Un récord tras otro: el precio de la luz en España sigue disparado

Un hombre de 54 años fue detenido en la ciudad de Vigo tras lanzar piedras contra el cristal de una oficina de la empresa Naturgy, proveedora de servicios de gas y electricidad. Según informaron fuentes policiales, el hombre dijo que "no había sido capaz de contenerse" porque le había llegado una factura de la luz muy abultada.

Se trata de un suceso aislado, pero que sirve para reflejar el creciente malestar social por el encarecimiento de la luz en España. Agosto finalizó como el mes con la factura de la luz más cara de la historia: 93,10 euros para el usuario medio, según un análisis realizado por la organización de consumidores FACUA. El recibo de agosto fue un 46% más caro que hace un año, cuando el coste medio se situó en los 63,77 euros.

Escalada sin freno

Por el momento nada apunta a que septiembre vaya a dar un respiro. Más bien todo lo contrario: el 2 de septiembre el coste de la electricidad en el mercado mayorista volverá a situarse en cotas récord. Se trata del cuarto día consecutivo con precios récord.

Según datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), el 2 de septiembre el megavatio-hora (MWh) costará 140,23 euros de media. Comparados con los registros de hace un mes, cuando el MWh estaba a 101 euros, la electricidad será un 38% más cara. En relación a hace un año, cuando el coste era de 46,16 euros, el MWh está un 67% más caro.

El aumento de los precios es fruto de una serie de factores como el contexto internacional —los precios se encuentran disparados por el encarecimiento del gas y los derechos de emisión de C02— la decisión del Gobierno de introducir un nuevo modelo de factura por tramos horarios o la propia configuración del sistema marginalista, que en ocasiones lleva a pagar energías baratas (como eólica o fotovoltaica) a precios de otras más caras (gas o hidráulica).

Del mismo modo, los picos de calor hicieron que las promovedoras aumentaran su previsión sobre la demanda de electricidad, aunque la realidad es que el consumo se redujo por el temor a los precios.

"La realidad es que este agosto de 2021 se ha caracterizado por un consumo eléctrico muy inferior al de años anteriores: un 3,4% menos que el año pasado", alerta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en un reciente informe.

Eso no evita que el encarecimiento de la luz empiece a hacer mella en el bolsillo de los ciudadanos. En España, el precio mayorista de la luz tiene un peso de entorno al 24% del coste en la factura de los 10 millones de hogares a acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

Un número todavía mayor —17 millones de hogares— contratan su suministro en el mercado libre, en el que los precios se pactan por contrato con las comercializadoras, quedando al margen del sistema de subastas diarias del mercado mayorista. Sin embargo, esto no implica que la subida no les afecte, ya que en su mayoría estos hogares también tienen precios oscilantes que también se ven afectados por los vaivenes.

Además, el encarecimiento de la electricidad tiene un impacto más allá del hogar. Aupado por el coste de la luz, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió hasta el 3,3% en anual agosto, situándose en su tasa más alta en nueve años.

Numerosos sectores ya alertan de que la espiral alcista pone en peligro la recuperación económica. Un ejemplo es el sector cárnico, cuya principal asociación empresarial pidió medidas urgentes recordando que su actividad es "muy dependiente del consumo eléctrico para mantener un producto de excelente calidad" por el uso de cámaras frigoríficas.

Los señalados

Este escenario deja dos grandes señalados: las compañías eléctricas por su actuación y el Gobierno por no ponerle freno.

Según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), algunas compañías —no especifica cuáles— aprovecharon el reciente cambio en el modelo de factura para cobrar hasta un 30% más de lo debido a sus usuarios.

En adición, las últimas semanas se conoció que la empresa Iberdrola utilizó la subida de precios para acelerar la producción de energía hidráulica —una de las más caras dentro del mix— dejando prácticamente secos en pocas semanas embalses de Cáceres y Zamora.

Por todo ello, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribero —del PSOE—, reprochó el 31 de agosto a las empresas su falta de "empatía social".

El reproche tardó poco en volverse en su contra, ya que lo lanzó el mismo día en que volvió a negarse a impulsar medidas para intervenir los precios, lo que generó un aluvión de críticas en su contra. Hasta ahora, el Gobierno se limitó a tomar medidas como rebajar del 21 al 10% el impuesto sobre el suministro eléctrico.

Sin embargo, el ala socialista del Gobierno no tiene en su agenda limitar los precios de la energía nuclear e hidráulica —muchos casos las encargadas del encarecimiento del "pool" eléctrico—, tal y como les piden sus socios de Unidas Podemos, que incluso han llamado a los ciudadanos movilizarse en las calles para forzar al PSOE a intervenir los precios.

Según Teresa Ribero, la propuesta tiene un difícil encaje dentro del reglamento de la UE sobre el mercado interior de la electricidad, donde se establece que "los precios se formarán libremente a través de la interacción de la oferta y la demanda".

La tensión entre los socios del Gobierno es palpable. Tanto que incluso el antiguo vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias —líder de UP hasta mayo—, decidió romper su silencio sobre asuntos de actualidad para inmiscuirse en el debate, aumentando la presión sobre los socialistas.

"No hay mayor lealtad al Gobierno que exigir que se cumpla el acuerdo de Gobierno", dijo Iglesias en un tuit en el que cita un texto periodístico donde se recuerda que el acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y UP fijó como objetivo "bajar la factura de la luz haciendo los cambios normativos necesarios para acabar con la sobrerretribución".

Este mismo 1 de septiembre el presidente Sánchez admitió que la escalada de precios genera "una situación compleja", pero volvió a descartar una intervención porque su intención es "continuar actuando siempre dentro del marco regulatorio europeo". Tras un agosto de récord, septiembre empieza con precios disparados y sin que el Gobierno parezca capaz de ponerse de acuerdo acerca de cómo solucionarlo.