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Cuando ni es 'okupa' ni ha echado a la propietaria: el bulo en España contra una inquilina marroquí

© Europa Press / Jorge Gil Un agente vigila un edificio 'okupado' en la ciudad española de Valencia (referencial)
Un agente vigila un edificio 'okupado' en la ciudad española de Valencia (referencial)  - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2021
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La historia de una joven que subarrendaba un piso en el centro de Madrid se convierte en una campaña de desprestigio por parte de una famosa empresa que expulsa a gente de casas. El relato tergiversado ha provocado amenazas y comentarios racistas a la chica, de 26 años.
Conjugar "okupa" y "extranjera" en la misma frase puede causar un terremoto social. En esas dos palabras se encuentra parte de la indignación en un sector de la ciudadanía española. El problema de la apropiación ilegal de viviendas y de la inmigración delictiva son dos asuntos que en los últimos años, alentados por formaciones extremistas de nuevo cuño, han sido pasto de debates, incluso si las cifras no sintonizan en volumen con ese ruido mediático.
Ha habido ejemplos de distintos tipos con tal de alarmar a la población. Desde el drama de una mujer que se bajó a hacer la compra y se le metieron unos inesperados moradores hasta la del menor de edad ilegal que cuesta mucho más que la pensión de una abuela española. Pero en la historia reciente que acaba de copar algunos espacios televisivos se han dilucidado los entresijos y la conclusión es clara: la historia de una joven marroquí que supuestamente era cuidadora de una anciana y había terminado okupando su casa del centro de Madrid es mentira.
Ni la presunta okupa es okupa ni la anciana es propietaria. A pesar de que hayan relumbrado titulares donde se enfatizaba la injusticia o el desamparo legal. Y aunque la conocida empresa Desokupa, que expulsa a inquilinos ilegales, haya difundido este bulo a bombo y platillo desde sus redes. Daniel Esteve, propietario de la compañía, lleva días sosteniendo la versión errónea en vídeos y comparecencias públicas, a pesar de conocer su falsedad. La Policía ha asegurado que lo que cuentan no se ajusta a la realidad y que ellos lo saben. Sí que hay una señora mayor, de 89 años, y una chica marroquí de 26. Pero lo demás, nada.
Tal y como ha detallado el diario El País, la supuesta cuidadora de una anciana que ha terminado expulsándola y se ha quedado con la casa no es más que una adulteración total del relato. La cruel cuidadora no es más que una estudiante marroquí de 26 años que subarrendaba una habitación y la señora que se quedó sin techo es una inquilina que alquilaba ilegalmente una estancia y que ahora, por motivos de salud, se ha mudado a la casa de su hermano. Sin embargo, basta una simplificación sin contrastar para que la turba combustione y la joven sufra amenazas de muerte, comentarios racistas o escraches continuados.
Vayamos punto por punto. Hablamos de un apartamento a unos pasos de la Plaza Mayor de Madrid. En una de esas bajadas entre soportales con tiendas de golosinas y carteles exponiendo bocadillos de calamares. Allí vive Carmen Franquelo, de 89 años, desde 1946. Paga 121,5 euros por un contrato de alquiler en régimen de renta antigua, es decir, con precios mucho menores y con subidas solo acordes a la inflación. La propietaria verdadera es una mujer de Bilbao que no reside allí, solo recibe el pago de la renta mensualmente.
En 2017 llega una joven marroquí a la ciudad. Va a estudiar Filología Hispánica en un programa conjunto de la Universidad Complutense de Madrid y la Sorbona de París. Le alquila una habitación a Carmen por 400 euros. Ya habían pasado por ahí otros estudiantes extranjeros, según afirma su abogado. Carmen Ronquera se muda en 2019 a casa de su hermano, Teodoro, cerca de esta vivienda.
Y a principios de 2021, la dueña ve una carta en el buzón a nombre de la inquilina marroquí. Debido a la ilegalidad de la práctica, pues está prohibido subarrendar el inmueble, le envía el 15 de abril un burofax solicitando la rescisión de contrato, a menos que demuestre que allí no hay nadie. Carmen contesta poco después negando que haya nadie en el piso. Esgrime que allí solo entra su familia, según ha confirmado El País.
Ante la amenaza, dicha familia le dice a la chica que tiene 30 días para irse. Al ver que no encuentra otro lugar y con el miedo a que descubrieran el engaño, llegan hasta a amenazarla con llamar a extranjería, incluso si ella tiene los papeles en regla. Un día, el 10 de agosto, se acumulan tres días de riña y acude la Policía, que ve cómo la chica tiene un contrato de arrendamiento y que puede quedarse.
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La familia entonces urde la farsa. La nieta de Carmen, Mar Martín, llama a una televisión y da con la empresa Desokupa, conocida por forzar desalojos. Orquestan el relato de la inmigrante cuidadora que echa a una anciana de un piso en Madrid. Y lo alimentan con mensajes, apariciones en medios de comunicación y escraches frente al piso. Las redes sociales arden y Daniel Esteve sigue echando leña. Llega a acudir al piso y tratar de expulsar a la joven. "Abogado de la propiedad. Abres o te vas a meter en un lío porque de aquí nos vamos al juzgado a pedir tu detención inmediata", vocifera.
Ella no le abrió y llamó a la Policía, que le cuenta la versión correcta al fundador de Desokupa. Aun así, él sigue: le manda mensajes por el móvil intimidándola, cuelga fotos suyas en sus plataformas robadas del perfil privado de Instagram. El 31 de agosto continúa el machaque: convoca una concentración al día siguiente, con la dirección, el número y la etiqueta Los abuelos no se tocan.
Van unos cuantos seguidores y la familia de Carmen, que recibe gritos de apoyo. En mitad de la protesta, un cartero les quiere entregar otro burofax de la propietaria, pero se niega. No les conviene aceptar su falacia. Daniel Esteve y sus compañeros de Desokupa también van, según confirma un asistente a Sputnik, pero no se ponen en primera línea. Simplemente les interesa nutrir su historia, que encima tiene dos ingredientes jugosos para la opinión pública: extranjera y okupación.
Gracias a este temor, existente pero con matices no aclarados por la compañía, Esteve facturó 1,7 millones de euros en 2019, según revela El País. Además, cuenta con miles de seguidores en redes sociales. Alaban su negocio, que a veces ejecuta desalojos de fondos buitre o corporaciones bancarias y otras de particulares. Esteve suele teatralizar estos caso, donde la supuesta víctima es alguien cercano, reconocible, y los delincuentes son personas vulnerables, que no saben cómo defenderse de los ataques. Incluso si todo es una mentira. "Yo doy mi versión de los hechos y la gente es suficientemente inteligente para hacer o deshacer", defiende el responsable de Desokupa.
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