Ariel Henry despide a dos poderosos funcionarios de la era de Jovenel Moise

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El primer ministro Ariel Henry revocó los mandatos del secretario general del Consejo de Ministros, Rénald Leburice, y el titular de Justicia, Rockefeller Vincent, en medio de la controversia que en las últimas semanas sostienen los altos funcionarios.

"En la Secretaría General del Consejo de Ministros, Rénald Lubérice ya no está a cargo. Mismo caso para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que ya no tiene a Rockefeller Vincent a la cabeza. Alguna información sugiere que incluso el comisionado del gobierno, Bed-Ford Claude, ha sido despedido", aseguró la plataforma Haiti24.

Lubérice ha sido muy crítico desde que Henry asumió el cargo el pasado 20 de julio, y durante el primer Consejo de Ministros encabezado por el neurocirujano se opuso a derogar los decretos firmados por el presidente asesinado Jovenel Moise (2017-2021) relacionados con la agencia de seguridad.

Tras conocerse la noticia de su revocación, sarcástico sugirió en Twitter la ilegalidad de la disposición adoptada el lunes.

"Para los amigos que me llaman para preguntar si la disposición de Ariel Henry adoptada en el Consejo de Ministros es legal: ¿es legal coordinar el asesinato de un presidente por teléfono? Para un golpe con el asesinato del presidente, no se plantea la cuestión de la legalidad", escribió en la red social.

Por su parte, el titular de Justicia, que sobrevivió a varios cambios de Gobierno en la era de Moise, pidió el lunes a la policía reforzar la seguridad de Bed-Ford, luego que este invitara al primer ministro a una comparecencia para "aclarar" las llamadas entre Henry y el sospechoso de magnicidio Joseph Felix Badio durante la jornada del asesinato.

Esta audiencia está prevista para este martes en el Palacio de Justicia, aunque Henry no confirmó todavía su asistencia.

El defensor del pueblo, Renan Hédouville, volvió a insistir el lunes en la renuncia del neurocirujano, y aseguró que debe ponerse al servicio de la justicia.

Las acusaciones ocurren cuando Henry convenció a más de 160 organizaciones políticas y sociales a firmar un acuerdo nacional para la gobernanza pacífica, que prorrogará un año las elecciones, y redactará una nueva Constitución.