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¿Por qué se oponen en México contra la esencialidad del sector minero?

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Abrir banco de fotosUna mina de Nornickel en Rusia
Una mina de Nornickel en Rusia  - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2021
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Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, intelectuales y comunidades organizadas en torno a la denuncia de los estragos causados por la minería metalífera en México, exige que se elimine el carácter de esencial de esta actividad extractiva.
La campaña por la modificación de la Ley minera en México fue lanzada en la primera quincena de agosto de 2021, fue denominada #CambiémoslaYa y articulada bajo el propósito que "el Estado mexicano atienda las discriminaciones estructurales de fondo, cumpla con sus obligaciones al respeto, protección y garantía de los derechos humanos, y revierta el desequilibrio del poder entre el sector extractivo y el resto de la sociedad", señalaron.
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Habiendo identificado qué conjunto de disposiciones de la Ley minera de México tienen una responsabilidad directa en haber "posibilitado que los territorios sean entregados por las autoridades a las empresas mineras", la Campaña lanzó a la discusión pública la posibilidad concreta de su modificación, a poco de cumplirse 30 años de su aprobación.
La Ley minera vigente que rige la actividad del sector en México data del año 1992, como parte del paquete de reformas realizadas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que incluyó una Ley general de aguas que vive un lento proceso de modificación que ha tomado nuevos bríos, acusada de facilitar el expolio privado del recurso común.
En el mismo sentido se lee en un sector de la sociedad mexicana a la modificación que se hizo en el sexenio de Salinas del artículo 27 Constitucional, que fue un golpe mortal a la propiedad común de la tierra que había consagrado la Reforma Agraria mexicana de principios de siglo, al permitir la división privada del territorio para su venta.
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Los cambios

El artículo 6° de la Ley minera vigente sostiene que la actividad minera es de utilidad pública y "preferente" ante cualquier otra que se desarrolle en el territorio. Esta cláusula ha sido la principal fuente de conflicto con las comunidades que habitan esos territorios ante la pretensión de capitales privados trasnacionales.
"Así la explotación y proceso de beneficio de los minerales, según el artículo 6, deben preferirse sobre cualquier otra actividad que las comunidades están desarrollando en el territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra", señalaron desde la campaña.
Por su parte, el artículo 19 de la mencionada Ley de 1992, dispone que habiendo obtenido la concesión minera, su titular gana derecho de que se expropie a su favor el territorio necesario para la mina, así como hacer uso del agua que precise, sin control o consideración de las necesidades del entorno.
El artículo 15 consagra que este aprovechamiento preferente dura cien años una vez obtenida la concesión, pues fija la vigencia inicial en 50 años, que se pueden duplicar legalmente.
"La Ley minera ha beneficiado a una pequeña élite empresarial que ha acumulado fortunas a costa de la vida, la salud y los derechos de las comunidades y pueblos en México", señalaron los promotores de la modificación.
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Este beneficio de unos pocos ha tenido como contraparte un continuo de "violaciones sistemáticas a derechos a la tierra y el territorio, la libre determinación, el agua, el medio ambiente sano" que —señalan— tienen una de sus raíces más profundas en el desequilibrio provocado por la Ley Minera actual.
Los seis puntos que la campaña #CambiémoslaYa ha señalado son los siguientes:
1.
Eliminar el carácter de utilidad pública de las actividades mineras en México.
2.
Garantizar y hacer efectivo el derecho a decidir de los pueblos y comunidades en el otorgamiento de las concesiones mineras.
3.
Cambiar el esquema por el que se otorgan las concesiones a las empresas mineras.
4.
Eliminar el acceso privilegiado a la tierra y el agua que hoy garantiza la ley a los concesionarios.
5.
Prohibir la minería de metales preciosos con técnicas a cielo abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en los procesos de lixiviación, en todas las áreas naturales protegidas, sitios sagrados, arqueológicos y Ramsar del país.
6.
Exigir que las empresas mineras publiquen la información relacionada con su actividad en México, incluyendo sus estados financieros.
La campaña reúne a las organizaciones civiles CartoCrítica, Oxfam México, la Fundación Heinrich Boll, Fundar, el Centro de análisis e investigación, los Comités de cuenca del río Sonora, Engenera a.c, los movimientos Atzin No a la minería y el Morelense contra la minería tóxica. Es respaldada por instituciones educativas como el Observatorio académico sociedad, medio ambiente e instituciones de la Universidad Nacional de México (UNAM), el proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación de la Universidad Iberoamericana, la Universidad autónoma metropolitana (UAM), así como un conjunto de comunidades afectadas por la minería a cielo abierto de los estados de Sonora, Morelos, Puebla y Baja California Sur.
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