Interpol y autoridades uruguayas desmantelan la red de tráfico de migrantes cubanos

MONTEVIDEO (Sputnik) — Una red de tráfico de migrantes cubanos fue desmantelada en Uruguay por autoridades policiales de este país y de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

"Personal del Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol determinó, tras varios meses de tareas de inteligencia, el modus operandi de una organización criminal internacional que operaba desde el exterior y se dedicaba al tráfico de migrantes cubanos", dice el texto.

Las operaciones de tráfico se originaban en La Habana donde cubanos, integrantes de la organización, captaban a sus compatriotas y los seducían con la posibilidad de viajar a Uruguay, algunos para permanecer en este país y otros para viajar a Estados Unidos, y elegían a la nación sudamericana como puente o destino intermedio.

Paso a paso

Para el viaje, los migrantes cubanos pagaban un monto de dinero a los miembros de la organización, cifra que no está especificada en el texto de prensa.

Los cubanos ingresaban a Uruguay por la frontera con Brasil a través de las ciudades brasileñas de Chui o Santana do Livramento.

Al llegar a Uruguay, algunos migrantes se establecían como refugiados, mientras que otros tomaban contacto a través de medios tecnológicos con diferentes redes criminales que les cobraban entre 6.000 y 7.000 dólares para llegar a otro destino (el monto dependía de la red y el destino final), añade el comunicado.

Hay 34 personas involucradas de nacionalidad cubana y solicitantes de refugio (21 hombres y 13 mujeres, de entre 35 y 45 años), informó el ministerio.

Como se está investigando aún no se puede diferenciar de esos 34 cuáles son víctimas y cuáles victimarios, explicaron a la agencia Sputnik desde el área de prensa del ministerio, ya que, por ejemplo, entre los migrantes algunos daban por su propia voluntad sus pasaportes para obtener una visa falsa.

Doce de las 34 personas fueron condenadas por el delito de uso de certificado público falso a la pena de seis meses de prisión a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba.