Abogado de Maduro considera el 'limitado' reconocimiento de Guaidó sobre el oro venezolano

LONDRES (Sputnik) — El Gobierno del Reino Unido emitió una declaración de reconocimiento del dirigente opositor venezolano, Juan Guaidó, que no le confiere el poder ejecutivo necesario para reclamar la autoridad sobre las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE, en sus siglas en inglés).

Con este argumento inició su intervención, este miércoles 21, Nicholas Vineall, principal abogado del presidente Nicolás Maduro en las vistas orales sobre el derecho de acceso a los estimados 1.600 millones de euros, que transcurren esta semana en el Supremo del Reino Unido.

"Las palabras del canciller son deliberadas, prudentes, limitadas e insuficientes para conseguir lo que desea la junta del señor Guaidó", sostuvo el letrado en la tercera jornada de audiencias en la sala uno del tribunal.

El letrado se refería al "certificado de reconocimiento" y una explicación adicional que el ministro de Exteriores, Dominic Raab, remitió a la corte de máxima instancia del país, en los que revalida la "competencia de Guaidó "para actuar como jefe de Estado" y "representar a Venezuela en el plano internacional".

Vineall aclaró a los cinco lores jueces que presiden el recurso que la Unión Europea rebajó su reconocimiento del exdiputado y principal contrincante de Maduro como "presidente interino" en enero de 2021.

"La UE ya no le trata como presidente de Venezuela", certificó el experto legal británico en disputas comerciales.

El abogado añadió que Raab no aporta, en sus declaraciones e intervención legal en el caso, "ninguna indicación de la postura del Gobierno (británico)" en el punto "profundamente importante" de quien ejerce la "soberanía real en Venezuela".

"El reconocimiento 'de facto' [de hecho] de estar a cargo del gobierno es clara y notablemente ausente", expuso, relacionando dicha laguna con la cuestionable validez y legalidad de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Guaidó para gestionar las reservas soberanas en el extranjero.

El abogado se refirió a sentencias judiciales de casos de expropiación en la Unión Soviética y litigios de autoridad durante la Guerra Civil española, entre otros, para ilustrar y avalar sus argumentos.

Timothy Otty, de la defensa de Guaidó, refutó posteriormente cualquier relevancia entre poder efectivo en Caracas y la posición presidencial que el Ejecutivo británico ha brindado al líder opositor desde febrero de 2019.

"Es erróneo cuestionar quien está efectivamente en control del gobierno", alegó el abogado antes de subrayar que la vía correcta sería preguntar "quién es considerado presidente y a quien se le han conferido los poderes legales de la presidencia".

El equipo legal de la junta alternativa del BCV apuntala su caso en la "doctrina de una voz" y el principio del acto estatal por los que el poder judicial debe aceptar las decisiones del Ejecutivo y no ha de cuestionar ni investigar el fundamento o contexto de dichas decisiones.

Por el contrario, los representantes de Maduro en el proceso ponen en duda la legitimidad de las acciones de Guaidó y la legalidad internacional de una junta que ha sido condenada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

En liza está el futuro de 23 toneladas de oro depositadas en el BoE, cuyo control y acceso reclaman ambas partes.

También está retenida en el Reino Unido una partida adicional de unos 125 millones de dólares derivados de una transacción comercial con reservas venezolanas ejecutada por el Deutsche Bank, cuyo destino debería aclararse junto con la resolución del caso principal.

En este sentido, Otty levantó la posibilidad de que las sanciones internacionales vigentes impidan la entrega de las reservas del BoE a la junta "chavista" del BCV, aunque los jueces lores emitan una sentencia en su favor.

La vista ante el Supremo concluyó finalmente, este miércoles 21, con la garantía expresa del presidente del Tribunal, lord Reed, de que se pronunciarán "lo antes posible".

El litigio que inicialmente enfrentó al BCV con el BoE se ha tramitado con urgencia en todas las instancias judiciales por las que ha pasado desde su fase inicial, en mayo de 2010.