Cómo esta minera canadiense logró estar en México sin concesión ni permiso ambiental

Una modificación administrativa eliminó la necesidad de las empresas mineras para presentar un informe previo de exploración. Desde la sierra norte de Puebla señalaron a Sputnik cómo cada vez las comunidades tienen menos herramientas para defenderse del poder extractivo.

A pesar de que la minera Gorrión, filial de la multinacional de origen canadiense Almaden Minerals, no cuenta con la manifestación de impacto ambiental y tiene un pleito abierto en la justicia contra las concesiones del territorio, que fue entablado por los vecinos opositores a su proyecto minero en Ixtacamaxtitlán, Puebla, la minera no se ha detenido.

En la última semana del mes de julio de 2021, vecinos del pueblo Santa María Sotoltepec descubrieron que un grupo de empleados estaba haciendo trabajos de barrenación —perforaciones de sondeo en el subsuelo en busca de mineral— sin que la población estuviese enterada al respecto.

"Nos llama la atención que la empresa esté retomando el trabajo cuando la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales respondió que su proyecto minero es inviable. Pero la empresa sigue insistiendo y para la gente de las comunidades, esto es un acto de terquedad, que deja muy indignada a la población", dijo a Sputnik Alejandro Marreros, vocero de la Unión de ejidos y comunidades en defensa de la tierra y el agua Atcolhua, del municipio de Ixtacamaxtitlán.

Cambio e indefensión

Cuando los vecinos notaron que la empresa estaba trabajando sin permiso en un paraje conocido como Cerro Blanco, denunciaron lo sucedido a la Procuraduría federal de protección al ambiente (Profepa) solicitando su intervención en la verificación de los hoyos que se habían hecho en busca de mineral en el subsuelo.

La respuesta que recibieron no fue la esperada, según contó Marreros.

"Los compañeros que denunciaron en Profepa recibieron como respuesta que la norma oficial mexicana había cambiado, y que por tanto la Procuraduría no veían ningún problema, por lo que la empresa no estaba incurriendo en ninguna falla", explicó la fuente.

Así, los organizados supieron que en 2020 y sin demasiada publicidad, se modificó la Norma Oficial mexicana NOM-120, retirando de su contenido la obligación de las empresas a presentar ante la autoridad ambiental un informe preventivo, antes del inicio de sus actividades en el campo.

Lo que la Unión de Ejidos ha señalado en conjunto con sus abogadas, es que por encima de esa NOM existe la Ley General de Equilibrio ecológico, que en cambio, sí mantiene como requisito que sea presentado el informe previo de actividades mencionado. El último que presentó Gorrión está fechado en 2017, y no está vigente.

Cuando las comunidades hicieron su primera denuncia pública refiriendo la operación de la empresa sin permiso, Minera Gorrión salió públicamente a decir que no lo necesitaba y sostuvo que los trabajos realizados son independientes al proyecto Ixtaca (que fue rechazado) ya que éste es parte de una nueva manifestación de impacto ambiental que presentarán.

La Secretaría de medio ambiente y recursos naturales mexicana (Semarnat) rechazó en diciembre de 2020 la manifestación presentada por Gorrión en febrero del año 2019, dando un duro golpe a las pretensiones extractivas de la multinacional. Este fue el segundo manifiesto de impacto que la autoridad mexicana rechazó a la minera para el mismo proyecto, ya que en el año 2016 había ocurrido algo similar.

Para Marreros, hay una contradicción evidente en el hecho de que por un lado, la autoridad niegue rotundamente el proyecto (debido a los daños irreversibles que causaría en el ambiente y en la sociedad de la zona) pero por otro, no haya ninguna autoridad que intervenga cuando el proyecto avanza por medio de hechos consumados.

"No dudamos en que haya habido presión de las Cámaras mineras para que se realice este cambio en la NOM, ya que su intención es agilizar los procesos, quitando regulaciones que hacen que sean más tardados", señaló la fuente.

Como contraparte, las pocas garantías que los pueblos utilizan para defender su negativa ante el avance de estas explotaciones, se ve cada vez más recortado. Aunque los comunitarios tengan abierto un juicio de amparo en contra de la concesión del subsuelo, en proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la empresa no ceja en sus intenciones. Sin concesiones y sin aprobación ambiental, nada parece detener a los poderes de la mina.

"Estos cambios de regulaciones van dejando a las comunidades más vulnerables. Ese ha sido nuestro caso, nos vamos quedando sin herramientas para poder exigir nuestros derechos", concluyó el vocero de los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla.