Judicializan a un funcionario colombiano que colaboraba con una red de trata de migrantes

BOGOTÁ (Sputnik) — Un funcionario público del municipio colombiano de Silos (Norte de Santander, nordeste) fue judicializado tras ser señalado como presunto responsable de expedir documentos de identificación de manera ilegal para colaborar con una red de trata de migrantes y venta de niños, uno de ellos venezolano, reveló la Fiscalía de Colombia.

"La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del registrador municipal de Silos [Norte de Santander], Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, como presunto responsable de emitir documentos de identificación de manera irregular para favorecer a una red criminal que estaría vinculada a la venta de niños y al tráfico de migrantes", indicó el organismo en un comunicado.

Según la Fiscalía, Ramírez Rodríguez al parecer expidió ilegalmente un registro civil a un niño venezolano y consignado en el documento que el menor era nacido en Colombia, hijo de madre ecuatoriana y de padre colombiano, pero en realidad se trataba de dos personas que serían integrantes de la estructura ilegal, dedicada a la compra de niños en zona de frontera.

El hecho habría ocurrido entre enero y febrero de 2020, dijo la Fiscalía, que agregó que "con ese registro civil el niño salió del país y fue llevado a Ecuador", donde desapareció y ahora "se desconoce su paradero".

La mujer y su cómplice que se hicieron pasar por los padres del menor son venezolanos y también fueron judicializados por la Fiscalía en mayo de este año por varios eventos similares junto con otra persona, también de nacionalidad venezolana.

Por su parte, Ramírez Rodríguez también estaría involucrado en la expedición de documentos de identidad a dos ciudadanos de República Dominicana a quienes emitió cédulas de ciudadanía como si fueran colombianos.

"Los dos hombres, supuestamente, se trasladaron al Eje Cafetero [oeste] y tramitaron pasaportes. Sin embargo, ante la oportuna alerta de la Fiscalía, la Cancillería no se los entregó y las autoridades migratorias los expulsaron del país el 26 de abril de 2020", precisó la Fiscalía.

El funcionario fue retirado del cargo y suspendido entre abril y mayo de este año.