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Pagar o no pagar: Puerto Rico y su polémica renegociación de la deuda

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Mientras el Gobierno local impulsa un plan de pago de deuda que se cerrará en noviembre en el Tribunal de Quiebra de EEUU, movimientos sociales y expertos en la materia se manifiestan para evitar que se concrete. Sputnik dialogó sobre la renegociación con uno de sus críticos, el profesor José González Taboada.
A contramano de la decisión de su predecesor Ricardo Rosselló, el actual gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, inició el proceso de renegociación de la deuda del Estado sin su previa auditoría. Esta condición se había establecido ante las múltiples denuncias de irregularidades en la emisión de deuda de diferentes organismos.
"Inconstitucionalidad" e "ilegalidad" son algunas de las características con las que se ha descrito al pasivo de la isla, debido a las irregularidades en sus plazos o en el destino de los fondos adquiridos.
Por este motivo, sindicatos, grupos estudiantiles y expertos en la materia denuncian la situación y se manifiestan en las calles. Buscan evitar que los acreedores acepten la propuesta del Gobierno y esta llegue al Tribunal de Quiebra de EEUU.
Según explicó a Sputnik el profesor José González Taboada, crítico de la renegociación sin auditoría previa, esta provocará una disminución importante del presupuesto público en las próximas décadas.
"Para sacar ese dinero del presupuesto se hará necesario recortar las pensiones y se le seguirá quitando dinero a la Universidad de Puerto Rico, que ya está hasta el hueso de tanto que le han sacado", explicó el presidente de la Comisión para la Auditoría de la Deuda Pública, organización privada dedicada al tema.
La Junta de Supervisión Fiscal —encargada por el Gobierno— tiene como cometido la renegociación de 72.000 millones de dólares, de los cuales la mayor parte se le debe a bonistas. A esta se suma un pasivo del Estado de 40.000 millones de dólares con pensionistas y empleados activos.
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