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Nuevos detalles de cómo la dictadura uruguaya asesinó a médico de origen ruso: ¿crimen étnico?

© Foto : Mary ZabalkinVladimir Roslik en Moscú
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La revelación de cómo fue torturado y asesinado el médico de origen ruso, Vladimir Roslik, el último homicidio de la dictadura uruguaya en 1984, coincidió con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de archivar el caso, dejando expuesta la impunidad de los que cometieron delitos de lesa humanidad.
Vladimir Roslik Bichkov fue un médico de origen ruso, oriundo de San Javier, una pequeña colonia de inmigrantes rusos de unos 1.700 habitantes a orillas del río Uruguay, a 367 kilómetros de Montevideo.
Roslik estudió medicina en la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba de Moscú a partir de 1962, hecho que le valió su posterior persecución, tras regresar al Uruguay en 1969.
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Al momento de ser secuestrado tenía 43 años. El 15 de abril de 1984 llegó a su casa de San Javier, donde vivía con su esposa e hijo de cuatro meses, una patrulla militar comandada por el entonces capitán y hoy general en retiro Daniel Castellá, que lo trasladó, junto a varios sanjavierinos, al Batallón de Infantería Nº9 de la localidad de Fray Bentos, departamento de Río Negro.
Allí fue asesinado bajo torturas, el 16 de abril de 1984, convirtiéndose en la última víctima de la dictadura uruguaya (1973-1985).

Prescripción del caso y cronología de sucesos

El martes 27 de julio de 2021, el Ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, solicitó la renuncia de Castellá, quien se desempeñaba como presidente del Supremo Tribunal Militar, tras 'descubrir' su participación en el interrogatorio del doctor Roslik en un expediente de la Justicia Militar, en un hecho cargado de simbolismos para la familia del médico.
A pesar de ello, un día después, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cerró el caso del asesinato de Roslik, al declarar inadmisible el recurso de casación presentado por el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, doctor Ricardo Perciballe. Sin embargo, el fallo de la SCJ permite la reapertura de la investigación, de aparecer nuevas pruebas y testigos.
La extraña sincronización entre la destitución de Castellá y el fallo de la SCJ cerrando el caso, se dilucida con la publicación del reportaje del periodista Leonardo Haberkorn para el medio uruguayo La Diaria, donde se explicita el contenido de la sentencia del tribunal militar de 1986, conseguida por pedido del medio.
El ministro García, quien accedió al documento antes de entregarlo al medio, le pidió la renuncia a Castellá, justo un día antes del fallo de la SCJ.

Las últimas horas de Roslik, con 11 militares observando su muerte

El reportaje del periodista Leonardo Haberkorn, reveló detalles escalofriantes sobre las últimas horas de vida de Vladimir Roslik,que no eran de público conocimiento.
El juez militar Óscar Vilches estableció en 1986 que Roslik fue asesinado bajo apremios ilegítimos "reñidos con la moral castrense", tras ser acusado falsamente de ingresar armamento desde Argentina. El médico se habría desvanecido tras "súbitos cambios de voces", ejercidos por su interrogador: el teniente Dardo Ivo Morales, hasta que "su cuerpo no resistió más y falleció".
La sentencia, además de sobreseer a Morales porque se encontraba "bajo cumplimiento de órdenes superiores", estableció que la tortura a la que Roslik fue sometido fue presenciada por otros 11 oficiales, en una sala de 12 metros cuadrados, mientras recibían instrucción sobre cómo proceder en un interrogatorio. Entre ellos se encontraba Castellá.
Vilches relata que, “en ella [la sala] se dispuso al detenido junto a una pared, de espaldas a ella, con los ojos vendados y las manos hacia atrás (sin atar). Los 11 oficiales que presenciaban el interrogatorio se ubicaron rodeando el perímetro de la habitación, a escasa distancia del sujeto interrogado”.
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Según los hechos revelados en la sentencia militar, "Morales interrogó a Roslik sobre las acusaciones de que era el responsable de un cargamento de armas que venía desde Argentina, lo que el detenido negó. Luego se hizo pasar a otros tres detenidos, que acusaron a Roslik, mientras eran grabados. Tras cada uno de esos testimonios, Roslik volvía a ser interrogado y se le pasaban las grabaciones de quienes lo habían acusado".
Según el fallo de Vilches, "el detenido negó sistemáticamente las acusaciones, pero fue ganando en nerviosismo bajo el efecto del tenor de las preguntas y los cambios de voces del teniente primero Dardo Morales. Finalmente, luego de más de una hora de interrogatorio, al ver que no podía refutar las acusaciones que se le hacían, Vladimir Roslik desistió de su negativa y manifestó textualmente: 'Está bien, está bien, voy a hablar'. Inmediatamente sufrió una súbita pérdida del tono muscular estando de pie, cayendo desde su altura en decúbito ventral".

