Indígenas en el sur de México liberan a 14 policías judiciales

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Catorce investigadores de la Fiscalía de Oaxaca fueron liberados tras permanecer retenidos 3 días por indígenas de la comunidad de Santiago Textitlán, que todavía mantienen en su poder a 20 agentes de la Guardia Nacional para exigir reparación de daños por incursiones de grupos armados en la Sierra Madre Oriental.

"Gobierno de Oaxaca informa que 14 miembros de la fiscalía salieron del lugar, 20 Guardias Nacionales continúan en la casa comunitaria" de Santiago Textitlán, informó el noticiario local Milenio TV.

Horas después, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, llegó a la comunidad de esa región montañosa para dialogar con pobladores que retuvieron a 20 guardias nacionales y 14 agentes de la fiscalía para exigir que sus demandas de seguridad sean atendidas.

Entre los acuerdos alcanzados en la negociación entre altos funcionarios del Gobierno de Oaxaca y la Defensoría de Derechos Humanos de esa entidad del sur del país con habitantes de Textitlán está el incremento de efectivos de la Guardia Nacional y Policía Estatal para patrullar la zona que es objeto de una disputa territorial.

Los pobladores retuvieron a los guardias y agentes y tomaron control de sus armas y tres camionetas para que las autoridades federales y de Oaxaca se comprometan a "resarcir de manera inmediata" los daños que sufrió su comunidad en incursiones de grupos armados en diciembre del año pasado y mayo de este año, donde murieron dos pobladores.

Disputa entre comunidades

Las autoridades acordaron además celebrar una audiencia de los pobladores insurrectos con el fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, el próximo lunes 19 de julio.

La retención del personal federal y estatal fue para exigir una solución a un prolongado conflicto agrario en Río Santiago.

Desde hace más de cuatro décadas, Santiago Textitlán enfrenta un conflicto agrario con sus vecinos de Xochiltepec, que obligó a las familias de Río Santiago (Textitlán) a refugiarse en un albergue desde hace ocho meses.

La instrucción del gobernador Alejandro Murat, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien es aliado político del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue "dialogar, acordar y encontrar los canales de solución".

La población insurrecta ofreció alimentación y albergue a los guardias y agentes retenidos, para negociar un documento de compromiso para resarcir los daños perpetrados por grupos de criminales armados.

La investigación se inscribe en una ola de cientos de problemas agrarios que padece la entidad sureña, dijo el 15 de julio el secretario general del Gobierno de Oaxaca, Francisco García López, quien fue el primer alto funcionario en llegar a la remota comunidad.

"Así como este problema, tenemos 300 conflictos en Oaxaca, de los cuales 20 podemos decir que están con focos rojos, y tenemos que atender de manera cotidiana", dijo el responsable de la política interior oaxaqueña.

En la entidad sureña con costas del Pacífico mexicano, de 94.000 km2, un territorio agreste más grande que Portugal, viven cuatro millones de habitantes, entre quienes los pobladores de 16 etnias originarias son la inmensa mayoría, que se gobiernan por las reglas de "usos y costumbres" indígenas.