La Unidad argentina de Información Financiera pide acceder a causa que imputó a expresidente

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina solicitó acceder al expediente en el que fue imputado el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) por el presunto contrabando de armas a Bolivia durante el golpe de Estado en 2019.

La UIF "pide acceder a la causa" que investiga el suministro de armamento a Bolivia, informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.

La institución pidió tener acceso al expediente al considerar que pudo haber indicios de los delitos de contrabando agravado de armamento bélico, malversación de caudales públicos y delitos precedentes de lavado de activos en la provisión de material represivo a Bolivia.

El organismo aconsejó investigar la falta de supervisión en la Dirección General de Aduanas y apuntó contra los empleados de este organismo, que en connivencia con los funcionarios de aquel momento, eran las máximas autoridades institucionales en la administración de los bienes del Estado.

Esto "daría pie para investigar también la traza del equipamiento, su destino final, y su eventual introducción en el mercado ilegal de armas", alegó la UIF.

El organismo pidió así tener conocimiento del caso sin descartar que, si la información lo permite, promueva una denuncia penal contra los imputados o decida sumarse a la causa como querellante.

La causa, originada a partir de una denuncia del Gobierno de Alberto Fernández, recayó en el juez en lo Penal Económico 9, a cargo de Javier Lopez Biscayart.

El expresidente Macri fue imputado el 16 de julio por el fiscal del caso, Claudio Navas Rial.

Corrieron la misma suerte quien fuera la ministra de Seguridad de la gestión precedente, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Oscar Aguad.

El fiscal también apuntó contra el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, el exdirector de Gendarmería, Gerardo José Otero, el exdirector de Logística de esta fuerza federal, Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones de esa fuerza, Carlos Miguel Recalde.

Acusaciones

La actual administración solicita que se investiguen los delitos de "contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra".

También requieren que se indague en los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, entre otras figuras penales.

La Gendarmería argentina requirió en noviembre de 2019 a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) autorización para llevar hasta Bolivia un total de 70.000 cartuchos de balas de goma que nunca regresaron, según reflejan tres documentos de esta fuerza federal a los que tuvo acceso Sputnik.

Otra nota enviada el 13 de noviembre por el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, al entonces embajador argentino Norberto Álvarez García, agradece el envío 40.000 cartuchos de balas de goma AT 12/70 (antitumulto), además de 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC.

El ministro argentino de Defensa, Agustín Rossi, corroboró que esas municiones fueron enviadas en un avión Hércules C-130 el 12 de noviembre de 2019, vuelo en el que también viajó personal de la Gendarmería.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, confirmó este 19 de julio que ingresó de manera ilegal desde Argentina armamento que no fue registrado, lo que constituye "tráfico ilícito de municiones".

Alberto Fernández pidió disculpas al Gobierno boliviano tras constatar el envío que realizó la gestión precedente a las fuerzas que forzaron la renuncia del expresidente Evo Morales (2006-2019) el 10 de noviembre de 2019, un día antes de que el exmandatario se exiliara y fuera acogido como refugiado en México y luego en Argentina.

La UIF es un organismo de carácter autónomo que investiga el lavado de activos, los delitos económico-financieros complejos y la financiación del terrorismo.