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La Fiscalía española cree Juan Carlos I cobraba comisiones a nivel internacional

© AP Photo / Andrea ComasEn esta fotografía de archivo del domingo 2 de junio de 2019, el rey emérito de España, Juan Carlos I, saluda durante una corrida de toros en la plaza de toros de Aranjuez, Madrid, España.
En esta fotografía de archivo del domingo 2 de junio de 2019, el rey emérito de España, Juan Carlos I, saluda durante una corrida de toros en la plaza de toros de Aranjuez, Madrid, España. - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2021
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El Ministerio Público acusa al rey emérito de cuatro posibles delitos: blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencia.
Juan Carlos I, rey emérito de España, sigue recibiendo reveses judiciales. Desde que se le abriera una causa en Suiza por un presunto cobro de capitales, no ha dejado de ser objeto de investigación. Ni en su retiro dorado de Abu Dabi, donde se marchó hace poco más de un año, se libra de las noticias con su nombre. En esta ocasión ha sido la Fiscalía del Tribunal Supremo quien se ha pronunciado sobre sus actividades fiscales, sosteniendo que el monarca construyó su fortuna mediante “cobro de comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”.
Según ha adelantado el diario El Mundo, que ha tenido acceso a la comisión rogatoria del Ministerio Público español, el rey emérito podría haber cometido al menos cuatro delitos: "blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias". El equipo encargado de la investigación —liderado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón— ve "elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación" tienen una procedencia ilícita.
Así, el organismo solicitó a Suiza la información de las cuentas que el rey emérito tenía allí y las operaciones entre 2016 y 2019. Supuestamente, operaba en el país alpino a través de la Fundación Zagatka, a nombre de su primo lejano Álvaro de Orleans. Según indagaciones de la Fiscalía, que inició las diligencias de la investigación cuando el monarca estaba aforado, Juan Carlos I procedía a través de esta plataforma a "hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos".
Con esta premisa, el Ministerio Público quiere determinar de dónde procede el dinero no declarado a Hacienda y la función de Juan Carlos I en las operaciones con dichos fondos. Tal y como detalla el rotativo español, la Unidad de Inteligencia Financiera (Sepblac) ya había alertado de que un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, enviaba dinero a un coronel del ejército, ayudante del rey emérito, y luego se transfería a "cuentas de la titularidad de miembros de la Familia Real o personas vinculadas a ellos".
"Por otro lado", continúa la comisión rogatoria remitida a Suiza, "también han llegado informaciones referidas a que dichos fondos, con los que se han sufragado diversos gastos, regalos y viajes privados de Don Juan Carlos de Borbón desde el año 2017 al 2018, pueden provenir de la Fundación Zagatka, constituida en octubre de 2003 en Vaduz (Liechtenstein)".
Incluye en Tribunal Supremo alusiones a la Casa Real. Según señala, basándose en declaraciones de Álvaro de Orleans, entre los beneficiarios se encuentran sus hijas Elena y Cristina y el actual rey, Felipe VI. Aunque deja constar que los tres han dejado de ser beneficiarios de la Fundación después de una modificación legal de 2018.
"Refuerza lo expresado", agregan, "el hecho de que el 9 de diciembre de 2020, S. M. el Rey Don Juan Carlos presentó una declaración por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ante la Hacienda pública española por cantidad muy superior a 300.000 euros". En realidad, el monarca regularizó casi cuatro millones de euros por ejercicios fiscales ocultos desde 2016.
Todas estas afirmaciones se han enviado a Suiza, donde el rey emérito tiene otro proceso abierto por presunto cobro ilícito de comisiones. Yves Bertossa, fiscal del cantón de Ginebra, investiga la gestión de la fortuna del rey emérito a través de Dante Canónica y Arturo Fassana, sus fiduciarios. La causa se inició a raíz de una donación de un jeque árabe a Juan Carlos I y su posterior envío a Corinna Larsen. Después, el juez encontró vuelos y otras actividades pagadas por la Fundación Zagatka. Y mientras, en España se abrían diligencias por cobro de comisiones en la construcción del AVE de Madrid a La Meca y la posesión de fondos en paraísos fiscales.
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