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Colombia hizo esfuerzos "insuficientes" para proteger vida de excombatientes

© REUTERS / John VizcainoFighters from Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC),are seen during the closing ceremony of a rebel congress near El Diamante in Yari Plains, Colombia
Fighters from Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC),are seen during the closing ceremony of a rebel congress near El Diamante in Yari Plains, Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 13.07.2021
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Colombia realizó esfuerzos "insuficientes" para detener los asesinatos a los excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, dijo a Sputnik el representante Especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en ese país sudamericano, Carlos Ruiz Massieu.
"Desafortunadamente, el número de excombatientes asesinados, de líderes sociales, de defensores de derechos humanos (…) es un número alto, hay que proteger la vida de ellos. El Gobierno ha hecho esfuerzos, pero han sido insuficientes. Se tiene que trabajar muy duro en eso, es fundamental", dijo Ruiz Massieu a Sputnik.
El funcionario consideró que este asunto "preocupa", porque es "fundamental" para la instrumentalización de la paz presente y futura.
Sin embargo, aseguró que hace una "evaluación positiva" de la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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"Se han logrado muchos avances, pero también tenemos grandes retos. Avances en áreas de reincorporación, [que] es la que mejor avanzó, no está libre de obstáculos, pero podemos señalar que hay más del 50% de los excombatientes vinculados a un proyecto productivo hacia adelante, es muy positivo. Pero también hay mucho reto porque hay que hacer esta reincorporación sostenible en el tiempo, es necesario que se avance en temas de tierras para vivienda y proyectos", agregó.
El 13 de julio, Ruiz Massieu presentó ante el Consejo de Seguridad de ONU, en Nueva York, el informe sobre la situación en Colombia, que abarca desde el 27 de marzo al 25 de junio de 2021.

Durante el período que abarca el informe, la misión verificó 16 homicidios de excombatientes de las FARC, al tiempo que fueron reportados por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un total de 49 asesinatos de líderes y defensores y defensoras de derechos humanos; además, se documentaron nueve masacres, mientras que otras 10 están en verificación.

Acuerdos con las FARC

Los acuerdos con la guerrilla desmovilizada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Colombia derribaron el "falso" dilema entre paz y justicia, aseguró Ruiz Massieu.
"Los acuerdos han tenido resultados muy claros (…) derriban ese falso dilema entre justicia y paz, esta justicia combina las dos", afirmó.
El 6 de julio, el exguerrillero colombiano Rodrigo Londoño, Timochenko, una de las principales figuras de las hoy disueltas FARC, dijo a Sputnik que el Gobierno de Colombia se ha beneficiado económica y políticamente de la guerra durante años y es por eso que pretende eliminar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
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Consultado por las declaraciones de Timochenko, Ruiz Massieu señaló que la justicia transicional polarizó al país, porque había distintas visiones sobre el tema.
Sin embargo, afirmó que hay que darles una oportunidad a estas instituciones, ya que han permitido materializar la justicia y la paz al mismo tiempo con resultados "muy claros".
"Hemos encontrado cuerpos, restos de personas desaparecidas que son importantes para que las familias hagan cierres, la Comisión de Verdad ha hecho eventos muy importantes de reconciliación entre víctimas y ex-FARC. Entonces, sí es verdad que la justicia transicional ha dividido al país sobre todo en el pasado y que puede haber todavía aquellos que reclaman que esta justicia no es la que quisieran, pero ya hay resultados (…) Los colombianos deben sentirse orgullosos", agregó.
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Señaló que es un "hecho histórico" que la excomandancia de las FARC reconociera los secuestros, los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
"Pidieron perdón en diferentes foros, esto es fundamental para avanzar hacia la reconciliación nacional, que es uno de los objetivos principales del acuerdo (…) Queremos que otros actores del conflicto, no solamente FARC, todos los demás que están compareciendo en la JEP, también aporten verdad y se pueda seguir avanzando con las víctimas", agregó.

