La subida del salario mínimo español, unos pocos euros con muchas consecuencias

BILBAO (Sputnik) — La senda la marcó a primera hora del 6 de septiembre la vicepresidenta primera y ministra de Economía del Gobierno español, Nadia Calviño: el Ejecutivo está dispuesto a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a partir de octubre.

"Lo ideal es que tomemos esa decisión en el curso de septiembre para que ese aumento pueda aplicarse ya para octubre, noviembre y diciembre de este año", dijo Calviño en una entrevista en el canal público TVE.

Actualmente el salario mínimo está fijado en España en 950 euros mensuales, repartidos en 14 pagas, que es la forma de pago habitual de las empresas españolas, con dos pagas extraordinarias repartidas a lo largo del año, normalmente en junio y diciembre.

Las declaraciones de Calviño se producían horas antes de una reunión entre patronal, sindicatos y Ministerio de Trabajo para intentar acercar posturas en torno a esta subida.

Las dos almas del gobierno

También en la jornada del 6 de septiembre, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aunque no participa directamente en estas negociaciones, mostraba su intención de que esta subida se produjera "con carácter inmediato", es decir, que se viera ya reflejada en las nóminas de septiembre.

Trascendía así un nuevo capítulo de la pugna entre las dos vicepresidentas del área Económica del Gobierno por este asunto, la socialista Calviño y Yolanda Díaz, perteneciente a Unidas Podemos, el partido a la izquierda del PSOE y socio minoritario de la coalición de Gobierno.

Ambas vicepresidentas vienen mostrando sus diferencias sobre este asunto durante todo el año, una disputa que solo se vio atenuada a principios de verano, cuando Calviño abandonó su postura de retrasar esta subida hasta 2022 y estudiarlo al inicio del curso, en función del comportamiento del empleo, un indicador que hasta el momento está mostrando resultados positivos mes tras mes.

La batalla en el seno del Gobierno podría tener además otras consecuencias, como la negociación entre los dos socios del presupuesto de 2022. De ahí que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consciente de su importancia, mencionara el tema en su discurso de apertura del curso político, abogando por una "subida inmediata", sin dar más detalles y en un intento de rebajar la polémica en el seno de su Gabinete.

Sin acuerdo en la mesa

Con este panorama se sentaron patronal y sindicatos a negociar el 6 de septiembre, junto con los representantes del Ministerio de Trabajo. Una reunión que acabó sin avances y, en la que, según filtraron los sindicatos, el Gobierno planteaba una horquilla de subida de entre 12 y 19 euros mensuales, frente a los 25 euros que puso sobre la mesa, por ejemplo, el sindicato UGT.

La tercera parte implicada, la de la patronal, dejó clara su postura mediante unas declaraciones hechas este 7 de septiembre por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, donde dejaba claro que, por su parte, no apoyarían ninguna subida en este momento.

"No es bueno, no es el momento de subir el SMI, aunque el Gobierno tiene la facultad de hacerlo sin necesitar el consenso", dijo el dirigente empresarial en declaraciones a Radio Intereconomía, en la manifestación más nítida de su postura desde la reunión del 6 de septiembre.

Animó, sin embargo, Garamendi a centrar los esfuerzos en ampliar la cobertura de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la medida que permitió mantener el pago de los salarios a las empresas afectadas por los cierres de la pandemia, en un claro mensaje que indica que, a su juicio las empresas están aún ocupadas en salir de la crisis y no es momento para aumentos de salario.

Una posición similar manifiesta Ernesto Poveda, presidente de la consultora ICSA, que realiza numerosos estudios sobre salarios en España y otros países europeos. En declaraciones a la agencia Sputnik, considera que "ese incremento afectará a la competitividad de la pequeña y mediana empresa".

Otra de las consecuencias que augura este economista es que "aumentará la temporalidad y reducirá el número de horas de los contratos" de los trabajadores menos cualificados.

Además, Poveda también descarta una subida lineal en todo el país, dadas las diferencias del coste de la vida entre territorios, "algo que no se da de una manera tan significativa en otros países europeos", explica.

El indicador del SMI marca los salarios de alrededor de un millón y medio de trabajadores en el país, alrededor del 10% de los asalariados, normalmente los de menor cualificación o que trabajan en empresas más pequeñas, que no tienen convenio propio que fije su política retributiva.

En enero de 2019, el primer Gobierno de Pedro Sánchez subió un 22% este indicador, su mayor subida histórica, desde los 736 euros de 2018, hasta los 900 euros.

En el horizonte, el actual Gobierno, quiere que esta paga alcance un 60% del salario medio del país, tal y como se comprometieron los dos partidos del Gobierno de coalición —PSOE y Podemos— en su acuerdo de legislatura, en la línea con la Carta Social Europea.

Actualmente, representa el 49%, muy cerca de la recomendación de la Comisión Europea que sugirió que supusiera un 50% del salario medio en cada país.

Las intenciones del Gobierno se verán mediatizadas además con lo que promete ser el elemento económico protagonista de la segunda parte de la legislatura: los precios de la energía.

El fuerte aumento del recibo de la luz en los últimos meses, algo que a tenor de los expertos perdurará en el tiempo, comienza a hacer sonar ya en el debate público la necesidad de una subida generalizada de precios para que muchas pequeñas y medianas empresas puedan subsistir, un factor que sin duda se colará en las futuras negociaciones salariales.