Justicia argentina evalúa imputar a tres exfuncionarios más por envío de armas a Bolivia

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un juez de Argentina requirió al fiscal del caso que investiga el suministro de armamento a Bolivia en 2019 que opine si corresponde imputar al exjefe de gabinete de ministros, al excanciller, y a un tercer exfuncionario del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

"La justicia analiza si imputa a Marcos Peña, [Jorge] Faurie y [Fulvio] Pompeo y si amplía investigación", informaron fuentes judiciales a Sputnik.

El juez en lo penal económico Javier Lopez Biscayart pidió al fiscal Claudio Navas Rial que opine así sobre la ampliación de la denuncia que el 19 de agosto presentó el Gobierno de Alberto Fernández por el suministro de material represivo a Bolivia durante el golpe de Estado de 2019.

Podrían quedar involucrados, en ese caso, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, el excanciller Jorge Faurie y el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo.

A la espera de que se defina la competencia del juez responsable del caso, López Biscayart solicitó más medidas en el expediente en el que ya fue imputado el exmandatario Mauricio Macri por el delito de contrabando agravado.

En su ampliación de denuncia, el Gobierno de Alberto Fernández se refirió a dos reuniones que tuvieron lugar en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, el día que fueron enviadas las municiones a Bolivia, el 12 de noviembre de 2019.

Estos encuentros "evidencian que la decisión de enviar material represivo a Bolivia para apoyar el golpe de Estado se tomó en la Casa Rosada", sostiene la denuncia.

Según las notas firmadas el 12 de noviembre por uno de los imputados del caso, el gendarme Rubén Yavorsky, el trámite de contrabando para enviar a Bolivia 70.000 municiones y más de 600 granadas fue iniciado por Gendarmería a las 13.06 (16.06 GMT) de ese día.

En ese momento, el presidente Macri, el jefe de gabinete, la ministra de Seguridad, el director de Gendarmería Gerardo Otero y su secretario privado estaban reunidos junto a los directores de todas las fuerzas de seguridad, en el despacho de Marcos Peña.

Según la denuncia, la presencia de Otero acredita que la orden de enviar ese material fue tomada directamente por las máximas autoridades del Ejecutivo de Macri.

Esa reunión, que ocurrió 12 horas antes que los gendarmes partieran rumbo a Bolivia en un Hércules C-130, se llevó a cabo en el despacho del exjefe de gabinete, el único con acceso directo al despacho presidencial.

La primera y única vez que el director de Gendarmería visitó la Casa Rosada en 2019 fue justo ese día, refiere la querella.

Minutos antes de esa reunión, Macri se reunió con el entonces canciller Jorge Faurie, quien ese mismo día solicitó en una nota oficial el envío de gendarmes a Bolivia para proteger la Embajada argentina.

La denuncia observa que Faurie evitó utilizar el sistema electrónico de comunicaciones oficiales (Gestión Documental Electrónica), obligatorio desde el 2016.

Para la gestión actual, así se demuestra que las más altas autoridades políticas de la gestión anterior —el Presidente, el Jefe de Gabinete, el Canciller y la Ministra de Seguridad— se reunieron con funcionarios de menor rango que llevaron a cabo el contrabando ilegal de armas a Bolivia.

En la denuncia también se incorporan documentos que evidencian la participación de Fulvio Pompeo, quien también estaba presente en la Casa Rosada el 12 de noviembre.

La denuncia la tiene delegada el fiscal del fuero penal económico Claudio Navas Rial, pero todavía está por dirimirse el juez competente en la denuncia.

El juez Javier Lopez Biscayart, que promovió las primeras medidas del caso, pasó el expediente a su par Alejandro Catania, quien había recibido la primera denuncia relativa al caso.

Este último consideró que la causa de López Biscayart estaba más avanzada y se la devolvió.

El fiscal del caso imputó no solo a Macri, sino a quien fuera su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al de Defensa, Oscar Aguad.

Corrieron la misma suerte el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, el exdirector de Gendarmería, Gerardo José Otero, el exdirector de Logística de esta fuerza federal, Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.

El presidente Alberto Fernández pidió disculpas al Gobierno boliviano tras reconocer el envío que realizó la gestión precedente a las fuerzas que forzaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) el 10 de noviembre de 2019, un día antes de que el mandatario se exiliara y fuera acogido como refugiado en México y luego en Argentina.