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Mil días de bloqueo: la polarización impide a España renovar su Poder Judicial

© Foto : Pixabay/AJELJusticia (imagen referencial)
Justicia (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2021
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MADRID (Sputnik) — La polarización política es desde hace años un lastre para el normal funcionamiento de las instituciones en España. El ejemplo más claro de está en la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cumple 1.000 días en interinidad.
El mandato del órgano encargado de gobernar administración de Justicia caducó el 4 de diciembre de 2018, pero la falta de entendimiento entre partidos impide renovarlo.
Para ello hace falta poner de acuerdo a tres quintas partes del Parlamento. Los partidos que conforman el Gobierno de España —el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los izquierdistas de Unidas Podemos (UP)— ni siquiera suman mayoría absoluta por si solos, por lo que necesitan el apoyo del grupo mayoritario de la oposición —el conservador Partido Popular (PP)— para renovar el CGPJ.

"Secuestro de la constitución"

Este 30 de agosto los socialistas dieron el pistoletazo de salida al curso político aumentando la presión sobre los conservadores, a los que invitaron de forma insistente a buscar una solución. En declaraciones a la prensa, la ministra de Justicia, Pilar Llop (PSOE), apeló al "sentido de Estado" del PP para "sentarse a negociar" la renovación del CGPJ sin "imponer ningún chantaje".
"Se cumplen 1.000 días de bloqueo de la renovación del CGPJ o lo que es lo mismo: 1.000 días del secuestro de la Constitución", dijo en un tono más severo Eva Granados, portavoz del PSOE.
Sin embargo, la respuesta de los conservadores no abre las puertas a la esperanza. Desde el Partido Popular insisten en que no negociarán una renovación del Poder Judicial mientras Unidas Podemos —a quien acusa de querer controlar la justicia— forme parte del proceso de discusión.
"Pedimos al Gobierno que no se eche en manos de aquellos que quieren controlar la justicia, sino que deje avanzar a nuestro país hacia una justicia verdaderamente independiente", dijo este lunes Teodoro García Egea, número dos del Partido Popular.
La propuesta de los conservadores es reformar el sistema para que sean los propios jueces quienes elijan a los componentes del CGPJ, una opción que el Partido Popular nunca puso sobre la mesa cuando tuvo responsabilidades de Gobierno. "Hay que avanzar hacia la elección directa de los vocales por parte de los jueces y ese avance tiene que reflejarse antes de renovar", insistió García Egea.

¿Qué se juega en el CGPJ?

El CGPJ está compuesto por 20 vocales, de los que 12 son jueces en activo elegidos por Congreso y Senado entre una lista propuesta por asociaciones judiciales, mientras que los ocho restantes son juristas de prestigio propuestos por los partidos políticos. Si las personas propuestas reúnen el apoyo de las tres quintas partes del Congreso, el órgano se renueva para un periodo de cinco años.
Justicia (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2020
Internacional
¿Peligra en España la independencia judicial?
Los vocales actuales del CGPJ fueron elegidos en 2013, cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta y su antiguo líder, Mariano Rajoy era presidente del Gobierno. Es decir, el actual CGPJ —cuyo mandato caducó hace más de tres años— es el reflejo de una mayoría conservadora que ya no existe. Pese a ello, el órgano sigue actuando prácticamente sin cortapisas.
De hecho, a lo largo de su mandato el actual CGPJ ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por favorecer el nombramiento de jueces conservadores. El caso más destacado es el de la magistrada Concepción Espejel. En 2015, la Fiscalía Anticorrupción consideró probada la relación de Espejel con el Partido Popular y vetó su participación en juicios de la trama Gürtel (el entramado de corrupción en torno a la formación conservadora que acabó propiciando la caída de Mariano Rajoy).
Dos años después, Espejel fue nombrada por el CGPJ para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, desde donde ha participado en algunos de los casos más polémicos de la última década, como las condenas a los raperos Pablo Hasel y Valtonyc —ambos de izquierdas— por supuesto enaltecimiento del terrorismo.
Casos como el de Espejel reflejan hasta qué punto la batalla por el CGPJ va más allá de un simple cambio de sillas en el órgano, sobre todo si se tiene en cuenta que España tiene abiertos procesos judiciales de un importante calado político, entre los que destacan las diligencias incoadas por el Tribunal Supremo acerca de las presuntas actividades ilícitas del Rey emérito Juan Carlos I o la investigación de la Audiencia Nacional sobre operaciones parapoliciales durante el mandato de Rajoy.
La importancia de la composición del CGPJ también puede notarse en el hecho de que en los últimos tres años hubo amagos de llegar a un acuerdo entre partidos para renovar el órgano, pero éstos saltaron por los aires por vetos cruzados a sus componentes o por indiscreciones políticas.
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El caso más ilustrativo se produjo en 2018, cuando un pacto que ya estaba cerrado se fue al traste después salieran a la luz mensajes de Whatsapp donde el entonces portavoz del PP en el Senado —y antiguo director de la Policía Nacional— Juan Cosidó, se jactaba de que los conservadores iban a controlar "desde detrás" la Sala Segunda del Supremo, encargada de juzgar casos de corrupción.
En sus intentos por presionar el PP, en 2020 el PSOE llegó a registrar en el Congreso una proposición de ley para rebajar los requisitos para la reforma del CGPJ haciendo que en lugar de tres quintos del Parlamento solo se necesite mayoría absoluta. Sin embargo, tanto el Consejo de Europa como la Comisión Europea se posicionaron en contra, asegurando que podía minar la independencia judicial.
Ahora, tras las vacaciones de verano, el nuevo curso político se inicia en España como el anterior: con la cuestión del CGPJ enquistada.
Ante esta situación, organizaciones como Jueces y Juezas por la Democracia —una de las mayoritarias en la carrera judicial— han llegado a pedir al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que dimita para forzar un acuerdo. El próximo 6 de septiembre Lesmes presidirá el acto oficial de apertura del curso judicial. Su discurso servirá para calibrar una posible respuesta desde el CGPJ ante el bloqueo.
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