El aborto sigue estigmatizando en Ecuador

QUITO (Sputnik) — Carmen Elena Benítez (nombre ficticio para preservar su seguridad) no ha podido olvidar el aborto que se practicó en el consultorio de una ginecóloga hace varios años, tras enterarse que quedó embarazada.

"He tratado de bloquear mi mente y no pensar nunca en eso, pero hay circunstancias que me recuerdan esa cama, el inmenso dolor, el sentimiento de culpa, el temor de que mi madre y abuelita se enteren, el miedo de ir a una cárcel o que la persona que me ayudó lo haga, e incluso el miedo a morir", cuenta a Sputnik.

Carmen Elena, con ayuda de su prima, se contactó con una ginecóloga que escuchó atenta su caso y decidió ayudarla.

"No sé qué hubiera sido de mí si a los 17 tenía un hijo, pues venía de un hogar muy pobre donde mi abuelita y mi madre se desvivían por mantenernos a mí y a mis dos hermanos; no puedo imaginarme el sufrimiento de ellas y el drama que hubiera sido mantener a un bebé, casi sin recursos", añade esta ingeniera, que con muchos sacrificios familiares y personales pudo estudiar en una universidad pública y obtener una profesión.

La dureza de la legislación

El aborto está legalmente permitido en Ecuador solo en aquellos casos en los cuales está en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada (aborto terapéutico), o cuando el embarazo es resultado de una violación, de acuerdo con una reciente sentencia de la Corte Constitucional, que amplió la excepción de violación sexual a toda embarazada y no solo a aquellas que tienen una discapacidad intelectual, como sucedía hasta mayo pasado.

En el resto de los casos, la legislación contempla privación de la libertad de entre 6 meses a 2 años para las mujeres y niñas que reciben abortos o los provocan, y de 1 a 3 años para los proveedores de salud que practican un aborto que se determine que está prohibido por ley, cuando se realiza con el consentimiento de la persona embarazada.

Cuando la interrupción del embarazo se realiza sin el consentimiento de la persona embarazada, la ley establece penas de 5 a 7 años de prisión.

El informe "Por qué me quiere volver hacer sufrir", de  la organización Human Rights Watch, cita el caso de dos mujeres y una niña que fueron acusadas de asesinato tras una emergencia obstétrica.

La niña de 15 años fue violada cuando regresaba a su hogar desde la escuela; fue condenada a cinco años de prisión después que su bebé muriera tras dar a luz sola en el baño de su casa; pasó cuatro años y tres meses en una institución de menores.

Derechos violados

Las leyes de Ecuador que criminalizan el aborto violan los derechos de las mujeres y las niñas y ponen en riesgo su vida y su salud, señaló Human Rights Watch en el informe publicado el mes pasado, que documenta las consecuencias de esas leyes, que tienen un costo en vidas humanas al aumentar la mortalidad y morbilidad materna, impedir que las mujeres y niñas accedan a servicios esenciales y menoscabar otros esfuerzos más generales orientados a promover la salud sexual y reproductiva.

"Las mujeres y las niñas acusadas de aborto suelen experimentar violaciones de sus derechos al secreto profesional y al debido proceso, y enfrentan obstáculos significativos para poder acceder a representación legal de calidad. Las judicializaciones afectan no solo a mujeres que desean interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado, sino también a quienes tienen abortos espontáneos o emergencias obstétricas, o requieren atención postaborto", enfatiza Human Rights Watch.

Según la organización no gubernamental de derechos humanos, entre 2009 y 2019 unas 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y 8 proveedores de la salud fueron procesados penalmente en Ecuador por cargos relacionados con el aborto; de ellos 38 cumplieron pena de prisión o estuvieron privados de la libertad durante o antes del juicio y entre quienes estuvieron presos 33 eran mujeres y niñas.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2019 hubo 911 casos en los que se determinó que estaba legalmente permitido el aborto.

Cifras altas

Human Rights Watch cita un análisis de datos públicos entre 2004 y 2014, que revela una impactante media anual estimada de 33.340 abortos que necesitaron atención en establecimientos de salud, pese a que las pacientes se expusieron al riesgo de persecución penal.

Según los registros presentados por la Fiscalía General del Estado a Human Rights Watch, entre agosto de 2014 y junio de 2019, esta institución presentó cargos por aborto consentido en 286 casos, de los cuales 122 fueron contra mujeres que supuestamente habían tenido un aborto.

La ley que debe tramitar la Asamblea, avizora desde ya intensos debates para resolver temas críticos, entre ellos la reparación a las víctimas y la objeción de conciencia de los médicos.