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Argentina: empresario cómplice de la dictadura, más cerca de una condena ejemplar

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La Corte Suprema argentina allanó el camino para el juicio a Carlos Blaquier, expresidente de la empresa azucarera Ledesma, caso emblemático de connivencia del poder económico con los delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), cuando se cumplen 45 años de los secuestros masivos de la Noche del Apagón.
Cuentan los sobrevivientes que la luz eléctrica se cortó en todo el poblado pasada la medianoche, un apagón que aparentaba normal hasta que comenzaron a escucharse el chirrido de los vehículos al frenar, las patadas a las puertas de las casas humildes y los gritos de terror, que resonaron como ecos en lo profundo de la noche más oscura.
Entre el 20 y 27 de julio de 1976, cuatro meses después de iniciada la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), alrededor de 400 personas fueron secuestradas en el medio de la oscuridad total y el frío helado del invierno por las fuerzas de Seguridad en la pequeña ciudad de Libertador General San Martín y la localidad de Calilegua, en la provincia de Jujuy, distrito del extremo noroeste del país.
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Conocida como la Noche del Apagón en la historia argentina, en realidad fueron varias noches, y los desaparecidos por la Policía de la provincia de Jujuy, la Policía federal, el Ejército y Gendarmería eran trabajadores sindicalizados, delegados y referentes gremiales, estudiantes y militantes políticos, todos vecinos de estos poblados que crecen dependientes del ingenio azucarero de la empresa Ledesma, dueña y patrona del lugar.
"En marzo de 1976 comenzaron las detenciones de algunos dirigentes más o menos conocidos en la provincia. Como las luchas sindicales no cesaron, en los pueblos de trabajadores del ingenio Ledesma ocurrieron 'las noches del apagón', por orden del Ejército y con la complicidad y el señalamiento de los directivos", dijo a Sputnik Luis Urtubey, presidente de la regional Jujuy de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), histórico organismo de la sociedad civil en Argentina.
De las 400 personas secuestradas, 55 nunca volvieron y jamás fueron encontradas. Sobrevivientes y testigos señalaron años más tarde que la alta gerencia de la empresa fue quien se encargó de identificar a los perseguidos, además de facilitarles vehículos a la policía y los militares para el traslado de las víctimas a los centros clandestinos de detención.
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Carlos Pedro Blaquier, expresidente de Ledesma entre 1970 y 2013, quien hoy tiene más de 90 años, y Alberto Enrique Lemos, exadministrador de la empresa, fueron acusados como colaboradores del régimen y procesados, recién en 2012, por estos delitos de lesa humanidad, pero su juicio fue demorado por las instancias judiciales.
El 9 de julio de 2021, la Corte Suprema, máximo tribunal de Justicia argentino, revocó una sentencia de 2015 que esgrimía falta de mérito para evitar el juicio a los empresarios, por lo que los sobrevivientes y deudos se encuentran más cerca de obtener finalmente algún tipo de justicia en la causa que representa el caso más emblemático de complicidad del poder económico con los crímenes de la dictadura.

