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El Gobierno de España amplía las medidas sociales hasta el 31 de octubre

© Europa Press / Ricardo RubioLa vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez en rueda de prensa
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez en rueda de prensa - Sputnik Mundo, 1920, 03.08.2021
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Es una de las medidas que se han aprobado en el último Consejo de Ministros antes del parón veraniego.
Las medidas del llamado escudo social se amplían hasta el 31 de octubre con el objetivo de proteger a las personas más vulnerables durante la pandemia.
También se prorroga el decreto de antidesahucios, que caducaba el 9 de agosto, y que también se ha decidido ampliar hasta el 31 de octubre. De este modo, las familias que estén consideradas vulnerables por los servicios sociales, no podrán ser desahuciadas.
Además, también se amplía el periodo de validez de otras medidas extraordinarias puestas en marcha por el Gobierno de España relativas al alquiler. Los inquilinos cuyo contrato de alquiler venza antes del 31 de octubre pueden solicitar a su casero una prórroga de un máximo de seis meses con las mismas condiciones.
"Una prórroga a ese escudo social que es la protección de los más vulnerables en el ámbito de los suministros energéticos, de protección de la vivienda, para evitar que tengan que abandonar sus hogares como consecuencia de la situación de pandemia, y en la protección de los servicios esenciales a las víctimas de violencia de género, hasta el 31 de octubre", ha dicho la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Por otro lado, tal y como ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en rueda de prensa, el Gobierno dará su visto bueno a la opa del fondo australiano IMF sobre el 22,69% del capital de Naturgy por unos 5.000 millones de euros.
Ribera ha asegurado que se trata de una operación "singular" sobre una empresa que es "estratégica", y que, a pesar de dar la "bienvenida" a la inversión extranjera, se debe concebir como una "oportunidad que ayude a consolidar con robustez el marco normativo y la transición energética" con "garantías y cautela".
Sin embargo, la operación tiene condiciones: el fondo deberá apoyar las inversiones de la sociedad en proyectos de transición energética en España que contribuyan a generar valor en un plazo de cinco años de la liquidación de la OPA. Además, también debe mantener el domicilio y la sede de la compañía en España, así como una parte significativa de su plantilla.
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