La plataforma Deliveroo inicia trámites para marcharse de España

BARCELONA (Sputnik) — La plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo anunció que inició los trámites para cesar sus operaciones en España, a pocos días de que entre en vigor la ley que protege a los 'riders'.

En un comunicado, la compañía del Reino Unido trasladó la "dura decisión de abrir un proceso de consulta" entre sus empleados, como parte del proceso legal para "cesar operaciones en España".

"La decisión final no está tomada. Ahora empieza un proceso de consulta que podría alargarse durante unos meses. Durante este periodo, nuestro servicio seguirá operando con normalidad", precisó la empresa.

Esta decisión se da después de que el Gobierno de España aprobara en mayo la denominada "ley rider", una nueva norma destinada a reforzar la protección legal de los repartidores que trabajan para plataformas digitales.

Se trata de una ley pionera en Europa que convierte a los riders en trabajadores asalariados, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo de España, que en 2020 reconoció la relación laboral entre repartidores de Glovo y la compañía.

Deliveroo explicó que "no ha sido una decisión fácil" pero justificó que su ambición es "ofrecer un servicio que funcione de manera impecable" para clientes, repartidores y restaurantes.

"Donde no podamos hacerlo al nivel que nosotros deseamos y que ustedes merecen, siempre estudiaremos todas nuestras opciones", manifestó la compañía, que en España trabaja con 2.500 riders y 9.000 restaurantes de más de 70 municipios.

Aunque Deliveroo no relacionó públicamente la entrada en vigor de la ley rider con su decisión, en una encuesta publicada en julio concluyó que el 88% de sus repartidores no obtendría "suficientes ingresos para subsistir" por la nueva norma.

"Un 92% de los riders encuestados considera que en la actualidad operan como profesionales autónomos, siendo totalmente libres en sus decisiones de reparto, y un 91% desearía continuar con este modelo", según la empresa.

La ley entra en vigor a mediados de agosto, dando un margen de tres meses a las plataformas para que hagan los cambios necesarios en cuanto a sus colaboradores.