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Los disparos al cantante 'Chano' reavivan el debate sobre salud mental en Argentina

© Facebook/ ChanoEl cantante argentino Santiago 'Chano' Moreno Charpentier durante un recital
El cantante argentino Santiago 'Chano' Moreno Charpentier durante un recital - Sputnik Mundo, 1920, 03.08.2021
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El cantante Santiago 'Chano' Moreno Charpentier tuvo una crisis psiquiátrica que se sospecha relacionada a su consumo problemático de drogas. Un agente de las fuerzas de seguridad le disparó en el abdomen cuando el músico amenazaba con un arma blanca. Se salvó gracias a una intervención quirúrgica, pero ¿qué dice el protocolo de salud mental?
Un nuevo caso que involucra a un policía y una persona que padecía un desborde psiquiátrico volvió a poner en cuestionamiento la capacitación de los agentes para accionar en situaciones que incluyan a individuos en estados alterados involuntarios y el incumplimiento del protocolo que establece la Ley de Salud Mental, sancionada hace más de 10 años.
Una madre preocupada llamó a emergencias, la madrugada del 26 de julio, para pedir asistencia cuando su hijo, con un historial de consumo problemático de drogas y comportamientos erráticos, demostraba signos de estar sufriendo un episodio de excitación psicomotriz.
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A la casa llegó una ambulancia con un psiquiatra y una patrulla con dos agentes de Policía, quienes habrían entrado a pedido del médico con el objeto de reducir al hombre y poder internarlo de inmediato debido a su comportamiento agresivo. Pero la situación se salió de control y el paciente terminó baleado en el vientre, lo que le afectó el páncreas, el bazo y un riñón.
El caso tomó relevancia porque se trata de una personalidad mediática: Santiago 'Chano' Moreno Charpentier, cantante y exlíder de la banda de pop argentina Tan Biónica. El policía que le disparó, Facundo Amendolara, testificó que lo hizo a modo defensivo cuando el músico intentó atacarlo con un cuchillo, después de amenazar a los tres intervinientes.

¿Por qué le dispararon a Chano?

"No se ha capacitado a las Fuerzas de Seguridad en cómo intervenir en una situación de estas características, que tiene pautas claras en cuanto a la postura, al discurso para con la persona, a la posición. A partir de acá se desprende una discusión entre quienes pugnan en torno a una ley que pretende un cambio de paradigma y quienes mantienen una lógica punitiva", dijo a Sputnik el psicólogo argentino Ángel Barraco, integrante del Movimiento en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental.
La Ley 26.557, sancionada en 2010, dictamina que "las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental", y le otorga a las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales los derechos y garantías que se disponen en relación con los servicios de salud.
El protocolo elaborado por el Ministerio de Seguridad nacional, vigente desde 2013, establece que los agentes de las fuerzas de Seguridad deben llamar a un equipo de salud y evitar la violencia, en línea con la Ley de Salud Mental.
Barraco comentó que situaciones similares ocurren en todo el país, aunque sin difusión, como sucediera recientemente en las provincias de Salta, Entre Ríos y Chubut, esta última con final trágico luego de que la policía le disparara a la cabeza a un paciente psiquiátrico en pleno brote.

Polémicas y falacias

El caso puso nuevamente en el escrutinio público las posturas dentro de las estructuras de poder que evitan la implementación de la Ley de Salud Mental, y que se aferran a un paradigma represivo, excluyente y fármaco-dependiente.
"Sirvió como catapulta para que los sectores que se han opuesto y se siguen oponiendo a la ley, porque ven sus intereses afectados, tomaran como que esto era una falencia de la ley al decir que no permite internar de forma compulsiva y de forma involuntaria. Esto es una falacia total y malintencionada", comentó Barraco.
El psicólogo explicó que la ley prevé casos de internación involuntaria en casos en que un equipo interdisciplinario –ya no un juez ni la Policía– determine que no existe alternativa y cuando se encuentra en riesgo cierto o inminente la salud del paciente o de terceros.
El episodio también reabrió el debate sobre el uso de armas de descarga eléctrica, defendido por sectores del oficialismo y la oposición, como alternativa a las de fuego, una polémica presente en buena parte del mundo debido a las implicaciones sobre los derechos humanos.
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"El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, justificó el accionar y aprovechó para instalar un discurso político al decir que esto se podría haber solucionado si se habilitara el uso de las pistolas Taser", añadió Barraco, miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y co-redactor de la Ley 448 de Salud Mental porteña.
Este debate recordó otro episodio reciente, de septiembre de 2020, en el que un policía fue atacado en la vía pública a la luz del día en el centro de Buenos Aires por una persona que tuvo un brote esquizofrénico y que lo atacó con un cuchillo. El agente murió por el ataque y el hombre, por las heridas de bala.

