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Tribunal de Argentina da acceso a abogacía del Estado a caso sobre empresa de expresidente

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La estatua de la Justicia (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 12.08.2021
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BUENOS AIRES (Sputnik) — Un tribunal de segunda instancia en Argentina autorizó a la Procuración General del Tesoro a acceder a un estudio contable, considerado una prueba clave, en la causa que investiga las responsabilidades por la quiebra de la empresa de servicios postales Correo Argentino, perteneciente a la familia del Mauricio Macri.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional "habilitó a la Procuración General del Tesoro, presidida por Carlos Zannini a acceder a la pericia clave de la causa", informaron fuentes judiciales a las que accedió esta agencia.
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La Procuración, que es el órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado, podrá así tener acceso al expediente, lo que intentaba impedir el presidente de la firma Correo, Jaime Cibils Robirosa.
El tribunal de apelaciones avaló la resolución adoptada en primera instancia por el juez de la causa, Ariel Lijo, quien había permitido al organismo presidido por Carlos Zannini que accediera a la pericia clave.
El presidente de Correo y el abogado de la compañía, Jaime Kleidermacher, ambos imputados en el caso, habían apelado la decisión de Lijo, pero la apelación fue rechazada con la firma de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
La Procuración del Tesoro de la Nación solicitó acceder al estudio contable invocando el papel que ejerce en representación del Estado.
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El informe es significativo al supuestamente determinar las responsabilidades de la quiebra de la empresa, pues contiene respuestas a puntos específicos que se formularon ante la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), bajo la órbita de la Corte Suprema.
La cuestión principal que se trata de dirimir es si fue abusiva la quita millonaria a la empresa Correo Argentino, como sostuvo en su momento la fiscal del caso, Gabriela Boquín, y si se cometió un delito en perjuicio del Estado.
En esta causa penal, Lijo mantiene como imputados a varios funcionarios del anterior Gobierno, entre ellos quien fuera ministro de Comunicaciones durante la anterior gestión, Oscar Aguad.

20 años de causa

Correo Argentino se encontraba intervenido desde el 3 de marzo del año pasado.
La fiscal Boquín emitió en 2017 un primer dictamen en el que pidió rechazar, por abusivo, un acuerdo que pretendía cerrar el Gobierno de Macri entre el Correo y el Estado.
Según la fiscal, la homologación de la propuesta llevaría a una quita de la deuda de 70.000 millones de pesos al 2033 (700 millones de dólares al cambio actual).
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Ese acuerdo suponía "una quita velada de 98,82%" de la deuda, lo que equivalía "a una condonación", argumentó la fiscal en su dictamen, que era parte del proceso de homologación del convenio.
A través de Sociedades Macri, la familia del expresidente administró Correo Argentino entre 1997 y 2003.
La empresa se declaró en concurso de acreedores en 2001 por una deuda de 296 millones de pesos (misma cantidad en dólares), y dos años después, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) rescindió el contrato y reestatizó la compañía.
El 18 de diciembre de 2019, la Cámara Comercial ordenó avanzar con el salvataje de la empresa como última instancia al reconocer como vencido el plazo de la compañía concursada para hacerle una propuesta de pago a sus acreedores, de los cuales el Estado es el principal.
En julio pasado, la magistrada Marta Cirulli declaró finalmente la quiebra de Correo Argentino tras dar por fracasado el proceso de salvataje.
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La jueza entendió que la oferta realizada por la empresa del Grupo Macri durante la gestión del entonces presidente "solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa", pero "no abarcaba el valor actual de la misma".
Mauricio Macri sostuvo en un escrito público que, a través de esta causa, el Gobierno buscaba venganza.
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