Diferencias forenses

Una primera autopsia al cuerpo de Roslik, ordenada por el juez militar de instrucción de 5° turno Carmelo Bentancur, realizada y firmada por el doctor Eduardo Saiz, sostuvo una muerte por "causas naturales".
Betancur autorizó una segunda autopsia, pedida por la viuda de Roslik, Mary Zabalkin, realizada por un ateneo médico en la ciudad de Paysandú, en la cual fueron firmantes los médicos José Mautone y el médico de la Armada uruguaya, Augusto Soiza.
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La segunda autopsia estableció, según consta en el fallo del juez militar Vilches, que "se trata de una muerte violenta multicausal; existió ingreso a los bronquios de material fluido, de aspecto similar al existente en el estómago, que al ser aspirado en vida obstruyó la vía aérea determinando una asfixia aguda, rápidamente mortal; existió un desgarro del hígado con un hematoma subcapsular, que determinó un secuestro sanguíneo a la circulación general; se comprobaron los estigmas de múltiples traumatismos superficiales y profundos [...]”.

"En cuanto al médico Saiz, que ignoró las graves lesiones de Roslik y pretendió que su muerte había sido natural, el fiscal militar entendió que no incurrió en delito ya que no era un verdadero forense y no tenía estudios de anatomía patológica. Da a entender que pudo equivocarse", consignó Haberkorn para La Diaria.

A pesar de los hechos señalados, el juez militar Vilches sostiene que la oficialidad no tiene responsabilidades penales por estar bajo cumplimiento de órdenes y, desestimando la segunda autopsia firmada por un médico de la Armada, que establece claramente una muerte por apremios, dicta penas irrisorias de ocho meses al teniente coronel Mario Olivera, responsable máximo del batallón Nº9 de Fray Bentos, y de dos años y seis meses para el responsable jerárquico del 'interrogatorio', mayor Sergio Caubarrere.

Cosa juzgada aparente o fraudulenta

En 2014 la justicia militar dispuso el archivo permanente y definitivo de la investigación sobre el asesinato del médico, pero en 2018 la familia Roslik pidió que la investigación fuera tomada por la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad constituida en 2017.
El fiscal a cargo, Ricardo Perciballe, recurrió los pronunciamientos de primera y de segunda instancia de 2014 por considerar que se trataba de "cosa juzgada aparente o fraudulenta", un concepto que maneja la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los casos donde no hay una investigación real.
La decisión de la SCJ de este 28 de julio, declaró inadmisible el recurso de casación presentado por Perciballe y archivó el caso. Con el argumento de "cosa juzgada" y prescripción de los hechos, esa decisión validó la sentencia de la Justicia Militar de 1986, que dispuso irrisorias condenas para los responsables del batallón al momento del asesinato de Roslik: ocho meses para el teniente coronel Mario Olivera y dos años y seis meses para el mayor Sergio Caubarrere, como responsables del establecimiento militar donde fue asesinado el médico de origen ruso.
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El doctor Pablo Chargoñia, abogado de la familia Roslik, declaró a Sputnik que el juicio militar que estableció responsabilidades en el caso Roslik, llevado a cabo en 1986, "no tiene siquiera la naturaleza de un verdadero juicio por tanto que, por ejemplo, no fueron citados a declarar Mary Zabalkin, viuda de Roslik, ni ninguno de los compañeros de Vladimir Roslik".
Para Chargoñia, además, el imputado Caubarrere "estuvo cuatro meses en un régimen muy liviano de prisión".
A pesar de lo anterior, el fallo de la SCJ argumentó que "la oportunidad de haber cuestionado el archivo era en el 2014 y no ahora. Cuando la fiscalía común, vale decir la departamental, en su momento no lo hizo", certificó Chargoñia.

