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La fundación de Navalni presenta un recurso de apelación contra su prohibición en Rusia

© Servicio de prensa de la corte Babushkinsky de Moscú / Abrir banco de fotosAlexéi Navalni, bloguero opositor ruso
Alexéi Navalni, bloguero opositor ruso - Sputnik Mundo, 1920, 09.07.2021
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MOSCÚ (Sputnik) — La defensa de la Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK, catalogada como agente extranjero) del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni presentó un recurso de apelación contra la decisión de un tribunal moscovita que declaró la organización como extremista y la prohibió en Rusia.
"Hoy [9 de julio], los abogados y juristas que representamos los intereses de la FBK en el proceso, presentamos un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal de la Ciudad de Moscú", informó el abogado Iván Pávlov en su canal en el servicio de mensajería Telegram.
El recurso será analizado por la Primera Corte de Apelación de Jurisdicción General.
El pasado 9 de junio, el Tribunal de la Ciudad de Moscú declaró organización extremista la FBK y prohibió su actividad en el territorio ruso.
Las mismas medidas se dictaron contra otra ONG vinculada a Navalni, la Fundación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos, también etiquetada como agente extranjero en Rusia, y a la red de oficinas regionales del bloguero opositor (Shtabi Naválnogo, por su nombre en ruso).
Según la Fiscalía, las ONG de Navalni buscan la desestabilización social y política de Rusia y tienen por objetivo cambiar el orden constitucional del país, en particular a través de un escenario de "revoluciones de colores".
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La defensa de la FBK insiste en que las acusaciones de la Fiscalía son infundadas: el cambio de poder es un principio básico de la Constitución, la Carta Magna garantiza el derecho a manifestaciones pacíficas, mientras que el concepto de "revolución de colores" no es jurídico por lo cual no puede utilizarse como argumento en el pleito.
Los expertos consultados por Sputnik indican que el estatus extremista hace imposible la labor de la ONG y, además, presenta una amenaza no solo a los activistas y militantes de base sino también a los simples donantes que se expondrían a sanciones penales.
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