Representantes de víctimas de masacres en Bolivia protestan contra expresidenta Áñez

LA PAZ (Sputnik) — Representantes de las víctimas de las masacres cometidas en 2019 y por las que se acusa a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, anunciaron marchas y otras medidas de presión en demanda de que la justicia la mantenga en prisión preventiva.

"Hemos visto que la señora Jeanine Áñez está usando sus artimañas, en complicidad con varios cómplices del golpe de Estado y las masacres de Senkata y Sacaba, que hoy están luchando a capa y espada para que pueda salir y fugarse del país", declaró el representante de las víctimas, Ismael Marquina.

El activista, que hizo la declaración a la radio estatal Patria Nueva, dijo que llegó a La Paz a la cabeza de una delegación de la llamada "Asociación de víctimas, heridos, procesados y perseguidos en la Defensa de la Democracia", organizada por sobrevivientes y familiares de fallecidos.

Las masacres, como las tipificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ocurrieron en los primeros días del gobierno transitorio de Áñez (2019-2020), cuando tropas militares y policiales movilizadas por la gobernante reprimieron a bala manifestaciones de rechazo al golpe y de apoyo al depuesto presidente Evo Morales (2006-2019), dejando una veintena de muertos.

Al margen de juicios de responsabilidades en trámite por delitos de genocidio y otros, Áñez está en detención preventiva, bajo proceso penal ordinario, acusada de haber tomado el poder mediante un golpe de Estado.

Varias solicitudes de la expresidenta de que se anule el proceso por el que está detenida han sido rechazadas por la justicia y la defensa legal de Áñez ha anunciado que seguirá buscando el cambio de su detención preventiva por un arresto domiciliario.

"Hoy iniciamos una segunda lucha, (…) nosotros venimos a exigir nuestros derechos y justicia por las muertes, por los hermanos heridos y por los presos que injustamente han sido procesados, encarcelados y perseguidos" por el gobierno de Áñez, afirmó Marquina.

Áñez está detenida desde marzo y su aparente debilitamiento físico y su supuesto intento de suicidio cometido hace diez días han llevado a sus allegados y exaliados políticos, incluso obispos católicos, a reclamar por el respeto a los derechos básicos de la exgobernante.