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El caso de Nazario Garibay: señala a nueve marinos mexicanos por crímenes graves y nada les pasa

© AFP 2023 / Pedro PardoMiembros de la Marina de México (imagen referencial)
Miembros de la Marina de México (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2021
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Por primera vez tras casi cuatro años de los hechos juzgados, un conjunto de integrantes de la Marina Armada de México está vinculado a un proceso penal. Sin embargo, éste no contempla ni la mitad de lo denunciado por las víctimas que sufrieron la violencia.
Al mediodía de este jueves 26 de agosto de 2021, nueve militares en actividad en la Marina Armada de México fueron obligados a presentarse en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Colima como imputados de haber cometido "delitos contra la administración de justicia"
La acusación refiere a su ingreso por la fuerza a un domicilio sin tener órdenes judiciales de allanamiento o cateo para entrar, cerca de las once de la noche del 11 de noviembre de 2017, al inmueble donde funcionaba un negocio de autolavado de automóviles llamado 'El Güero'. Se ubica sobre el boulevard Miguel de la Madrid, conocida como la "zona dorada" de la ciudad de Manzanillo, estado de Colima.
Manzanillo es el principal puerto de la costa del Pacífico mexicano, por dónde entra buena parte de la mercadería proveniente de puerto a puerto desde China.
En su conferencia de prensa del 17 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la entrega de la gestión del puerto de Manzanillo a la Secretaría de Marina Armada de México.
"El único delito que se les está imputando a los marinos es contra la administración de justicia por el ingreso sin orden al domicilio, pero no se está teniendo en cuenta todo lo que hicieron allí contra mi familia", denunció en entrevista con Sputnik Nazario Garibay.
Ese día, sufrió la primera de una serie de violaciones graves a derechos humanos que incluyó la detención arbitraria, la tortura y el asesinato de sus dos sus familiaresun mes más tarde, así como la pérdida de sus bienes materiales y su patrimonio.
Perseguido y desplazado, tras más de un año de haberse mantenido oculto por temor a ser asesinado, Garibay solicitó atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dónde presentó una denuncia de lo sucedido y solicitó medidas cautelares de protección para él y su hija menor de edad. Acudió a la Fiscalía General de Justicia de la República y ante el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando visitó Colima en 2021.

Los ataques

Garibay abrió el servicio de autolavado veinte años atrás, en el comienzo del milenio y le puso de nombre a su negocio 'El Güero', como el apodo que suelen llamarle, que en México designa a la gente de piel blanca. Allí creó un método de lavado rápido que le valió una buena fama y clientes que incluían a los integrantes del gobierno local.
"Después que nos empezó a ir muy bien en el negocio, empezaron a molestarnos los elementos de la Marina y de la Policía estatal, a partir del año 2016, 2017, 2018 en adelante", refirió la fuente agraviada.
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En esa seguidilla de molestias, se produjo el ingreso de los uniformados de ambas corporaciones, la Marina dependiente del Gobierno Federal y la Policía del estado de Colima, cuando en el negocio estaban únicamente su sobrino y un empleado. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del local.
"El 11 de noviembre de 2017, entraron y privaron de la libertad a mi sobrino que era licenciado en relaciones internacionales y a otro trabajador, sin orden de cateo, a las once de la noche, buscándome a mí. Se los llevaron y los tuvieron retenidos más de una hora, los amenazaron que los iban a desaparecer y a asesinar hasta que una patrulla los descubrió en un descampado", explicó la fuente.
Los jóvenes relataron que los uniformados les advirtieron que "iban a regresar" y así lo hicieron: el 28 de noviembre, 15 días más tarde, ahora sí con una orden de cateo, liberada por un juzgado del tercer partido judicial de Manzanillo, emitida a nombre de dos personas que no existen, como pudieron confirmar horas más tarde.
"Entraron como terroristas, torturaron a mis familiares, allí se encontraba toda la familia hasta menores de edad, y dieron la orden que todos fueran arrestados", explicó la fuente.
Cuando los detenidos fueron presentados ante la jueza de control, la entonces jueza de distrito Josefina Pérez Romo, ésta mandató su liberación al no haber ningún elemento o prueba que los vinculara con delito alguno.
Cabe señalar que Pérez Romo fue sustituida en el cargo por Uriel Villegas Ortiz, quien fue asesinado en junio de 2020, causando conmoción en México. Villegas fue uno de los tres jueces muertos violentamente en el país desde el año 2006, momento que pautó el lanzamiento de la estrategia frontal de combate al crimen organizado, conocida como "La guerra al narcotráfico", que disparó la violencia en el país.
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Entre los personajes políticos que Garibay denuncia públicamente vinculado a estos hechos sufridos por él y su familia, aparece Margarito Martín Saldaña Ramírez, quien fue desplazado de la coordinación de la aduana de Manzanillo en 2020 bajo la sombra de la corrupción, habiendo sido señalado directamente por el presidente López Obrador de tener "muy malos reportes" sobre su actuación.
En el caso de marras, Garibay denunció que Saldaña Ramírez le cobró 150.000 pesos mexicanos (7500 dólares) por liberar dos vehículos que las fuerzas de seguridad se llevaron del autolavado, así como devolverles el negocio que había sido clausurado para permitirles volver a trabajar, tras la detención ilegal y masiva sufrida el 28 de noviembre de 2017.