El camino internacional

Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Gelman vs. Estado uruguayo, en el año 2011, los tribunales locales están obligados a investigar todas las causas involucradas en violaciones a los derechos humanos de la dictadura uruguaya (1973-1985), y a no aplicar normas de prescripción.
El caso Gelman vs. Uruguay, refiere a la responsabilidad internacional del Estado uruguayo en la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman en 1976, así como la supresión y sustitución de identidad de su hija, María Macarena Gelman García, exdiputada del opositor Frente Amplio, quien recuperó su identidad en el año 2000.
Para el abogado Chargoñia, el caso Roslik "es un ejemplo típico de 'cosa juzgada aparente', y son temas muy sentidos para la CIDH para que se plantee el caso ante el organismo internacional de ser necesario".
El archivo de la causa Roslik dispuesto en 2014 y confirmado por la SCJ en 2021, implica un apartamiento evidente de esa orden de la CIDH de investigar. Por lo tanto, "si se agotan las vías internas de justicia, queda la denuncia ante el sistema interamericano (Corte Interamericana de Derechos Humanos). Esa es una de las posibilidades que se están evaluando en este momento", declaró el abogado.

¿Crimen étnico?

La persecución de la cual fue objeto Roslik se dirigió no sólo contra él, sino contra diversos miembros de la comunidad rusa de la localidad de San Javier en Uruguay, donde hubo secuestros y torturas, encarcelamientos y asesinato, dirigidos única y exclusivamente a miembros de la comunidad, de apellido ruso.
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El crimen de Roslik se forjó sobre una base de naturaleza de una persecución étnica más que política, sostiene la profesora de historia y productora Virginia Martínez en su libro 'Los rusos de San Javier: perseguidos por el zar, perseguidos por la dictadura uruguaya. De Vasili Lubkov a Vladimir Roslik' de 2013.
"Hablan de gueto, zanja, corral y laboratorio. Dicen que los persiguieron por su origen. Mary Zabalkin empleó una expresión gráfica: 'Cuando uno entra al gallinero, ya sabe qué gallina se va a llevar. Así fue con nosotros. Nos eligieron. Vivimos años atrapados en un corralito. Cada tanto venían a buscar a alguien. Y era ruso. Entre los presos no hubo un solo Giménez o López. Son todos apellidos rusos''', relata el libro de Virginia Martínez.
La colonia de San Javier, fundada por rusos en 1913, fue militarmente asediada durante la dictadura uruguaya bajo el contexto de guerra fría. Sufrió con casi una veintena de detenidos y 11 procesados con prisión, durante la dictadura. Como también, de la destrucción de sus centros comunitarios y culturales.
"San Javier se volvió un pueblo sitiado. Fue tan grave el daño a la identidad colectiva y a la convivencia social que al fin de la dictadura, pero aún en dictadura, 200 sanjavierinos presentaron una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia por discriminación étnica. Se sentían perseguidos por su origen y amenazados como comunidad", señaló Martínez.
"Yo creo que se trata de un crimen de lesa humanidad en contexto de genocidio. Porque el origen étnico de las personas que fueron atormentadas, en diversos operativos, fue un elemento fundamental en el acontecimiento criminal, por lo tanto, lo podría juzgar Uruguay, como en el marco de la jurisdicción universal, cualquier país", sostuvo el abogado Chargoñia.
"Es indiscutible que la calidad de descendientes de rusos, operó en el marco de aquel intento postrero de la dictadura de legitimarse mediante una operación de inteligencia absolutamente infame, que hacía pasar a los vecinos de San Javier como agentes de la KGB", manifiesta el abogado.
"Un disparate enorme, pero que tuvo consecuencias trágicas como el asesinato de Roslik y la tortura de tantos otros compañeros y compañeras de apellido ruso", ratificó Chargoñia.
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