Bolivia ve el informe de la CIDH como una señal "esperanzadora" para hacer justicia

LA PAZ (Sputnik) — El informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las masacres ocurridas en Bolivia tras el golpe de Estado de 2019 representa una señal de "esperanza" para hacer justicia en el país, dijo en entrevista exclusiva con Sputnik el canciller boliviano Rogelio Mayta.

El 17 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH presentó el resultado de su análisis sobre la crisis política que se generó en Bolivia en noviembre de 2019.

En el estudio, el GIEI calificó como masacres a operaciones militares y policiales ordenadas por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), que dejaron decenas de civiles muertos y numerosos heridos.

A continuación, la conversación que mantuvo el canciller Mayta con Sputnik:

—¿Cómo recibe el Gobierno y qué medidas podría tomar frente al resultado del informe del grupo de expertos que confirmó masacres perpetradas por fuerzas de seguridad bajo el mando de Jeanine Áñez?

—El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo recibimos con esperanza, consideramos que es un paso importante en la búsqueda de conocer la verdad de lo que sucedió en los oscuros días de 2019, un paso importante para que se haga justicia a las víctimas de esas graves situaciones.

Lo que nos está mostrando este informe de forma clara es que en Sacaba y Senkata se han perpetrado ejecuciones extrajudiciales, se han cometido delitos de lesa humanidad, que implican el haber cegado la vida de connacionales, haber llevado un proceso de persecución y detenciones ilegales con prácticas de tortura por parte del Estado, que el informe incluso las tipifica.

Nos permite ver la responsabilidad intelectual o inmediata en relación a quienes fungían como principales autoridades gubernamentales. Concretamente se puede ver que todo este despliegue de operaciones militares que tiene saldos fatales se inicia a partir de la emisión del decreto 4078, que dispone dos cosas centrales, por una parte que se realicen operaciones militares contra la protesta social y, dos, muestra la responsabilidad penal de los militares que participan de esas operaciones. A partir de ese decreto, se dan las acciones de violencia máxima, en las que se perpetúan el asesinato, las ejecuciones extrajudiciales, la masacre.

La responsabilidad va para las autoridades inmediatas, que son los ejecutores, en este caso militares y policías, y hay otro nivel de responsables, que son los intelectuales, que vendrían a ser los actores políticos, que son la presidenta, su gabinete ministerial, quienes firmaron ese decreto.

—¿Este informe habilita una pena mayor para Áñez?

—Lo que hace este informe es establecer de forma nítida los actores de ese tiempo y sus responsabilidades. Pero hay que destacar que el informe no es una sentencia judicial ni pretende serlo, es un aporte para esclarecer la verdad y habiendo sido producto de un largo proceso de investigación, nos realiza recomendaciones para que nuestra institucionalidad de justicia pueda encaminar los proceso que viene llevando adelante. En el caso de Áñez, deben seguirse los procesos de justicia que están iniciados.

Al proceso que le sigue por el rompimiento constitucional, está el de las violaciones de derechos humanos que está en instancia de la Fiscalía general y eventualmente debería ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que autorice el juicio penal por dos tercios de votos. Si se da la autorización, se prosigue con la institucionalidad de la justicia. El informe del GIEI va a ser importante en ese proceso para que los parlamentarios puedan valorar la posibilidad de autorizar o no ese juicio contra Áñez y más adelante también servirá para poder orientar las investigaciones o los casos ante el Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia.

En relación a las penas, hay que ser claros, se está ante delitos de lesa humanidad, los mismos tienen la máxima sanción. El Estatuto de Roma establece que un hecho como la masacre, las ejecuciones extrajudiciales, merecen 30 años.

—¿Entonces, cree que Áñez debería recibir la máxima sanción?

—Por la investigación que se tiene y se la califica como autora de los delitos de lesa humanidad, podría ser pasible a 30 años.

—¿Espera el Gobierno boliviano que organismos internacionales actúen luego de este informe? ¿Derivarán el informe a alguna instancia internacional?

—Inicialmente no. Todo está en manos de la justicia boliviana, las instancias internacionales se activan cuando los países no pueden otorgar justicia. Eso no pasa, en el caso de Bolivia tenemos una Fiscalía, tribunales de justicia. En lo inmediato no amerita que participe ninguna instancia de justicia internacional. Son ellos los que tienen que encaminar el proceso contra Áñez.

—¿Otras exautoridades podrían ser enjuiciadas?

—Desde luego que sí, las investigaciones deberían definir ese derrotero. El GIEI ha advertido que un elemento central de la responsabilidad política está en el decreto supremo 4078, firmados por Áñez y sus ministros. Está la firma del señor (Arturo) Murillo y de otras exautoridades. Inicialmente este proceso debería ir involucrando a estas personas.

—¿En qué estado se encuentran las investigaciones y acciones sobre el envío de armas del Gobierno de Lenín Moreno y el de Mauricio Macri a las fuerzas de seguridad bajo el mando de Añez?

—Están en etapa de investigación por la Fiscalía. Ellos están manejando la información. Estimamos que están en la etapa preliminar, relevando los datos básicos para poder proseguir el caso.

—¿Bolivia podría llamar a declarar a Moreno o Macri?

—Eso está en manos de las autoridades de justicia. Los fiscales son los que definen la investigación, no tengo conocimiento si está en sus planes.