El crimen

La pesadilla fue en aumento y alcanzó su punto culmine pasada la una de tarde del miércoles 20 de diciembre de 2017. La familia había vuelto a trabajar al autolavado pese a que les había sido devuelto completamente saqueado.
"Mi sobrino me decía que ya no nos iban a dejar en paz, contó que lo habían amenazado de muerte porque había presentado una queja ante derechos humanos tras la primera detención sufrida", explicó la fuente a este medio.
A pesar del temor, volvieron a la tarea cotidiana y en eso estaban, cuando llegó el tercer ataque que también quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.
"Entraron vestidos de civil, con el pelo corto estilo militar y con armas nueve mm con silenciador, delante de toda la familia y los clientes que se encontraban ahí, en pleno boulevard dónde se encontraba mi negocio. Se fueron directamente con mi sobrino y mi cuñado y los asesinaron a los dos", relató Garibay a Sputnik.

La Justicia

Garibay huyó de Manzanillo con su hija menor de edad y pasó tiempo escondido en distintas zonas rurales de México, hasta que se exilió en Cuba durante algún tiempo. Vendió su casa y su negocio.
"Lo malbaraté", recordó con pesar.
Pero, ¿cómo sexplica él de dónde surgió toda esta violencia desatada contra un empresario local con un único negocio mantenido en familia?
"Lo mismo me preguntaron en la Secretaría de Gobernación: ¿A quién le había pisado la cola para que moviera tanto?, pero yo les dije que no sé, que a menos que le haya lavado mal el carro a una persona o no le lavé un rin, lo que tampoco es motivo para que nos hayan hecho todo este daño", respondió.
Tras la asunción de Andrés López Obrador a la presidencia de México en diciembre de 2018, Garibay decidió regresar al país y comenzó a buscar la manera de acceder a la Justicia y denunció lo sucedido. Acudió, según contó, a todas las dependencias de Gobierno local y federal, así como de protección de los derechos humanos buscando respuestas.
"Hasta ahorita no hay nada, no he encontrado una persona que me diga el motivo por el que ocurrió todo esto, nadie lo sabe. Incluso si el motivo era el robo del lugar, ¿para qué asesinar?", replicó.
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Sin embargo, a comienzos de este año, la Fiscalía General de la República mandó la investigación de los hechos a la Fiscalía General de justicia de Colima, de regreso al fuero común, para que sea atendida en el mismo Manzanillo. Allí fue donde la causa se redujo a un único delito contra nueve marinos: la entrada sin orden al negocio y nada más.
Según los documentos a los que accedió Sputnik, entre los nueve marinos imputados hay tres de ellos en actividad en la sexta región militar de Manzanillo; otro, en la quinta zona naval en Frontera, Tabasco; otros dos fincados en el Cuartel General del Alto Mando, ubicado en Coyoacán en la Ciudad de México y uno más, que revista en la décimo primera zona militar, en Chetumal, Quintana Roo.
"A pesar de estar identificados, no hay un solo detenido. Hay más marinos y también policías estatales que participaron directamente, incluso están identificadas las cuatro personas que mataron a mi sobrino y mi trabajador en el negocio", apuntó.
La audiencia de este jueves 26 buscó que la acusación se amplíe y que la Justicia federal atienda el caso e investigue todo lo sucedido. Ha pedido formalmente ante la Presidencia de la República que le brinde custodia de su seguridad por la Guardia Nacional, así como la intervención de la Subprocuraduría especializada en investigación de la delincuencia organizada (Seido) en el caso.
"La vida de nosotros está en peligro, porque no ha parado la persecución", concluyó.
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