Colombia aún no da en el blanco para restringir el uso de las temidas armas no letales

Cerca de dos meses después de difundidas las imágenes de civiles equipados con armas no letales disparando contra indígenas que participaban en protestas en Cali, el país aún no define la normativa para la venta y porte de esos equipos, que se siguen vendiendo a diestra y siniestra, sin restricciones, tanto en tiendas locales como en internet.

La situación en Cali no pasó desapercibida para nadie ni en Colombia ni en el extranjero, menos aún para organismos como Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que justo el 7 de julio, al presentar una serie de recomendaciones y observaciones al Estado colombiano en relación con el manejo de la protesta social en el país, trajo a colación el tema del uso de armas contra manifestantes.

"La CIDH también recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, especialmente en Cali", dijo la Comisión, que también agregó que "recibió información extremadamente preocupante sobre la posible actuación de personas armadas vestidas de civil, algunas de las cuales habrían obrado aparentemente con aquiescencia de miembros de la policía".

Aunque la observación de la CIDH hizo referencia exclusiva al uso de armas de fuego, lo cierto es que la problemática en Colombia comprende ahora, también, el uso de armas no letales, que usan balas de goma, de las cuales, según datos oficiales, se incautaron 890 entre el 28 de abril y el 14 de junio último, tiempo en el que se registraron sendas protestas en el país contra el Gobierno, impulsadas en su mayoría por las principales centrales obreras.

Varios de los manifestantes fueron heridos con armas no letales portadas por civiles, por lo que el Gobierno señala que avanza en la elaboración de una norma que las homologará como armas de fuego convencionales, lo que permitirá aplicarles todas las restricciones que hoy tienen éstas en materia de importación y comercialización, así como la prohibición de su libre distribución y venta.

Reglamento de fuego

La idea surgió del consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, quien el pasado 6 de junio presentó al Ministerio de Defensa un proyecto de decreto para que las armas no letales sean reglamentadas como armas de fuego.

Sputnik buscó dialogar con Guarín sobre el avance de la propuesta —que se viene trabajando desde febrero—, pero nunca obtuvo una respuesta.

En cambio, Sutnik recibió un borrador del proyecto de decreto que aún no se promulga, según el cual dos meses después de la entrada en vigencia de la norma las personas que posean armas no letales deberán diligenciar un formulario para la obtención del permiso "para su tenencia y/o porte".

Según el borrador, "el Ministerio de Defensa establecerá una plataforma en internet para adelantar el registro y tramitar el respectivo pago", cuyo monto será determinado por esa misma cartera.

Sin embargo, el permiso será temporal, sólo por seis meses, ya que las "solicitudes de permiso para porte de armas registradas (...) se resolverán dentro del año siguiente al registro del arma".

Otra opción que plantea el decreto es más simple, pero quizás menos satisfactoria para quienes han destinado un presupuesto para comprar armas no letales, ya que quienes "no deseen registrarlas ni solicitar el permiso de tenencia y/o porte deberán entregarlas" ante el Ejército a un valor que será avaluado por el mismo Estado.

Propuesta cuestionada

La promulgación del decreto es esperada por muchos, pero también, desde ya, es cuestionada por otros, quienes ven en la amas no letales la posibilidad de los civiles de defenderse ante la delincuencia.

"Preocúpese por desarmar a los ilegales. No a los legales que responden por sus actos", escribió la senadora oficialista María Fernanda Cabal en su cuenta de Twitter el pasado 31 de mayo, en respuesta a la iniciativa expresada por Guarín en esa misma red social.

Cabal es una de las defensoras de las armas en la ciudadanía, al punto de que promueve un proyecto en el Congreso que pretende facilitar la adquisición de estos elementos.

Y es que frente a un arma de fuego tradicional, las no letales resultan tan fáciles de adquirir como, en ocasiones, tan económicas para comprar.

En el sitio colombiano de Mercado Libre un pistola no letal tipo Blow Tr92, con dos proveedores y un cepillo de limpieza, se comercializa por sólo 629.990 pesos colombianos (unos 165 dólares), y es la más vendida en el sitio, mientras que un fusil no letal calibre 12 milímetros, con 20 cartuchos, no supera los 730 dólares.

Una vez sea promulgado el decreto, portar armas no letales sin el correspondiente permiso de porte implicaría estar incurso en el artículo 365 del Código Penal Colombiano, que consagra que "el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve a doce años".

Mientras ese día llega, en Colombia las armas no letales, pese a lo peligrosas que puedan llegar a ser, se seguirán considerando casi como un artículo deportivo más.