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Cárceles en Ecuador: una situación fuera de control que amenaza con agravarse

© AFP 2021 / Marcos Pin MendezRevuelta en cárcel de Ecuador
Revuelta en cárcel de Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 12.07.2021
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QUITO (Sputnik) — Más de cuatro meses han transcurrido desde que Ecuador vio con espanto los crueles asesinatos que se dieron en cuatro cárceles del país, que dejaron 79 muertos; pero el temor de que en cualquier momento esa situación se repita, continúa latente.
La masacre del 23 febrero fue la peor de la historia carcelaria del país sudamericano, pero no fue la primera, y probablemente no será la última.
En 2018 hubo 15 muertes violentas en los centros carcelarios; en 2019 fueron 32 y en 2020 ascendieron a 51.
Luego de graves incidentes, en 2019 y 2020 se declararon varios estados de emergencia para las cárceles, pero ni los decretos de emergencia ni las masacres han cambiado la situación de los centros penitenciarios ecuatorianos.

Problemas que se agravan

Al igual que muchas en la región, las cárceles en Ecuador sobreviven en medio del hacinamiento, la falta de recursos, la escasez de personal y equipamiento, y un poder cada vez más creciente de bandas criminales, que han llegado incluso a formar sicarios en el interior de los establecimientos penitenciarios.
"La problemática del sistema penitenciario de Ecuador no es de ahora, se viene arrastrando desde hace mucho; los problemas se han ido agravando a través de los años", comenta a Sputnik la ex directora Nacional de Rehabilitación Social, Itania Villarreal.
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Año tras año, diversos sectores han alertado sobre las falencias del sistema carcelario, pero estas están lejos de ser corregidas.
Si bien las buenas prácticas sobre establecimientos de privación de libertad estipulan que debe existir al menos un guía penitenciario por cada seis presos, en la mayoría de las cárceles ecuatorianas la relación es de uno cada 20 o 30.
Las cárceles de Ecuador albergan a unos 38.000 detenidos, con un hacinamiento superior al 35%.
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El hacinamiento no permite un control efectivo de la seguridad de parte de los escasos guías penitenciarios, a lo que se une la precariedad en que viven las personas privadas de libertad.
Esa precariedad se expresa, por ejemplo, en falta de agua (cárcel de Latacunga, en el centro del país); construcciones antiguas (cárcel de Ibarra, en el norte), con los correspondientes problemas de energía eléctrica, y alimentación insuficiente y de mala calidad en todos los recintos penitenciarios, de lo que se aprovechan las bandas para tomar el control sobre necesidades elementales y vincular a otros privados de la libertad en diversos delitos, incluido el sicariato.

Responsabilidad estatal

En la masacre de febrero, los propios presos hicieron circular por redes sociales videos dantescos en los cuales se podía ver un corazón aun latiendo en las manos de uno de los asesinos, mientras otros cortaban la cabeza del cuerpo sin vida; brazos y piernas desmembradas con machetes y asesinos que se reían por los crímenes, dando cuenta del nivel de violencia y los problemas del sistema carcelario del país andino.
Los sucesos fueron atribuidos por el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) a la pugna entre bandas criminales por apoderarse del control de las cárceles.
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Sin embargo, los expertos sostienen que el problema va más allá de la existencia de bandas criminales al interior de los recintos carcelarios.
"Querer echar la culpa de la violencia solo a las bandas es querer deslindar la responsabilidad que tienen las instituciones estatales sobre las cárceles", dice a Sputnik la abogada especialista en derechos humanos y temas de privación de libertad, Daniela Oña.

Reforma integral

Según Oña, los problemas recurrentes en las cárceles del país evidencian la necesidad de realizar una reforma integral, que incluya no solo el sistema penitenciario sino todo el sistema de justicia penal, el sistema administrativo, el proceso de rehabilitación social y todo lo relacionado con la administración de los centros de privación de libertad.
"El Código Penal actual es uno de los principales problemas; se ha vuelto una norma sumamente punitiva; el número de delitos en los últimos años ha ido en aumento y con esto han aumentado las penas y se han reducido los mecanismos legales para permitir la pronta salida de las personas", destaca la abogada.
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De acuerdo a cifras oficiales dadas a conocer en marzo de este año, la cantidad de personas privadas de libertad se triplicó en Ecuador en los últimos trece años, pasando algo más de 13.000 presos en 2008 a casi 40.000 a principios de 2021, según publicó el diario El Universo.
Según Oña, la reforma integral debería incluir reformas normativas y de política pública que abarquen medidas efectivas de prevención del delito.
Esas reformas, sin embargo, no serán suficientes si no se fortalecen, simultáneamente, los procesos de rehabilitación social, para lo cual se requiere necesariamente mejorar las condiciones de los centros de reclusión y las capacidades institucionales tanto para el control como para la preparación de las personas privadas de libertad.

Injerencia politica

Los problemas estructurales que afectan al sistema carcelario del país son evidentes y a ellos se suma la injerencia política para la designación de directores, que terminan siendo personas sin conocimientos ni de rehabilitación ni de manejo de prisiones ni de legislación penitenciaria, con lo cual se agrava la situación.
"No se trata de cumplir favores políticos sino de designar al profesional indicado, pero eso no se ha venido haciendo", dice Villareal.
Oña, en tanto, destaca que si no se realiza una reforma integral dentro de unos años, la situación se repetirá.
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Para muestra, un ejemplo de hace un mes: en un megaoperativo realizado en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil (oeste), se detectó un taller de elaboración de armas, así como garitas de vigilancia para que los presos alerten a sus compañeros cuando se acerquen policías o agentes penitenciarios; las garitas fueron desmanteladas, pero nada garantiza que en esa cárcel o en otras el problema no vuelva a presentarse.
El operativo no hizo más que desmantelar, una vez más, las grandes falencias que esperan por decisiones del presidente Guillermo Lasso, que asumió funciones el pasado 24 de Mayo.
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