Hambre y pandemia: "Las consecuencias son bastante dramáticas" en América Latina, según FAO

El hambre se había logrado reducir a casi la mitad entre 2000 y 2015 en América Latina y el Caribe, pero la pandemia significó un retroceso histórico en esa lucha. Maya Takagi, líder de Programas Regionales de la FAO, habló con Sputnik sobre cómo afrontar el hambre en una región altamente empobrecida.

La pandemia empobreció a millones de latinoamericanos y caribeños, con la pobreza, se agravó el hambre y la malnutrición. Maya Takagi, líder de Programas Regionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura —FAO, por sus siglas en inglés—, señaló que a finales de 2020, el 30% de la población de América Latina se encontraba en situación de pobreza.

La pobreza ascendió a 209 millones —22 millones de personas más que en 2019, según datos de la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de ONU (CEPAL)—, en una población de 670 millones de personas.

Además, del total de personas pobres, 78 millones se encontraron en situación de pobreza extrema, ocho millones más que en 2019. En las áreas rurales, la pobreza rural aumentó en seis millones de personas, casi la mitad de ellas en situación de pobreza extrema.

—Comprobamos que la crisis sanitaria efectivamente aumentó la pobreza y pobreza extrema en la región, y que llevó el hambre a casi los mismos niveles de dos décadas atrás. ¿Cuáles cree han sido las más graves consecuencias sociales y económicas del aumento brusco del hambre, y cuáles prevé en el futuro cercano?

(...) Como el ingreso es la única forma de acceder a la alimentación, hubo un incremento de la inseguridad alimentaria. La incidencia de inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a un 40,4% de la población en 2020, lo que representa un aumento de 6,5 puntos porcentuales con relación a 2019, según datos 2021 de la CEPAL. Sin las políticas de apoyo a los ingresos y a la alimentación, las tasas serían aún mayores.

Esto se puede explicar por el serio impacto en los niveles de pobreza y empleo que ha tenido la pandemia en la región, y por el alto precio que tienen las dietas. Las condiciones económicas, los desequilibrios estructurales (ingresos, activos y recursos) y la falta de políticas amplias de protección social son las principales causas del hambre y malnutrición en la región, las que interactúan, además, con desastres y crisis que hacen más difícil salir de este círculo vicioso.

Maya Takagi, líder de Programas Regionales de la FAO

© Foto : Cortesía de FAO

Las consecuencias son bastante dramáticas. Además de la ampliación de la pérdida de vidas por cuenta del hambre, hay consecuencias de largo plazo para las familias en la recuperación de sus capacidades de ingreso, hay en el efecto de las deficiencias nutricionales y de salud en padres y niños que afectan sus capacidades laborales y de educación. Es como volver a un ciclo de vulnerabilidad con consecuencias de largo plazo. Es un quiebre en la tendencia de que los hijos tengan mejores condiciones de ingreso que sus padres o abuelos. Y millones de familias ahora están en esta condición. Hace 20 años que no teníamos este número de personas en pobreza extrema. (...)

—En una región en la que antes de la pandemia no faltaba comida, sino dinero para comprarla: ¿Cómo lograr que las personas accedan a una dieta nutritiva con menos dinero aún que antes?

En el informe mundial de FAO del Estado de la Seguridad Alimentaria en el Mundo, el SOFI 2020, se concluyó que las dietas saludables son cinco veces más caras que las dietas suficientes en calorías. Y también que nuestra región es la más cara en el mundo para la alimentación de dietas saludables. Algunas razones que explican esta desigualdad: problemas de disponibilidad, accesibilidad, oportunidad, educación y hábitos alimenticios, inocuidad y variabilidad de precios según estacionalidad.

Entre las medidas a implementar:

—¿Cuál es el panorama regional para encauzar la recuperación y lucha contra el hambre? ¿Cuáles deberían ser sus pilares?

El nivel prepandemia se alcanzaría en el 2024 si el crecimiento fuera del 1,8% (el promedio de la última década), pero se demorará 10 años si el crecimiento es del 0,3% (promedio de los últimos 6 años).