Ingenio para el mal

Ledesma es un poderoso conglomerado agroindustrial de 40.000 hectáreas, uno de los más grandes de Sudamérica, fundado en 1908. La empresa es propietaria de las tierras donde se encuentran las plantaciones de caña de azúcar y las plantas industriales donde se produce, por un lado, el endulzante blanco, y por otro, celulosa, papel y alcohol.
También es dueña de aquellas tierras sobre las que se sitúan las ciudades obreras, barrios que se construyeron originalmente para los trabajadores de la zafra, con viviendas de acuerdo a la categoría del empleado. Hoy Ledesma, como se conoce a Libertador General San Martín, tiene una población de 46.000 personas, y en Calilegua viven 6.000.
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El grupo empresarial cuenta con compañías de producción de combustibles, jugos concentrados y aceites esenciales, cuadernos y artículos escolares y plantaciones de frutas en las provincias norteñas de Jujuy, Salta y San Luis. También cuenta con más de 50.000 hectáreas dedicadas a la ganadería y la producción de cereales en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, en la zona de la Pampa húmeda, en el centro y este del país.
"La huelga es una forma de diálogo también, es parte del juego democrático. A partir del inicio de la dictadura dejan de solucionarse los conflictos a través del habla. El Gobierno militar empezó a perseguir, secuestrar, encarcelar, torturar y matar a trabajadores y estudiantes que representaban un peligro para el modelo que se quería imponer, que no incluía el bienestar de los trabajadores", contó Urtubey.
Las persecuciones políticas y las ofensivas militares en las provincias del noroeste argentino como Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy comenzaron antes de la suspensión del orden constitucional a nivel nacional de 1976, ya que estas áreas fueron escogidos por su geografía por las primeras guerrillas que surgieron en el país.
Desde finales de la década de 1950 y durante las de 1960 y 1970 comenzaron a aparecer los primeros ejércitos de liberación nacional y los movimientos populares radicales, inspiradas en el triunfo de la Revolución Cubana de 1959 e impulsadas como respuesta al golpe de Estado que derrocó al Gobierno democrático de Juan Domingo Perón (1946-1955), de enorme apoyo popular.
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Entre 1955 y 1973 Argentina vivió varias dictaduras con breves momentos de democracia intervenida ya que el peronismo estaba proscripto y Perón, exiliado. Fue un período marcado por inestabilidad y la violencia, el endurecimiento de la represión y la profundización de un modelo económico neoliberal, en un contexto mundial del enfrentamiento ideológico de la Guerra Fría.
En mayo de 1969, hubo una masiva insurrección popular conocida como Cordobazo, en la que trabajadores, universitarios y vecinos resistieron la represión de la Policía y el Ejército, en la capital de la provincia de Córdoba, en el centro del país. El 29 de mayo de 1970, la agrupación guerrillera urbana Montoneros, radicalización de la Juventud Peronista, asesinó al expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958).
Estos eventos detonaron las aspiraciones de continuidad de los gobiernos militares. Perón regresó a Argentina en 1973, ganó las elecciones y asumió nuevamente la Presidencia. Pero las peleas entre el ala conservadora y las juventudes de izquierda dentro del movimiento eran irreconciliables.
Perón murió meses más tarde, en julio de 1974, y dejó a cargo del Poder Ejecutivo a su viuda y vicepresidenta, María Estela Martínez, conocida como Isabel, una figura carente de peso político.
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José López Rega, mano derecha de Perón y ministro de Bienestar Social, creará la Alianza Anticomuninista Argentina, la triple A, un grupo terrorista paramilitar encargado de perseguir y asesinar a militantes de izquierda, que habían regresado a la clandestinidad.
En 1975, durante el colapso del Gobierno constitucional, comienza el Operativo Independencia en el noroeste argentino, sobre todo en Tucumán, Salta y Jujuy, que despliega las fuerzas militares dedicadas a destruir la insurgencia y lo que las cúpulas de poder denominan la subversión.
La guerra sucia será la justificación que usará la Junta Militar para tomar el poder por la fuerza una vez más, el 24 de marzo de 1976. Argentina era entonces el único país de Sudamérica con un sistema democrático en marcha.

Memoria, Verdad y Justicia

Con el regreso de la democracia en 1983 comenzaron a revelarse públicamente y profundizarse las investigaciones para encontrar respuestas y responsables por los delitos institucionales y encontrar a los 30.000 desaparecidos por el terrorismo de Estado.
Los organismos de derechos humanos se opusieron a una ley de autoamnistía de la Junta Militar y lograron que se derogara. Cuando se ordenó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), colaboraron activamente aportando personas para que puedan recopilar testimonios así como remitiendo toda la documentación que tenían en su poder acerca de las víctimas.
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Durante el Gobierno constitucional de Raúl Alfonsín (1983-1989), se realizó el juicio a las Juntas Militares de 1985, pero en 1986 y 1987 se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que aseguraron la impunidad del aparato militar.
Su sucesor, Carlos Menem (1989-1999), que gobernó una década marcada por la corrupción y las extravagancias, continuó con los indultos y enterró la idea de justicia. Recién con la llegada del nuevo milenio, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) impulsó la reapertura de las causas a los responsables del terrorismo institucional durante la última dictadura.
El Congreso lo transformó en política de Estado al derogar las leyes de y la Corte Suprema las dictó como inconstitucionales, además de confirmar como imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.
"Los juicios de lesa humanidad, que se sustanciaron en 2005, 2006 en Argentina, en Jujuy venían dormidos, estancados. Habían comenzado, pero ahí quedaron, porque dentro de la Justicia hay gente que tiene compromiso con la democracia y otros que no lo tienen", resaltó Urtubey.
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Se ha condenado a más de 1.000 personas desde 2003, pero el proceso de justicia por los delitos de la dictadura no está cerrado. Actualmente, se están llevando a cabo juicios para determinar las responsabilidades de las personas que cometieron delitos de lesa humanidad, incluidos no militares ni policías, civiles acusados de complicidad, como en el caso Ledesma.
"Es el ejemplo paradigmático para las generaciones venideras de la complicidad, demostrada en los estados judiciales. Recién ahora, con el fallo reciente de la Corte Suprema, Blaquier y Lemos, que gozaron con la protección de buena parte del aparato judicial durante mucho tiempo, vuelven a estar ante la posibilidad concreta de sentarse en el banquillo a dar explicaciones", destacó el referente de la APDH.
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