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Estas son las contradicciones en el Gobierno mexicano que frenan nueva Ley de Aguas

© Sputnik / Magda Gibelli / Abrir banco de fotosLa gente llena los envases plásticos con agua en Petare, Caracas
La gente llena los envases plásticos con agua en Petare, Caracas - Sputnik Mundo, 1920, 02.09.2021
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Un político de alto perfil del partido Morena explicó a Sputnik cómo Las contradicciones provocadas por la alianza amplia que conforma la Cuarta Transformación de México dilatan uno de los cambios importantes en el país: la nueva Ley de Aguas fue uno de ellos, relató a Sputnik el político de alto perfil del partido Morena Diego Del Bosque.
Aunque el exdiputado Diego Del Bosque no consiguió los votos suficientes para renovar su curul en la Cámara de San Lázaro, el morenista jugó un papel importante en algunos temas claves durante la 64 Legislatura, cargo que ocupó desde agosto de 2018 hasta el mismo mes de este 2021.
Uno de estos temas que quedó pendiente para su tratamiento en la 65 Legislatura que acaba de comenzar este 1 de septiembre de 2021, es la aprobación del borrador de una nueva Ley General de Aguas, que sustituya la actual Ley Nacional aprobada en el año 1994, que ha sido duramente criticada por permitir una explotación rapaz y privatizadora del recurso finito.
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"Pienso que hay condiciones como nunca para aprobar una nueva Ley General de Aguas, porque cualquier escenario que se consiga va a ser mucho mejor que la actual Ley Nacional", dijo en diálogo con Sputnik, desde Coahuila, el exdiputado oficialista Diego Del Bosque.
Del Bosque señaló que existe un documento técnico de amplio consenso, que fusionó las cuatro propuestas que el Legislativo Federal tuvo a su estudio (una de la coalición civil Agua para todos, otra del Partido del Trabajo y dos proyectos de Morena). Fue elaborado por un equipo con profesionales de la plantilla de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de la Secretaría de Medio Ambiente y recursos naturales (Semarnat) así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
"Este documento tiene una solidez técnica muy fuerte, que cuida mucho no entrar en contradicciones con la Constitución ni con otras leyes del ordenamiento jurídico nacional. Creo que puede servir para que la nueva Legislatura lo estudie y apruebe en el inicio del período de sesiones", apuntó.

Falta de voluntad

Aunque existe un mandato constitucional desde el año 2012 que obliga a cambiar la vieja Ley Nacional de Aguas de 1996, el Legislativo Federal mexicano "sigue omiso", según palabras de Del Bosque.
"No se han generado las condiciones ni se han puesto de acuerdo, en fin, no ha habido voluntad política para que se impulse una ley nueva", agregó.
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Hay dos puntos centrales que han sido ampliamente criticados de la Ley Nacional de Aguas vieja:
1.
Que en el plazo de su vigencia se han entregado más de 500.000 concesiones de agua a empresas privadas y a empresarios particulares para todo tipo de actividades.
2.
Que avala la contaminación, mediante un modelo que establece que "el que contamina paga", sin que haya ninguna restricción para evitar que suceda.
"A las empresas les es más redituable seguir con sus actividades sin problemas y a cambio pagar sumas irrisorias por contaminar los cuerpos de agua del país", apuntó Del Bosque.
Según explicó la fuente, ambos puntos estaban contemplados dentro del dictamen técnico para una nueva ley general que tenía amplio acuerdo en la sociedad civil, Gobierno y el propio Legislativo, entonces, ¿qué falló?
"No hay consenso en el Gobierno Federal, no se han puesto de acuerdo los diversos actores. Hay muchos intereses contradictorios dentro del Gobierno de la Cuarta Transformación, porque a pesar de tener un Gobierno progresista y de izquierda, en 2018 se ganó la parte del poder que se pone a disputa, pero otros poderes por los que nadie votó, pero que ahí están y tienen peso", analizó el político del ala izquierda mexicana.
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Al consultársele cómo estos poderes habían ejercido presión en este tema, y particularmente para evitar que se aprobase una nueva Ley de Aguas, explicó que no se vivieron presiones de lobby — grupos de cabildeo— como en los casos de las leyes para modificar el régimen de semillas, que también estuvo en discusión durante la 64 Legislatura que acaba de terminar.

