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Comuneros mexicanos logran histórico freno a trasnacional eólica francesa

Energía eólica - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2021
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En México, la Asamblea de los pueblos indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio logró un amparo judicial que reconoce a comuneros de Juchitán el interés legítimo para defender casi 70.000 hectáreas de un codiciado territorio.
En el Istmo de Tehuantepec, esa pequeña cintura que tiene la geografía mexicana, dónde se recorre por tierra el camino más corto para las costas de los océanos Pacífico y Atlántico, se han instalado al menos 15 parques eólicos en los últimos años. Todos y cada uno de ellos, según denunció la Asamblea de pueblos del Istmo, son ilegales ya que no han obtenido la autorización previa a su instalación de la autoridad agraria correspondiente, según establece la propia ley mexicana.
El 6 de septiembre del corriente, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del decimotercer circuito con sede en Oaxaca otorgó a la Comunidad Agraria de Juchitán de Zaragoza y sus cinco pueblos anexos la suspensión de plano en un juicio de amparo interpuesto en 2020 contra el proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa Energies Nouvelles Group, Energía de Francia (EDF).
"Este fallo es histórico para Juchitán debido al descabezamiento de la autoridad agraria que se vivió durante las décadas de 1970 y 1980, que dejo al ejido sin representantes y a la comunidad inerme para defender sus bienes agrarios. Esta es la primera vez en años que se logra un triunfo en la defensa de la tierra comunal ancestral", dijo Carlos González, abogado e integrante del Congreso Nacional Indígena.

Invasión eólica

En el idioma binnizá de los pueblos Zapotecas del Istmo de Tehuantepec, Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los pueblos indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio, dio la bienvenida a la conferencia dónde se anunció el triunfo cosechado en la justicia en vistas del contexto de avance que las trasnacionales eólicas tuvieron en la zona durante las últimas tres décadas.
"En el Istmo de Tehuantepec, desde 1994, inició una carrera por la ocupación de nuestro territorio, que hizo que hoy tengamos 29 parques eólicos y 3,132 aerogeneradores que producen más de 3.000 mega-watts de energía eléctrica por hora", explicó Cruz.
Esta invasión eólica está motivada por la principal característica climática de los pueblos del Istmo: su viento constante.
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Según el análisis de la Asamblea, planteado por Bettina Cruz, las empresas locales y foráneas entraron en este negocio impulsados por los proyectos de energía verde, y en particular tras la firma del Protocolo de Kyoto, que México ratificó en el año 2000.
"Las empresas llegaron al Istmo engañando a la gente, aprovechando el empobrecimiento deliberado causado por los gobiernos en nuestro territorio y empezaron a ocuparlos, independiente que su origen sea colectivo, comunal o ejidal", explicó la fuente mencionada.
Las categorías refieren a formas de tenencia colectiva de la tierra que fueron paridas por la Reforma Agraria mexicana y que no podían ser divididas en propiedades individuales, hasta que el artículo 27 Constitucional fue reformado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari(1989 – 1994).
La legislación mexicana estableció desde entonces que, para poder enajenar de forma privada los terrenos comunales, se debe contar con la anuencia de las autoridades agrarias de los territorios. Esto no ocurrió en ninguno de los parques instalados en el Istmo hasta el momento.

Defensa comunal

El abogado Carlos González explicó que el motivo por el que las autoridades agrarias de Juchitán, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal, La Ventosa, y Santa María Xadani, no tengan representantes fue la represión.
En junio de 1964, Juchitán de Zaragoza obtuvo el reconocimiento y la titulación de 68.000 hectáreas como propiedad comunal mediante una resolución presidencial, que reconoció la propiedad ancestral de los pueblos zapotecas en el Istmo de Tehuantepec.
"Posteriormente, el Gobierno intento sustraer una franja de ese terreno por medio de títulos individuales, lo que provocó la intervención del Ejército en la comunidad y la desaparición de Víctor Yodo, que desmoronó la organización al punto que no existe hasta el día de hoy", explicó el abogado.
Víctor Pineda Henestrosa, conocido como Víctor Yodo, fue desaparecido el 11 de julio de 1978 por militares mexicanos en su natal Juchitán de Zaragoza, dónde se desempeñaba como uno de los principales acompañantes de la representación del Comisariado de Bienes Comunales que existía entonces.
"Con la presión actual para consagrar el megaproyecto del corredor transístimico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, la presión de capitales nacionales y extranjeros se retomó con mayor ímpetu sobre el interés que siempre ha existido por esta zona", apuntó el abogado.
Tras un primer rechazo al amparo interpuesto, recibido en el 6 y 7 Juzgado de Distrito de Salina Cruz, un grupo de comuneros de Santa María Xadani acudió al Tribunal Colegiado, dónde se cosechó el mencionado fallo a su favor en la primera semana de septiembre.
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"Lo importante e histórico de este fallo es que se reconoce que existe un interés legítimo de los comuneros para defender las tierras en su conjunto, incluyendo a sus anexos", explicó el abogado.
Esto abre un antecedente inédito en la defensa de la tierra que decenas de pueblos indígenas llevan adelante en México, los cuales suelen protegerse con argumentos de protección medioambiental y de salud. Ahora, Juchitán logró que la justicia reconozca que la voluntad de grupos de comuneros tiene interés legítimo en todo el terreno, más allá de las cúpulas de representación comunal que, como en este caso, ni siquiera existe.
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