos en España.
Aparte de altos cargos del Gobierno marroquí y diplomáticos de varios países, a su boda celebrada el 4 de septiembre en Tánger acudieron invitados el exministro José Bono (PSOE), el abogado Navarro, el diputado del PP Eloy Suárez Lamata (que actualmente preside la Comisión de Hacienda en el Congreso), la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana Paula Sánchez de León (PP) y el diplomático Fernando Villalonga (exdiputado del PP y exsecretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica), quien fue noticia en noviembre por no haber podido asumir el cargo de cónsul en Rabat a raíz de unas declaraciones a favor de Donald Trump vertidas en un canal de Youtube vinculado a la formación Vox.
Rachad Andaloussi y Vicente Pérez interpusieron su denuncia en los juzgados de Logroño, pero la Fiscalía la desvió a los de Zaragoza. ¿Por qué? Porque es allí donde ya se había admitido una denuncia idéntica. Esta fue interpuesta por el letrado malagueño Antonio Urdiales, con vínculos con Marruecos debido a sus lazos familiares (su esposa es marroquí), propiciándose así que se abriera el caso en Zaragoza el 31 de mayo, apenas un día antes de la salida de Brahim Ghali de España.
Urdiales afirmó sentirse perjudicado por la crisis diplomática desatada a mediados de mayo entre Rabat y Madrid (debido al cierre de fronteras no pudo viajar a Marruecos a visitar a su familia política), cuando las autoridades marroquíes permitieron el paso de un flujo masivo de inmigrantes ilegales en dirección a Ceuta. En su escrito, sostiene que hubo un intento premeditado de encubrir la llegada de Ghali a España y, según confirmó a dos periodistas marroquíes del medio infotalqual.net, en las diligencias previas del juez Lasala se expresa que Camilo Villarino instruyó verbalmente al general de la base aérea de Zaragoza, José Luis Ortiz Cañavate, para ocultar la identidad del líder saharaui una vez aterrizó allí el 18 de abril el avión de la Presidencia de Argelia que lo trasladaba.
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¿Y qué dice el Polisario?

En la Delegación del Frente Polisario en Madrid niegan cualquier irregularidad en la llegada, estancia y salida de Ghali de España. "Desde el primer momento ya dijimos que la acusación contra nuestro presidente y todo el proceso mediático en torno a él era una farsa por parte de Marruecos", declara a Sputnik Abdulah Arabi, jefe de la Delegación, que asegura que la entrada de Ghali se produjo de acuerdo alas normas.
"Hay relaciones diplomáticas e internacionales que establecen cómo se debe entrar en un país y cuáles son los procedimientos entre los Estados, y ese procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de los acuerdos entre Argelia y España y de lo que establece la normativa Schengen". El Frente Polisario siempre ha mantenido que Brahim Ghali entró en España con su pasaporte diplomático, aunque se registró en el hospital San Pedro de Logroño con un pasaporte argelino con otra identidad por cuestiones de seguridad.
"Esto es una continuación de la instrumentalización de la presencia en España de nuestro presidente por cuestiones meramente humanitarias. El entró con todas las de la ley. A partir de ahí, seguir analizando e interpretando la ley de Extranjería, hace que los que montan todo esto se vayan quedando sin argumentos".
Abdulah Arabi
Delegado del Frente Polisario para España
"La especulación sobre este tema empezó desde la misma entrada, no es de ayer ni de hoy. Hay un interés político interno de la política española, en la que unos se atacan a otros, pero nosotros ahí no entramos", señala, subrayando que, en cualquier caso, a las cuestiones que plantea el juez Lasala, "deberá responder la exministra y el Gobierno de España". Arabi
La salida de Ghali de España se produjo finalmente a principios de junio, luego de que el juez Santiago Pedraz desestimara tomar medidas cautelares en su contra y retener su pasaporte con motivo de una querella por genocidio y torturas presentada por una asociación saharaui, un caso que quedó sobreseído. "Nosotros ya en 2016 dijimos que la denuncia contra Ghali no tenía el menor recorrido jurídico, y que era una utilización de la justicia para servir a fines políticos por parte de Marruecos y sus aliados. El juez de Zaragoza ahora sólo investiga su entrada y salida de España, nada más", concluye Arabi.
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La reacción de la oposición

El Partido Popular, luego de conocerse la imputación González Laya, tildó de "grandísimo escándalo" la entrada y salida de Ghali, y exige conocer la identidad del "señor X" que dio las instrucciones.
Así lo expresó el 21 de septiembre la portavoz parlamentaria de este partido, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces. "Sin duda alguna lo que está claro es que el cese de la que era entonces ministra de Exteriores, lo que contemplaba era querer tapar un grandísimo escándalo", dijo. La impresión de Abdulah Arabi al respecto es diferente. "Arancha González Laya no fue relevada de su cargo por esto, sino por presiones de Marruecos", asegura.
Gamarra ha solicitado la comparecencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y de José Manuel Albares, el actual titular de la cartera de Exteriores para que "den las claves sobre quién dio la orden de esa entrada ilegal". A través de su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, Vox aboga por que se condene a quien ordenó la estancia de Ghali en España. "Es posible que fuera ella o que la orden le llegara dada y me gustaría saber quién la dio", declaró.
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