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Crisis forense: más de 52.000 personas fallecidas sin identificar en México

© Foto : Cortesía Ernesto AlvarezBúsqueda de la Comisión local y familiares de los tres trabajadores de Sanborns desaparecidos en el norte de la Ciudad de México
Búsqueda de la Comisión local y familiares de los tres trabajadores de Sanborns desaparecidos en el norte de la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2021
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La profunda crisis forense en México ha cobrado inmensas dimensiones. Según cifras oficiales recogidas por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, hay más de 52.000 personas fallecidas sin identificar. Pero en el informe advierte: "la cifra oficial es un piso mínimo reconocido por el Estado. Estimamos que existen muchas más".
El Movimiento, integrado por 74 colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país, publicó su último informe. Según los datos, los cuerpos sin identificar yacen en:
Fosas comunes en cementerios públicos: 60%.
Instalaciones de los servicios forenses: 7%.
Universidades: 5%.
Centros de resguardo forense: 1%
"Las autoridades no han podido o no han querido informar dónde se encuentra el 22% de las personas fallecidas sin identificar", denuncia el Movimiento. Además, asegura que en las fosas y cementerios los registros son deficientes y existe una alta probabilidad de extravío de cuerpos.

¿Cuáles son las causas de la crisis forense?

Las causas de esta crisis "son diversas y profundas", asegura el Movimiento. Entre ellas está el crecimiento de la violencia en los últimos 15 años —que ha traído consigo el inevitable aumento del trabajo—; principalmente las desapariciones forzadas y por particulares, los homicidios y el ocultamiento de personas fallecidas en fosas clandestinas.
Pero también hay causas inherentes a los servicios forenses:
Personal insuficiente.
Formación inadecuada.
Poco trabajo interdisciplinario.
Bajos sueldos y contratos temporales.
Protocolos deficientes.
Carencia de sistemas de supervisión y control de calidad.
Bases de datos subutilizadas y escasamente interconectadas.
Faltan insumos y equipamiento en los laboratorios.
Un importante rezago en el análisis de muestras genéticas.
Extravío de muestras y comparaciones incompletas entre perfiles.
Las instituciones forenses "carecen de independencia" para realizar su trabajo; están subordinadas a las decisiones del Ministerio Público, "lo cual reduce las posibilidades de un enfoque científico", entiende el Movimiento.
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No es la primera vez que organizaciones de ciudadanos denuncian la crisis forense. A comienzos de 2020, la Brigada Nacional de Búsqueda —formada por familiares de desaparecidos—, emitió una alerta y pidió la urgente implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, principal institución en el tema creada por la ley general de Desaparición de 2017. También pidió "toda la ayuda internacional posible, por lo que urgimos a que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité para las Desapariciones Forzadas de la ONU".
El Gobierno federal anunció medidas para atender la crisis. Algunas apuntan a fortalecer los servicios forenses ordinarios, como la construcción de centros regionales de identificación. Pero el Movimiento asegura que a más de dos años de iniciado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, "la implementación de las medidas es todavía muy limitada".
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En México, desde 2006 han desaparecido 87.000 personas de manera forzada. Varios grupos criminales mexicanos —entre ellos el Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Cartel del Golfo y Cartel de Los Zetas— son responsables de al menos 61.000 desapariciones forzadas y muchas más muertes desde la década de 1960, según datos del informe La Mutación del Crimen Organizado en la Era de COVID-19 en América Latina, publicado en enero de 2021.

¿Qué se puede hacer para superar la crisis forense en México?

En el informe, el Movimiento formula una serie de recomendaciones, entre las que se destacan:
1.
Avanzar decididamente en la implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense garantizando irrestricta colaboración por parte de las fiscalías, presupuesto adecuado y respeto por su autonomía técnica y de gestión.
2.
Expandir y mejorar los servicios forenses ordinarios, especialmente aquellas áreas dedicadas a la identificación humana, en términos de personal, infraestructura, presupuesto e interdisciplinariedad.
3.
Establecer la autonomía formal y real de los servicios forenses en todo el país, eliminando la subordinación de las y los peritos ante el Ministerio Público.
4.
Actualizar el Protocolo para el tratamiento e identificación forense y desarrollar protocolos aún pendientes para todas las disciplinas intervinientes en los dictámenes de identificación.
5.
Analizar y cotejar todos los perfiles genéticos aún pendientes de procesamiento.
6.
Implementar de manera completa y hacer uso efectivo de la base de datos ante
mortem/post mortem (AMPM) por parte de todas las fiscalías del país.
7.
Garantizar que toda persona fallecida sin identificar cuente con archivo básico de identificación correctamente elaborado y que haya sido incorporado a una base de datos que sea interoperable con otros sistemas.
8.
Crear, por medio de un proceso liderado por la Fiscalía General de la República, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, según lo establece la Ley General en materia de desaparición de personas.
9.
Garantizar que ninguna persona fallecida sin identificar sea inhumada en fosas comunes o sea entregada a universidades, como lo establece la legislación vigente.
10.
Solicitar y poner en práctica asistencia técnica internacional, así como implementar de manera rápida y de buena fe las recomendaciones internacionales vigentes, con el objetivo de superar la crisis forense en materia de identificación humana.
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Desde 2011, cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Con el objetivo de evitar las desapariciones forzadas, descubrir la verdad cuando ocurren y garantizar que los supervivientes y las familias de las víctimas obtienen justicia y reparación, en 2010 entró en vigor la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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