Los lores jueces cuestionan la legalidad de los actos de Guaidó

LONDRES (Sputnik) — La intervención del Gobierno británico en respaldo de Juan Guaidó y en renuncia del presidente Nicolas Maduro ha dado un vuelco al contencioso por el control del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra que examina el Tribunal Supremo del Reino Unido.

Poder real y en el papel

¿Cuál es la junta efectiva del Banco Central de Venezuela (BCV)? ¿Dónde resta la soberanía que garantice el acceso a las reservas de oro que están depositadas en el Banco de Inglaterra? ¿Quién retiene el poder legal en Caracas? Estas cuestiones se plantearon este martes 20 el panel de jueces del Supremo del Reino Unido que atiende el recurso interpuesto por el dirigente opositor Juan Guaidó y su "junta adhoc" del BCV.

El líder venezolano reclama la autoridad sobre los estimados 1.600 millones de euros y avanza en el proceso judicial respaldado por el Gobierno conservador británico. El canciller Dominic Raab reafirmó el reconocimiento de Guaidó como "presidente constitucional interino" hasta que se celebren "elecciones creíbles" y aceptó intervenir directamente ante el Supremo, después de más de un año de litigio en diferentes cortes inglesas y tras una sentencia del Tribunal de Apelación favorable al presidente Nicolás Maduro

"El canciller, en nombre del Gobierno, confirma que el Reino Unido reconoce al señor Guaidó como presidente de Venezuela desde el 4 de febrero de 2019 y continúa reconociéndole en esa capacidad. Desde esa fecha ya no reconoce al señor Maduro como jefe de Estado", constató el abogado del Gobierno, sir James Eadie.

El letrado admitió que el "certificado de reconocimiento… no implica, ni necesita implicar, que el señor Guaidó tenga control efectivo sobre el terreno en Venezuela ni que sea capaz de ejercitar las funciones de gobierno". Este vacío de poder del político opositor en la realidad del día a día representa una línea de ataque para la junta "chavista" del BCV en la que incidieron sus abogados en la vista oral de este martes. "Lo esencial es quien tiene el poder soberano en Venezuela, no a quien le gustaría al Gobierno británico que lo tuviera", puntualizó Nicholas Vineall, asociado al despacho Zaiwalla.

Maniobra política

Sir Jeffrey Jowell, del mismo equipo legal, subrayó la importancia de la "realidad" en el país latinoamericano en tanto que, según expuso, Guaidó podría pasar de "controlar nada a estar a cargo de dos mil millones de dólares sin la supervisión de los tribunales" de Justicia. Ambos sostienen que el nuevo certificado del Gobierno del Reino Unido es un "reconocimiento de jure" (de derecho) como jefe de Estado del exdiputado, que "persigue el cambio constitucional" sin ajustarse a la realidad en Venezuela.

"No reconoce a nadie como jefe del gobierno … cuando la soberanía es la piedra angular para que una designación sea efectiva", respondió Vineall ante las preguntas de varios de los cinco jueces que dirimen el caso, incluido el presidente del Supremo, lord Reed.

El bando opositor centra su posición en el "principio fundamental" de la llamada "doctrina de una voz" del Ejecutivo y el poder Judicial, que no admite "excepciones" en los "términos absolutos" en que encuadra el reconocimiento o no reconocimiento de un Estado extranjero. "Es una clásica "área prohibida" que no es susceptible de ser examinada judicialmente", sostiene el equipo legal de Guaidó.

Pagan los venezolanos

Las vistas orales continuarán el miércoles 21 —quizá incluso otro día más— en este proceso que puede costar unos cuatro millones de euros al pueblo venezolano, según estimaciones de profesionales legales recogidas por Sputnik. El litigio llegó a los tribunales en mayo de 2020 y desde entonces avanza con celeridad por las distintas instancias judiciales, hasta el Supremo del Reino Unido.

Pero los gastos legales corren ya a cargo del contribuyente venezolano, según trascendió en diciembre. La corte impuso un adelanto de 400.000 libras (unos 450.000 euros) al bando de Guaidó a raíz del fallo contrario en el anterior recurso de Apelación. El dinero se pagó con retraso y, como confirmó con sorpresa el abogado de la junta de Maduro, mediante una transferencia procedente de una cuenta del BCV en Nueva York.