Diálogo con ELN

Carlos Ruiz Massieu también añadió que hay voluntad de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) como del Gobierno que preside Iván Duque, para encontrar una vía de diálogo.

"Hay voluntad de las partes, del Gobierno y de la delegación [del ELN], de buscar una vía de diálogo. Pero todavía en nuestra exploración vimos que las distancias son muy amplias entre uno y otro", aseguró.
El 9 de mayo, el excomisionado de Paz de Colombia, Miguel Ceballos, anunció que Ruiz Massieu y la Iglesia católica se reunieron con delegados del ELN en La Habana para ver la posibilidad de reactivar los diálogos de paz.
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"Tanto nosotros como la Iglesia Católica, con anuencia del Gobierno y de la delegación, y con el apoyo fundamental de Cuba, hicimos algunos viajes, explorando alguna posibilidad", afirmó el jefe de la misión de ONU.
Aseguró que la iglesia ha sido el "aliado" de la misión y que siempre estarán "listos" para continuar con el diálogo; sin embargo, consideró que no es "un tema sencillo" que pueda resolverse en el corto plazo.
Ceballos informó que se "articuló un espacio indirecto de aproximación y exploración", en el que participaron la Iglesia y la ONU, aunque ninguna de las actividades implicó un diálogo directo entre miembros del ELN y representantes del Gobierno.

Comité del Paro

Por otra parte, Carlos Ruiz Massieu, consideró que el Gobierno de Colombia debe mantener el diálogo con el Comité del Paro.
"Hay necesidad de mantener el dialogo constante con el Comité, con los actores, con jóvenes, con diferentes grupos como vía para avanzar. Esperamos que esa sea la gran lección y esperamos que, si en el futuro hay más movilizaciones, se apueste al diálogo para llegar a acuerdos. ONU y la Iglesia, entre otros actores, estaremos listos para apoyar esa vía", dijo.
Asimismo, el jefe de la misión consideró que durante las protestas, que se realizaron entre el 28 de abril y el 15 de junio, se vio por un lado el Comité del Paro y por otro lado grupos de jóvenes e indígenas que tenían distintas reivindicaciones.
"De alguna manera, las demandas son naturales, fueron agravadas por la situación de la pandemia. Fue una situación complicada, en la cual Naciones Unidas en su momento expresó alguna preocupación por temas de derechos humanos, por uso desproporcionado de la fuerza", agregó.
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Consideró que los escenarios eran "complejos", porque había, de forma amplia, una manifestación pacífica, pero también había quienes aprovechaban la situación para cometer "actos vandálicos".
"Pero para nosotros lo más importante de este ejercicio fue otra vez rescatar la virtud del diálogo como mecanismo de solución de conflictos. Los diálogos locales que llegaron a resultaron concretos son de mucho valor", destacó.
Además, Carlos Ruiz Massieu señaló que la ONU tiene que verificar el número de muertes que ocurrieron durante las protestas en Colombia.
"Las cifras de la alta comisionada son informes que le llegaron sobre muertes, pero no son, hasta el último corte, verificadas, entonces todavía hay que refinar el dato. Hay que esperar la verificación", dijo.
Hasta el momento, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que son 59 las víctimas mortales; por su parte, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró a fines de junio que 25 personas murieron en el marco de las protestas antigubernamentales.
"Si hay alguna discrepancia en los números con el Poder Ejecutivo, entonces se hablará con el Gobierno. Cualquier muerte es lamentable, no debería suceder, independientemente de los números", aseguró Ruiz Massieu.
Entre el 28 de abril y el 15 de junio Colombia fue objeto de sendas manifestaciones lideradas por las principales centrales obreras en contra del Gobierno, en el marco de lo cual se dieron disturbios, actos de vandalismo y enfrentamientos entre civiles y policías que derivaron en denuncias de violaciones de derechos humanos.
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