Son cada vez más las voces que señalan que la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia es una oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de respuestas se requiere para salir de una crisis de esta envergadura. Por ello, se ha señalado que para reconstruir mejor, es necesario transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Las medidas de recuperación inmediata deberían centrarse en:

Para el rescate del empleo, es fundamental rescatar las micro y pequeñas empresas, que representan más del 99,5% de las empresas en la región, y generan el 60% del empleo productivo formal (CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina) con políticas de fomento y apoyo directo.

Así también, las medidas de protección sanitaria y social debiesen estar focalizadas en los trabajadores del sector informal, compuesto principalmente por mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y migrantes, según datos de la ONU. Como también es fundamental mantener los programas de alimentación para niños y niñas, adultos mayores y otras personas en situación de vulnerabilidad, privilegiando la compra pública de alimentos sanos y perecibles a pequeños productores agrícolas y pescadores artesanales de la región.

(...) Las políticas e inversiones deberían facilitar la igualdad de acceso a las tecnologías, herramientas y plataformas de la información y las comunicaciones (TIC). (...)

Por último, garantizar que los sistemas alimentarios sigan funcionando, protegiendo desde la producción de alimentos, pasando por la comercialización, el procesamiento, y el mercado local hasta llegar al consumidor, valorando productos frescos para garantizar una dieta saludable y producidos de manera equilibrada con el medio ambiente.

Esto es fundamental para tener una sociedad sana, resiliente y más protegida contra enfermedades de diversas naturalezas. Para aumentar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios, la recuperación debería incorporar aspectos transformacionales.

—¿Cómo valora los planes de ayuda que hasta ahora han lanzado los gobiernos de América Latina y el Caribe?

Gracias a una respuesta política sin precedentes, es probable que la recesión de COVID-19 deje cicatrices más pequeñas a nivel mundial que la crisis financiera del 2008. Sin embargo, esta vez los países de bajos ingresos y las economías emergentes sufren más en comparación con las economías avanzadas, más afectadas en la crisis de 2008, según el Fondo Monetario Internacional.

Los Gobiernos de la región implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020. Estas alcanzaron a 49,4% de la población, es decir, cerca de 326 millones de personas, con un gasto adicional estimado en 86.000 millones de dólares (CEPAL). Sin esas medidas, la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado 15,8% y la pobreza, 37,2%, equivalentes a 98 millones y 230 millones de personas, respectivamente. (...) Gracias a ese conjunto de medidas, en 2020 unos 20 millones de personas han escapado de caer bajo el umbral de la pobreza en la región.

—¿Qué pasa en Centroamérica y el Caribe, donde varios países desde antes de la pandemia ya tenían serias dificultades para alimentar a su población?

Una encuesta del Programa Mundial de Alimentos muestra que a fines de 2020 el consumo insuficiente de alimentos afectaba al 16% de la población de esos países. La principal barrera para acceder a los mercados de alimentos en esos países en el contexto de la pandemia ha sido la falta de dinero, seguida por las restricciones de viaje y la distancia física a los mercados.

Además, en respuesta a las restricciones de la pandemia, cerca del 40% de los hogares han aplicado estrategias de crisis en el consumo alimentario, tales como cambiar la dieta a alimentos menos costosos, limitar el tamaño de la porción, reducir el número de comidas, pedir alimentos prestados, o limitar la alimentación de los adultos en favor de los menores (países Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana).

Al empeoramiento reciente de la inseguridad alimentaria se suma que estos países llevan varios años lidiando con una doble carga de subalimentación, en la que la desnutrición (...) coexiste con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta. La suma de esos factores estructurales (...) y la agudización de los problemas de acceso a alimentos saludables —sea por restricciones de ingresos o por la interrupción de cadenas de suministro y de los programas públicos de alimentación (escolar, por ejemplo)— tienen un impacto en las dietas regionales y en la salud de la población que va más allá del corto plazo.

(...) En Caribe en especial, el sector turístico, que es un soporte de la economía de los países esencial, fue fuertemente afectado por la pandemia, y afectó a toda la cadena de valor, desde la producción de alimentos, hasta la importación, y los empleos directos, dejando a las familias más vulnerables.

Sin embargo, después de los primeros meses de la pandemia cuando hubo inseguridad, los países de la región han podido confirmar importaciones de alimentos y avanzar en la liberación comercial. Hemos observado también mayor voluntad política para profundizar en el comercio agroalimentario intrarregional, lo que ayudaría a hacer los países importadores más resilientes ya que contarían con varios socios comerciales.