Incumplimiento generalizado

La Ley de Salud Mental de Argentina ordena sustituir los hospitales psiquiátricos de permanencia indefinida antes de 2020. Ya cumplido el plazo, esto está lejos de ocurrir. La ley dictaminó que no se pudieran sumar nuevas internaciones sin la revisión de un equipo interdisciplinario (antes lo resolvía un juez).
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También prohibió la creación de nuevos asilos y obligó a reemplazar los actuales en funcionamiento, tanto estatales como privados, por dispositivos comunitarios alternativos, focalizados en la contención y la integración, respetando el "derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable".
Para esto se apuntó a que sean sustituidos por centros de atención ambulatoria, casas de medio camino, con estadías temporales para los casos agudos, sin aislamiento ni desconexión y con un uso racional y responsable de psicofármacos, salvo excepciones.
Además, obliga a los hospitales generales a ofrecer atención e internaciones breves a quienes presenten síntomas de padecimientos psiquiátricos y a no derivarlos a las instituciones monovalentes (dedicadas a una sola especialidad, la psiquiatría). Muy pocas de estas iniciativas han visto avances en estos 11 años.
"Es un negocio de mucho dinero. Una internación en salud mental tiene un costo muy importante. El modelo está sustentado en dos ejes: la cama y los psicofármacos como solución única a la problemática. El sector corporativo médico-psiquiátrico que a todas luces se opone a la ley crea todo tipo de obstáculos. Hay una complicidad con el poder político, que no hace lo que debería hacer, y la ley lleva 10 años incumplida", acusó Barraco.

¿Cuántos internados por salud mental hay en Argentina?

En agosto de 2019, la Secretaría de Gobierno de Salud presentó el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, que se realizó en los establecimientos de internación neuropsiquiátricos públicos y privados, sin incluir las clínicas dedicadas a las adicciones. Era una deuda que no se venía cumpliendo a pesar del establecimiento de su obligatoriedad cada dos años.
Según el censo, existen 162 manicomios en los que hay 12.035 personas, 52% internadas en establecimientos públicos y 48%, en privados. El tiempo promedio de permanencia es de más de 8 años, pero aumenta a 12 y medio en el sector estatal. En la ciudad de Buenos Aires se encuentran los cuatro más importantes del país: 'Borda' (hombres), 'Moyano' (mujeres), 'Tobar García' (infantojuveniles) y 'Alvear' (emergencias).
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El 60% de las personas internadas no firmó ningún consentimiento para estar allí y, según los equipos tratantes, solo 36% tiene criterio de internación, es decir, riesgo cierto e inminente para la propia persona o para terceros.
Tomando en cuenta que las instituciones públicas son las que alojan principalmente a la población más vulnerable en cuestiones socioeconómicas, el dato de que 37% de los pacientes se encuentran alojadas en estos centros por razones sociales o de vivienda permite concluir que, en los manicomios estatales, la gran mayoría de los internados permanece ahí por el hecho de ser pobres.
"Con los avances de la psicofarmacología y de diferentes disciplinas en los últimos 20, 30, 40 años, se ha generado la posibilidad de hacer un abordaje que dé respuestas mucho más factibles si es posible a una persona que atraviesa por un padecimiento mental. Teniendo una atención adecuada consistente, puede recuperar su salud y perfectamente vivir con su familia o en comunidad", resumió el profesional.
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