Congreso de Colombia acata fallos que dan 16 escaños a víctimas de conflicto armado

BOGOTÁ (Sputnik) — El Congreso de Colombia dio cumplimiento a dos fallos emitidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional por medio de los cuales las víctimas del conflicto armado colombiano tendrán representación política mediante 16 escaños asignados en la Cámara de Representantes (diputados) desde el año 2022 hasta el 2030.

"El 13 de marzo de 2022 las nueve millones de víctimas podrán elegir a sus voceros auténticos, exclusivamente en las 16 circunscripciones especiales que creamos en el Acuerdo de Paz", anunció en un tuit el senador Roy Barreras.

Los presidentes del Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara, Jennifer Arias, firmaron el acto administrativo para darle vida jurídica a estas circunscripciones por ocho años, según una audiencia transmitida en streaming.

En consecuencia, los 16 escaños serán votados por primera vez en las próximas elecciones legislativas de 2022.

Tales curules, denominadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, serán ocupadas únicamente en la Cámara de Representantes para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, ya que se trata de medidas de satisfacción como componente de la reparación integral de las víctimas, según el punto 2.3.6 del Acuerdo Final de Paz, firmado en noviembre de 2016.

Los 16 escaños le darán voz en el Congreso a las víctimas del conflicto armado en el país y a los representantes de comunidades del Chocó (noroeste), Cauca, Nariño (suroeste), Catatumbo (nordeste), Guaviare (sur) y Urabá (noroeste).

"Desde el gobierno nacional adelantaremos de manera diligente todas las actividades tendientes a materializar los contenidos del Acto Legislativo que permitan ampliar la participación política de las víctimas", dijo el consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, citado en un comunicado de su despacho.

Asimismo, anunció que una vez el Acto Legislativo sea remitido por el Congreso a la Presidencia de la República, se adelantará la debida publicación y promulgación del mismo, y se remitirá el texto a la Corte Constitucional para su control de constitucionalidad posterior.

"En este Gobierno, desde el primer día del mandato, las víctimas han sido el centro de la política de implementación de la paz con legalidad y ahora más que nunca vamos a reivindicar su reparación. Ya están sentadas las bases para que el proceso de apoyo a nueve millones de personas que están en el Registro Único de Víctimas sea irreversible", agregó Archila.