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Negociador mexicano de T-MEC denuncia "persecución política" de la fiscalía

© REUTERS / Henry RomeroIldefonso Guajardo, el secretario de Economía de México
Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía de México - Sputnik Mundo, 1920, 09.07.2021
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El exsecretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, quien fue el negociador jefe del nuevo Tratado México, EEUU, Canadá (T-MEC), dijo el viernes que la acusación por presunto "enriquecimiento ilícito" presentada por la Fiscalía General tiene mucho de "persecución política".
"Yo no quisiera acusar nada; pero me huele mucho a persecución política, voy a ser diputado del grupo de la alianza opositora; y claramente nuestra fracción parlamentaria reconoce mis capacidades y mi trayectoria, no puedo dejar de pensar que hay tintes políticos detrás de todo esto", dijo Guajardo en entrevista con el noticiario Radio Fórmula.
El opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) inscribió a Guajardo, funcionario del Gobierno anterior (2012-2018), en su lista de diputados por representación proporcional, para las elecciones legislativas del pasado 6 de junio de este año, y ocuparía una curul en el próximo Congreso que comienza labores el 1 de septiembre próximo.
La Fiscalía General de la República señala que el comportamiento de las finanzas personales de Guajardo es irregular de 2014 a 2018, y un juez federal dictó al imputado la obligación de firma periódica ante un tribunal y la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial.
Sin embargo, el magistrado rechazó la petición de la fiscalía de que se anulara el derecho del imputado a ocupar uno de los asientos de la próxima Cámara de Diputados.
"Estoy más tranquilo que esté en manos del Poder Judicial, porque es un poder en el que sí puedo confiar en su imparcialidad", dijo el exfuncionario quien fue dos veces diputado federal, al afirmar que ha sido investigado durante cinco años sin que los fiscales encuentren un posible delito.

Respuestas a las acusaciones

Desde 2019 Guajardo fue notificado de que la Secretaría de la Función Pública (Contraloría) abrió un análisis de las declaración patrimonial del exfuncionario.
"Ese análisis patrimonial lo desarrollaron y fui notificado en diciembre del 2019 de que me analizaron cinco años, me revisaron en todos los registros públicos de propiedad, en todos los bancos nacionales y extranjeros y me encontraron cinco observaciones", relató el imputado a uno de los noticiarios más escuchados del país.
La primera observación se trataba de cuatro cheques por unos 35.000 dólares.
Guajardo declaró en esa ocasión que el dinero fue enviado por su hermano, para pagarle un préstamo de unos 40.000 dólares con cuatro cheques verificados con certificación bancaria.
El segundo caso es una transferencia de unos 20.000 dólares como pago de un préstamo que le hizo a un amigo para pagar una parte del valor de un departamento.
La tercera investigación fue por unos 2.500 dólares depositados a una tarjeta de crédito, por la venta de una camioneta.
La cuarta pesquisa fue por 5.000 dólares por la venta de otro vehículo; y la quinta por la compra de cuadro de arte que compró en 2010, pero finiquitó su pago en 2015.
"Se dieron cuenta que tengo la razón en cuatro de los cinco puntos, dejan pendiente el asunto del cuadro pero, trabajando bien con ellos y argumentando, dieron por contestados los cuatro puntos", relató.
Sin embargo, "sin decir agua va, de repente la Fiscalía hizo su propio análisis" y rechaza la exoneración otorgada por los contralores federales.
Guajardo relató otra investigación sobre fondos de su paso por organismos internacionales.
"Con la información que yo mismo proporcioné, de una cuenta que abrí cuando fui funcionario del Fondo Monetario Internacional, en el Banco del Fondo Monetario Internacional, dicen (los fiscales): 'usted recibió en el 2015, 300.000 dólares' ¿Eso es enriquecimiento ilícito?", se preguntó Guajardo.
El mismo diputado electo responde: "pues no señores, es una transferencia que yo tengo de mi hermano, en su cuenta en EEUU a mi cuenta (del banco de FMI) para compensar los derechos de una herencia que cedí".
Actualmente, solo dos altos funcionarios del anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) han sido procesados, pero ningún proceso es oficialmente conocido contra el exgoberante que según reportes de prensa vive en la costa norte de República Dominicana.
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