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Indígenas retienen en sur de México a 45 guardias y policías judiciales

© AFP 2023 / Alfredo EstrellaUn agente de la Guardia Nacional de México (archivo)
Un agente de la Guardia Nacional de México (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 15.07.2021
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un grupo de 20 agentes de la Guardia Nacional de México, 10 policías y 15 investigadores de la Fiscalía de Oaxaca permanecen retenidos por indígenas de la comunidad de Santiago Textitlán, confirmaron autoridades federales y de ese estado.
Los indígenas exigen a las autoridades que reparen los daños de incursiones de grupos armados en una zona remota la Sierra Madre Oriental.
La Guardia Nacional informó este 15 de julio en su cuenta de Twitter que "se encuentra en el municipio de Santiago Textitlán, Oaxaca, participando junto con otras autoridades en el diálogo con los pobladores y en espera de acuerdos con el Gobierno del estado".
La corporación federal encargada de la Seguridad Pública de todo el país, integrada en su mayoría por militares, agregó que sus agentes "privilegian la negociación para que este conflicto sea resuelto de manera favorable".
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Los pobladores retuvieron a los guardias y agentes y tomaron control de sus armas y tres camionetas, para que las autoridades federales y de Oaxaca se comprometan a "resarcir de manera inmediata" los daños que sufrió su comunidad en incursiones de grupos armados en diciembre del año pasado y mayo de este año.
"Hubo dos entradas de grupos a la comunicad de Santiago del Río y quemaron casas de los pobladores, que se tuvieron que ir a la cabecera del municipio que es Santiago Textitlán", explicó en secretario general del Gobierno de Oaxaca, Francisco García López.
El enviado gubernamental a la zona montañosa dijo en entrevista con el noticiario de Milenio TV que "los pobladores tuvieron a bien retenerlos (a los guardias policías y fiscales) para solicitar que se pudiera entablar una negociación en la que solicitaban que el Gobierno del Estado se comprometiera a resarcir de manera inmediata los daños ocasionados el 20 de diciembre y el 12 de mayo".

Exigencias y negociación

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que los agentes de corporaciones federales y judiciales "están dialogando, pero no están secuestrados, son autoridades del estado (de Oaxaca) las que pidieron el apoyo de la Guardia Nacional y están en la comunidad dialogando, es lo que nos informaron hoy [el 15 de julio] en la mañana".
Sin embargo, García López dijo que la negociación aún no logra un acuerdo para liberar a los retenidos.
"Se complicó el tema porque la comisión, por cuestiones de la orografía de Oaxaca, llegó tarde [la noche del 14 de julio] y esto nos complicó un poco la situación con la comisión", dijo el funcionario.
En la entidad sureña con costas del Pacífico mexicano, de 94.000 km2, un territorio agreste más grande que Portugal, viven cuatro millones de habitantes, entre quienes los pobladores de 16 etnias originarias son la inmensa mayoría que se gobiernan por "usos y costumbres" indígenas.
"Era un tema de la fiscalía únicamente, pero se solicitó el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública para que los agentes de investigación pudieran desarrollar su trabajo en completa calma", explicó García López a la televisión local.
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Los indígenas afectados exigen que el Gobierno pague la destrucción de sus viviendas y de la infraestructura comunitaria.
La investigación se inscribe en una ola de cientos de problemas agrarios que padece la entidad sureña.
"Así como este problema, tenemos 300 conflictos en Oaxaca, de los cuales 20 podemos decir que están con focos rojos, y tenemos que atender de manera cotidiana", dijo el responsable de la política interior oaxaqueña.
La instrucción del gobernador Alejandro Murat, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien es aliado político del presidente López Obrador es "dialogar, acordar y encontrar los canales de solución".
Los indígenas han dado alimentación y albergue a los guardias, policías y agentes, mientras las autoridades analizan el documento de compromiso presentado para resarcir los daños perpetrados por los grupos criminales armados.
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Los conflictos en Oaxaca se presentan al mismo tiempo que ocurren otras irrupciones de grupos armados en los estados de Guerrero y Michoacán, en la franja costera sur del Pacífico, asoladas por cultivo y tráfico marihuana y amapola o adromidera para producir opio, además de rogas sintéticas y contrabando de minerales.
Ese cóctel de la delincuencia organizada llevó a López Obrador a la controvertida decisión de encomendar el peso de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, y a militarizar las aduanas y puertos, con un decreto publicado este mismo 15 de julio.
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