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Empresa palmicultora demanda a comuneros ecuatorianos que denuncian contaminación

Palma aceitera - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2021
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QUITO (Sputnik) — La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador denunció que siete defensores del territorio de la comuna Barranquilla de San Javier, en la provincia de Esmeraldas (oeste), enfrentan una demanda de una empresa dedicada al cultivo de palma.
"Siete defensores del territorio de la comuna de Barranquilla de San Javier, ubicada en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, enfrentan una demanda millonaria interpuesta por la empresa palmicultora Energy & Palma S.A. del grupo empresarial La Fabril", dijo la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador en un comunicado.
La empresa reclama una compensación por un monto de 320.000 dólares, por el supuesto delito de violación de propiedad privada.
Según la Alianza, la demanda surge ante las acciones de resistencia pacífica impulsadas por las personas denunciadas orientadas a exigir que la palmicultora se retire de sus territorios comunales.
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Los comuneros señalan a la empresa Energy & Palma S.A. por problemas que van desde la contaminación de la tierra, los ríos y el aire hasta la deforestación de un remanente del bosque primario Chocó, que se encontraba en su territorio, para reemplazarlo con el monocultivo de palma.
De acuerdo con el comunicado, la compañía alega ser propietaria de 251 hectáreas que se encuentran en territorio de la comuna Barranquilla de San Javier, respaldada en escrituras suscritas en 2006.
Sin embargo, los defensores de la tierra aducen que la empresa invadió su territorio, pues tienen documentos que legitiman su derecho a la propiedad, según un título de propiedad comunitario que data del año 2000.
Además, se fundamenta en informes jurídicos, que son parte de un estudio de tenencia, tierras en territorios comunales de la provincia de Esmeraldas, realizado por el Ministerio de Agricultura de Ecuador en septiembre de 2017.
En dicho documento se indica que la palmicultora está asentada en parte de territorio que le pertenece a la comuna, señalo el comunicado.
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Según la Alianza, el año anterior la empresa obtuvo medidas cautelares en el juzgado de San Lorenzo y desalojó a los comuneros de los terrenos con el apoyo de la fuerza pública.
La Alianza por los Derechos Humanos sostiene que esos actos contravienen el derecho a la protesta pacífica garantizado en la Constitución de Ecuador y se oponen al Acuerdo de Escazú (ratificado por el Estado) sobre derechos colectivos.
Por ello, la organización exige que la justicia del país sudamericano desestime la demanda planteada por Energy & Palma.
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