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El Gobierno boliviano, comprometido a cumplir las recomendaciones de la CIDH

© AP Photo / Natacha PisarenkoLos partidarios de Evo Morales en Senkata en noviembre de 2019
Los partidarios de Evo Morales en Senkata en noviembre de 2019 - Sputnik Mundo, 1920, 22.07.2021
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Este 23 de julio es el día tan esperado por los familiares de las 37 personas asesinadas en el marco del golpe de Estado de noviembre de 2019: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará su informe final sobre las vulneraciones de derechos cometidas durante y luego del derrocamiento del expresidente Evo Morales (2006-2019).
"La asociación está ahorita con la esperanza de encontrar justicia", dijo a Sputnik la presidenta de la Asociación de Heridos de la Masacre de Senkata, Marisol Rodríguez.
En este barrio de la ciudad de El Alto, departamento de La Paz, fue ejecutada una masacre el 19 de noviembre de 2019, cuando militares y policías —según los testimonios— abrieron fuego contra la población y asesinaron a 10 vecinos.
Ella, como otros cientos de víctimas, prestó su testimonio al Grupo de Especialistas Independientes (GEI), de la CIDH: "Nosotros les dimos nuestras declaraciones, les hemos mostrado fotografías y otras evidencias, como los resultados de las autopsias, que se han hecho en la iglesia de Senkata", comentó Rodríguez.
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Con todas las pruebas que aportaron las víctimas, "tenemos la esperanza de que se pueda distinguir la culpabilidad de cada parte: de los comandantes [de las Fuerzas Armadas y de la Policía boliviana], de los ministros [del Gabinete de la presidenta de facto Jeanine Áñez], de la señora Áñez (2019-2020) y de otras personas más", confió la presidenta de la asociación.
Aquel 19 de noviembre su esposo, Álvaro Valencia, recibió un tiro en el brazo cuando estaba cerca de la entrada de su domicilio. Desde entonces no puede desempeñarse en su oficio de mecánico.
"Lamentablemente, los médicos del Hospital Arco Iris ya le dijeron que ya no iba a recuperar el movimiento del brazo, ni con 100.000 fisiatrías", relató su esposa.
El Gobierno de Luis Arce adelantó que las recomendaciones del organismo, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), serán de carácter vinculante para las autoridades bolivianas. Esto quiere decir que serán de cumplimiento obligatorio, con fuerza de ley.
Posiblemente, con este documento en la mano motorice en la Asamblea Legislativa Plurinacional un juicio por responsabilidades contra Áñez y sus excolaboradores, por las graves vulneraciones de derechos cometidos por su Gobierno durante las masacres.
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Un golpe continental

El 8 de julio pasado se supo que el Gobierno de Argentina envió materiales represivos al recién nacido Gobierno de facto, el 12 de noviembre de 2019. A pesar de los esfuerzos de los medios privados bolivianos por desvirtuar esta noticia, cada día aparecen nuevos documentos y evidencias que demuestran la cooperación entre países para reprimir a este pueblo, en una suerte de Plan Cóndor del Siglo XXI.
Porque no colaboró solamente Argentina, cuyo presidente en ese momento era Mauricio Macri (2015-2019). También envió insumos represivos el Gobierno de Ecuador, a cargo en ese entonces de Lenín Moreno (2017-2021).
Y en la célebre reunión en la Universidad Católica Boliviana, que tuvo lugar el 11 de noviembre de 2019, participaron las embajadas de Brasil y de la Unión Europea. En esa cita se definió quién ocuparía el lugar del presidente derrocado.
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Nelson Cox, viceministro de Régimen Interior, indicó que el Estado boliviano impulsará el inicio de procesos contra quienes desde afuera atentaron contra la democracia local.
"Tienen que esclarecerse las responsabilidades. Eso se va a analizar con la Procuraduría General del Estado. Esta función será también para ver procesos penales en Bolivia y si hace falta activar procesos penales internacionales", dijo en una entrevista con el canal televisivo Red Uno.
En el caso de Macri, podría ser juzgado por contrabando de armamento, lo cual le podría deparar una sentencia a prisión de 30 años en el Estado Plurinacional. Además, tiene un proceso ya iniciado en Argentina por contrabando agravado.
Aún no se logró esclarecer si las municiones, gases y otros elementos llegados de países hermanos fueron utilizados en la masacre de Senkata. "Es un poco doloroso que un país ayude pues a masacrar a la gente. Nosotros, sinceramente, no teníamos conocimiento. Hemos tratado de buscar los botelloncitos de gases, las balitas", que juntaron luego de la masacre. Pero ya no lograron encontrarlos, aseguró Rodríguez.
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El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, indicó que en Argentina está registrada la salida de 70.000 cartuchos de balas de goma, que habrían entrado ilegalmente al Estado Plurinacional.
"Tenemos conocimiento de que 26.900 fueron a parar a la Policía boliviana, 40.000 a la Fuerza Aérea. Y estamos investigando dónde fue a parar la diferencia", de 3.100 municiones, dijo al diario Página 12, de Argentina. Sputnik intentó contactarse con el ministro Del Castillo, pero no obtuvo respuesta.