—¿Qué piensa sobre la propuesta de Venezuela de investigar a Luis Almagro por su presunto apoyo al golpe de 2019?

—Ese escenario probablemente podría encararse en un ámbito internacional. La evidencia muestra que tuvo apoyo internacional de Argentina, (y) Ecuador, trayendo pertrechos a Bolivia para que pudieran sustentar la estrategia de consolidación del Gobierno de Áñez. No se descarta la posibilidad de que pudiera haber coordinación con Luis Almagro. Pero vemos que es complicado por el tema de la inmunidad.

—En caso de que Bolivia presente una denuncia contra Almagro, ¿en qué organismo lo haría?

—No lo tenemos definido, por ahora confiamos en que la justicia boliviana opere.

—¿Enfrenta Evo Morales la posibilidad de algún proceso a la par de Áñez?

—El informe del GIEI, a diferencia de lo que ocurre con Áñez, no deslumbra ningún tipo de autoría respecto al Gobierno de Morales. Desde nuestra perspectiva, iniciar un proceso no tendría mucho sentido. En Bolivia, no obstante, la objetividad de la investigación del GIEI se está especulando, eso lo ha hecho la oposición. De acuerdo a la ley boliviana, quien crea que se ha cometido un delito, puede denunciarlo.

De parte del GIEI no ha sucedido nada parecido. Identifica unos escenarios de violencia que se han dado durante el Gobierno de Morales. Uno es el caso de (la ciudad de) Montero, pero es una disputa que se da entre civiles, no se da entre fuerzas del Estado. Otro es el proceso de tortura contra la alcaldesa. Se identifica que le cortaron el cabello, la obligaron a caminar por la calle. Esta alcaldesa es víctima de esos hechos, se llama Patricia Arce, pero no es una violación que haya cometido Morales, son actos que cometieron lastimosamente gente que era de la oposición de ese tiempo en medio de la polarización que se dio. Entre ellos, gente que tristemente ocupaba grupos paramilitares que se formaron en ese tiempo para producir la crisis política que desencadenó la caída de Morales.

—¿Cómo cree que serán las relaciones con Perú ante la asunción de Pedro Castillo?

—Con Perú siempre hemos tenido una buena relación históricamente. Lastimosamente, Perú tuvo un tiempo de inestabilidad política, eso impidió que tengamos una agenda bilateral más fructífera. Pero tenemos la esperanza de que ahora que tiene un Gobierno constitucionalmente electo podamos retomar las relaciones e inclusive mejorarlas dado el carácter progresista que tiene el Gobierno del presidente Castillo.

—¿Cuál es su reflexión sobre lo que se está viviendo en Afganistán?

—Lo más lamentable es que nos deja como saldo los experimentos imperialistas de EEUU, donde ha activado mecanismos sociales que luego se descontrolan y finalmente desembocan en situaciones que son terriblemente duras para una población ajena a EEUU. Lamentablemente, lo mucho que ha sufrido el pueblo afgano durante décadas en el último tiempo es responsabilidad de la política imperial, exterior, de EEUU. No podemos dejar de apuntarlo. Lastimosamente ha ocurrido así, no debemos dejar de verlo para evitar que en el futuro sucedan situaciones similares a que la intromisión de un Estado defina el futuro de un pueblo.

—¿Qué medida va a tomar Bolivia en las relaciones con Afganistán?

—Nosotros estamos en un proceso de evaluación del tema. Es delicado. Es muy complejo, la medida inicial es que estamos procurando resguardar la seguridad de nuestros connacionales. No tenemos embajada en Afganistán, la más cercana está en Irán. Queremos verificar que nuestros connacionales que estén ahí estén a resguardo y que podamos facilitarles su salida.

—¿Se tiene fecha para la llegada de nuevos lotes de la vacuna rusa Sputnik V?

—No tenemos fechas específicas, pero estamos avanzando progresivamente y se van trasladando los lotes necesarios de vacunas.

—¿Va a ser con mayor frecuencia?

—Lo que queda claro es que las segundas dosis de Sputnik no faltan en Bolivia, y se están aplicando con absoluta normalidad a pesar del retraso que hubo unos días.

—¿Hay alguna novedad sobre el interés de Bolivia en producir la vacuna?

—Continuamos con el interés de hacerlo. Obviamente la posibilidad de producir vacunas no es para Bolivia una solución en el corto plazo. Pero la pandemia nos ha mostrado que se necesita potenciar la producción de medicamentos y vacunas.

—¿Están organizando alguna visita a Rusia, tanto jefes de Estado u otras autoridades?

—En lo inmediato, en las próximas semanas no tenemos nada. Pero no descartamos hacerlo en los siguientes meses. Para esta situación siempre es un impedimento la pandemia. No descartamos encuentros de cancilleres para que podamos ir adelantando la posibilidad posterior de una visita de uno u otro sentido de jefes de Estado.

—¿Cuál cree que será el futuro del Mercosur y de otros bloques regionales?

—Para nosotros es muy importante que el Mercosur (Mercado Común del Sur) y otros bloques regionales pudieran fortalecerse. En Latinoamérica tenemos la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), (y) se vio mermada la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). En el actual contexto internacional, en medio de guerras económicas, comerciales, las tensiones entre los principales polos de poder, potenciar estos bloques regionales es de importancia trascendental y esperamos que pueda concretarse en los próximos años.