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Bolivia: injusticia para los masacrados, ¿derechos humanos para los golpistas?

© REUTERS / Manuel ClaureAmparo Carvajal (centro) y partidarios de Jeanine Áñez
Amparo Carvajal (centro) y partidarios de Jeanine Áñez - Sputnik Mundo, 1920, 12.09.2021
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¿Cómo se explica el rol de las organizaciones de derechos humanos que reclaman la liberación de Jeanine Áñez y de los militares que participaron de las masacres en el marco del golpe de Estado de 2019 en Bolivia?
El golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 tuvo muchas características propias. Si bien no faltaron insurrecciones en las fuerzas policiales y armadas, las redes sociales y su batallón de fake news hicieron un aporte novedoso y determinante para que la ruptura del orden constitucional tuviera apoyo ciudadano. Pero hay un actor fundamental cuyo rol hasta ahora no fue debidamente analizado: el de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
El extraño comportamiento de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil fue llamativo en 2019, cuando ninguna de ellas se pronunció ante las masacres y vulneraciones de derechos ejecutadas a plena luz del día por el Gobierno de facto.
Su actitud sigue llamando la atención en 2021, cuando no ocultan su apoyo a la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), quien está presa al igual que varios de sus ministros y jefes militares que cumplieron órdenes represivas.
"Estamos todos con la cabeza masacrada porque la justicia, como dice el propio informe [del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes] no es justa. Ese Fiscal General [Juan Lanchipa] que yo le escribí ¿qué ha hecho? Ha hecho masacrarnos a todos. No solo hay masacre en Sacaba y Senkata. Nos masacra la cabeza".
Esta frase pertenece a Amparo Carvajal, una monja española que en los 70 llegó a Bolivia para fundar la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), una institución esencial en la lucha contra las dictaduras que asolaron al país durante esa década.
A finales de agosto pasado, con sus más de 80 años Carvajal lideró una movilización que llegó a la puerta de la cárcel de mujeres de Miraflores, en La Paz, donde reside Áñez. Sostenían que lo de 2019 no fue golpe, que lo de Senkata y Sacaba no fueron masacres y que la expresidenta de facto debía ser liberada.
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Días después, Carvajal reivindicó a la agrupación Resistencia Juvenil Cochala como "resistencia necesaria", a pesar de que el informe del GIEI los definió como un grupo parapolicial que debe ser desarticulado por el Gobierno.
Para el sociólogo Lorgio Orellana, las recientes performances de Carvajal "han planteado el debate sobre cuáles son los derechos humanos que cuentan en la sociedad boliviana". En este sentido, destacó que la APDH no se pronunció sobre las masacres que costaron la vida a 38 personas, según el informe del GIEI, grupo creado en 2019 a partir de un acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Según Orellana, "el fundamento de este debate sobre 'las vidas y los derechos que cuentan' es eso que René Zavaleta Mercado llamaba 'el dogma pre-capitalista de la desigualdad'. Para unos, hay vidas y libertades de ciertos individuos que cuentan más, que valen más que las vidas de otros".
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Por ello, consideró que "hasta hoy, Bolivia no puede llamarse una sociedad democrática en sentido estricto. La democracia no existe en la vida cotidiana de los bolivianos. En Bolivia existen 'humanos' y, luego, subcategorías de humanos, gente que a los ojos de los círculos hegemónicos de opinión tienen una condición degradada".
Por este motivo, la vida de las 38 personas asesinadas por fuerzas armadas y policiales no cuentan para parte de la población. "Si se los balea, pues nada, ni siquiera aparecen en la prensa. De hecho, hasta que se publicó el informe del GIEI, aún se sostenía que 'los campesinos se dispararon entre ellos'".
Entonces, "la libertad de un campesino vale menos que la de un 'joven estudiante'. La vida de un masacrado en Senkata vale menos que la de la expresidenta Añez", reflexionó Orellana, quien es investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), de Cochabamba.

Los extraviados Willa Lluch'us

En un video publicado en redes sociales el 28 de agosto pasado, se ve a dos jóvenes decir: "Los compañeros de Willa Lluch'us nos estamos preparando para quemar la casa de Amparo Carvajal, porque ella está defendiendo a neoliberales. Ella nunca ha defendido al pueblo alteño, al pueblo boliviano. Por esa razón nos estamos pronunciando para ir a quemar su casa y nos estamos organizando a nivel nacional y departamental".
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó que este grupo no existe y, si existiera, carecería de peligrosidad.
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El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Red UNITAS —Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social— emitió un comunicado en defensa de Carvajal.
"Las constantes agresiones contra Amparo Carvajal y contra la APDH de Bolivia han puesto en evidencia a un Estado que no cumple con las obligaciones de protección que ha asumido en el marco de la protección de Derechos Humanos", dice su documento.
"La CIDH ha advertido sobre el riesgo que corren los defensores de derechos, como es el caso de Carvajal, por amenazas, represalias y restricciones sufridas como consecuencia de su trabajo de promoción y protección de los derechos", manifestaron desde UNITAS. Y agregaron: "El Estado está obligado a tomar medidas efectivas para proteger la integridad de defensores que se encuentren en riesgo".

¿Dónde estaban los defensores?

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, tiene un amplio trabajo en derechos humanos, fundamentalmente por su rol como Defensor del Pueblo de Cochabamba hasta mediados de 2020.
Consultado por Sputnik al respecto, afirmó: "En 2019 y 2020 ¿acaso había defensores de derechos humanos? En mi rol de delegado defensor en Cochabamba, he visto cómo se han ocultado Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones, agrupaciones, redes".

Y agregó: "Todos se han ocultado. Nadie opinaba en contra de la Jeanine Áñez, nadie opinaba en contra de Arturo Murillo [ministro de Gobierno de Áñez]. Nadie opinaba en contra de las sandeces hechas por la pandemia, las represiones violentas, arrestos, aprehensiones".

Cox aseguró que en esos tiempos "no había un solo defensor de derechos en las calles, en las cárceles. Solamente he visto a la APDH de Cochabamba, que ha estado conmigo y éramos quienes reclamábamos".
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El viceministro recordó que en esos tiempos represivos "Amparo Carvajal no ha dicho ni siquiera 'invítenle un café'. No ha dicho nada sobre las vulneraciones de derechos, las masacres, los muertos".
Y amplió la lista: "Tantas instituciones de derechos humanos como el CEJIS [Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social] o UNITAS, tantas redes, instituciones históricas como DNI [Defensa de Niñas y Niños Internacional], hartos colectivos, como la Coordinadora de la Mujer".
Cox también mencionó a organizaciones de pueblos indígenas, de migrantes, de mujeres, de personas con discapacidad "y tantas instituciones... Toditos creo que han sido de derecha, porque nadie ha dicho nada de Áñez ni de Murillo. Todos calladitos".
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Ante estas acusaciones, Sputnik intentó conocer el posicionamiento del CEJIS, una prestigiosa institución con casi 40 años de trayectoria en defensa de derechos de pueblos indígenas. Pero no fue posible obtener su respuesta.
"Así es nomás cuando se financian y sus fuentes de financiamiento les tapan la boca. ¡Qué vergüenza!", opinó Cox.
Volviendo al tema de Carvajal, el viceministro lamentó "que sea utilitarista hasta de su condición de adulta mayor para decir y hacer lo que le da la gana. Hace apología del delito, incita a delinquir, a la violencia. Quiere que la población se movilice en las calles. Eso jamás haría un defensor de derechos", quien siempre debería buscar la armonía, consideró.

Resabios oligárquicos

Entonces ¿cómo se puede entender el inexplicable rol de las organizaciones de derechos humanos en Bolivia? "Es un resabio aristocrático, de la vieja sociedad oligárquica, que jerarquizaba a los seres humanos según su posición social, su raza, su familia, su status. Y su opinión pública", caracterizó Orellana.
Por ello, "los grandes medios hegemónicos, ciertos círculos políticos, de profesionales y de las clases-etnias dominantes expresan claramente esta mentalidad oligárquica, predemocrática".
En este sentido, Orellana consideró que "doña Amparo Carvajal defiende las vidas y los derechos que a los ojos de la 'gente decente' y de la clase media mestiza, verdaderamente cuentan en este país".
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Para el investigador, "se trata de paradigmas de ciudadanía en disputa –por un lado, el mestizo republicano, y por otro, el indigenista plurinacional. 'Razón contra razón, derecho contra derecho, y entre derechos iguales define la fuerza', como escribió Karl Marx en El Capital".
En definitiva, Orellana constató "una profunda escisión en el sistema de creencias políticas que caracteriza esta polémica y que configura la presente crisis de hegemonía".
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