"Existe un poder real de las grandes empresas trasnacionales que tienen el dinero y los negocios, que hicieron a su medida este régimen neoliberal y los marcos legales", apuntó el exlegislador mexicano.

Para su análisis, el punto desequilibrante en que la nueva ley no haya sido aprobada en la 64 Legislatura fue que el Poder Ejecutivo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no respaldó las acciones en ese sentido.
"Claramente hay una actitud del Ejecutivo de actuar con cautela porque se podrían tocar intereses importantes y generar reacciones a las que, tal vez, no se quiera entrar ahorita en esas contradicciones", explicó.

Modelo de contradicción

Mucho se ha señalado ya la coincidencia entre el año de aprobación de la vieja Ley Nacional de aguas y la Ley minera, actividad paradigmática de la explotación extractiva. Lo interesante es notar la gravitación que tiene el agua para la "rentabilidad" de los negocios trasnacionales: tanto la minería, como las refresqueras y cerveceras tienen sus actividades productivas fundadas en el uso y abuso del agua potable.
Del Bosque señaló que el Ejecutivo mexicano también ha frenado algunos intentos de discusión de la Ley minera en el Legislativo, contra la cual se ha lanzado una campaña que busca el retiro de su consideración como actividad esencial en México.
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"Cada vez que se intentaba hacer una mínima reforma en el Legislativo a la Ley minera, desde el Ejecutivo nos pedían más tiempo porque, de alguna manera, son actores que tienen manera de hacer ruido en los medios de comunicación e influir en el debate público, a pesar de ser extranjeras", explicó el político en diálogo con este medio.
"Lo que estamos viendo ahora desde el Ejecutivo es, tal vez, una estrategia para decidir cuándo se van a dar esos pasos y cuándo se va a mantener la prudencia", agregó.
Para el político, el hecho de haber tenido que conformar una alianza con amplios sectores de la sociedad para acceder al poder del Gobierno Federal, constituye un freno a algunos temas, debido que se incluyen en su seno distintas versiones de cómo manejar temas importantes, como la gestión del agua en este caso.

"Pocos temas como el agua van a generar estas contradicciones dentro de la Cuarta Transformación. Por un lado, quienes buscamos que se garantice el derecho al agua para todos que está plasmado en la Constitución y por otro, quienes por su condición de clase ven más importante dar certidumbre a la inversión privada, con concesiones de entre 30 y 60 años de explotación", dijo Del Bosque.

El político señaló que las mismas contradicciones se evidenciaron en la 64 Legislatura que le tocó integrar en torno a la discusión de las Ley de protección del maíz nativo, y la Ley de variedades vegetales, que abría la puerta a las empresas trasnacionales para patentar como propios los recursos genéticos de las plantas domesticadas por los pueblos prehispánicos de Mesoamérica durante generaciones.
"En estos puntos, ayudó mucho el papel del exsecretario de Medio Ambiente Víctor Manuel Toledo, quien al parecer fue capaz de convencer al propio Andrés Manuel López Obrador de que no convenía esa ley", sostuvo Del Bosque.
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Sin embargo, el político no pierde la fe que se está frente a un momento inédito para aprobar un cambio en una Ley mayor en el sostén del régimen de explotación de los bienes comunitarios de México, ensayado durante tres décadas de régimen neoliberal.
"Sabemos que hay actores en la 65 Legislatura que van a impulsar que la nueva Ley General de Aguas sí se apruebe, porque la verdad es que nos quedamos muy cerca", concluyó.
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