Una investigación rigurosa

Damián Andrada es magíster en Ciencia Política y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Argentina. Vive en Santa Cruz de la Sierra con su pareja, una ciudadana boliviana con quien se casará en los próximos días. Por lo tanto, se puede afirmar que es un analista argentino-boliviano.
"Tanto el Estado de Bolivia como el Estado argentino realizan procesos de investigación que dan la sensación de que son serios y rigurosos. Están presentando documentación que certifica el envío de material", dijo Andrada a Sputnik.
También se refirió al cerco mediático, alzado en Bolivia para tratar de desvirtuar las evidencias que aparecen constantemente: "Recordemos que la oposición de Bolivia decía que la carta de Jorge Terceros [excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana] era falsa", mencionó.
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Esa misiva estaba dirigida al entonces embajador argentino, Normando Sánchez, en agradecimiento por el envío de material represivo para las Fuerzas Armadas y policiales de Bolivia. A partir de este documento se desencadenó una investigación que demuestra el grado de coordinación entre gobiernos de la región para derrocar a Morales.
"Aparecieron por lo menos cuatro documentos que demuestran la veracidad de los hechos, aparecieron fotos del material", dijo Andrada. Sin embargo, la operación mediática no cede en la prensa opositora.
"Hubo un titular de Página Siete que decía que se desbarataba la denuncia contra Mauricio Macri. Al día siguiente, estaban publicando la nueva evidencia. Así cambian los discursos de los medios opositores bolivianos. Eso demuestra que las investigaciones se están llevando de modo correcto".

Atando cabos

A la luz de la nueva información, el pasado se reinterpreta: "Uno empieza a atar cabos, porque cuando Áñez asumió se produjo un cambio geopolítico muy grande. Hubo un nuevo alineamiento total con Estados Unidos, en aquel momento bajo la administración de Donald Trump (2017-2021)", recordó Andrada.
Además, "Bolivia salió del ALBA [Alternativa Bolivariana para las Américas] y de la UNASUR [Unión de Naciones Suramericanas]. En cambio, el país ingresó al Grupo de Lima, donde se reunían esos países geopolíticamente alineados con EEUU que pedían algún tipo de intervención a Venezuela".
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Sin olvidar "la vuelta a Bolivia de la USAID [Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos], que había sido expulsada por Evo Morales [en 2013] por actos de injerencia en política interna".
A ello se sumó el cierre de las embajadas de Bolivia en Nicaragua e Irán, la eliminación del pedido de visa para ciudadanos de EEUU e israelíes, enumeró Andrada. Sumado a ello, está el hecho de que ninguno de los países de la región quiso prestar su espacio aéreo para que Evo Morales huyera de Bolivia a México, luego de su derrocamiento.
En ese lapso "se pudo ver a países del Grupo de Lima intervenir en lo que fue un golpe de Estado", sostuvo Andrada.
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