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Un nuevo veredicto del caso Berta Cáceres y esperanza de justicia para los ambientalistas

© AP Photo / Eduardo VerdugoFoto de Berta Cáceres en un altar levantado en su memoria
Foto de Berta Cáceres en un altar levantado en su memoria - Sputnik Mundo, 1920, 05.07.2021
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SAN SALVADOR (Sputnik) — Una luz de justicia para los grupos ambientalistas ilumina al mundo desde Honduras, tardía y tímidamente, con el veredicto de culpabilidad contra David Castillo, uno de los empresarios que orquestó el asesinato de la líder lenca Berta Cáceres.
Todo quedó listo para que el próximo 3 de agosto sea leída la sentencia para Castillo, quien fue declarado culpable como coautor del delito de asesinato de la reconocida ambientalista, perpetrado en marzo de 2016.
Si bien el caso sigue abierto, los fiscales calculan que a Castillo podrían caerle de 25 a 30 años de cárcel por el estremecedor crimen, fraguado para para acabar con la resistencia popular contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en Honduras.
La muerte de Cáceres (1973-2016) causó particular consternación pues apenas un año antes había sido galardonada con el Premio Goldman, considerado el Nobel de la defensa ambiental, precisamente por su activa lucha contra la depredación empresarial.
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El proceso contra los asesinos de la fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) estuvo, eso sí, marcado por recurrentes maniobras de dilación por parte de la defensa, pese a la evidencia en su contra.
De hecho, fueron presentados indicios de acciones de dudosa legalidad cometidas por funcionarios públicos y de coordinación entre los sicarios y la familia Atala Zablach, dueña de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo gerente era Castillo.
"Tales revelaciones apuntan a la necesidad de seguir investigando posibles delitos relacionados con el asesinato, cometidos por personas que aún no han sido procesadas", alertó en junio pasado la Misión de Observación Calificada, pendiente del caso.

Un crimen bien documentado

En 2017 salió a la luz el documento "Represa de violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres", que desmontó con pruebas fehacientes las hipótesis sin fundamento construidas entonces por agentes estatales a cargo de la investigación oficial.
Según el texto, el asesinato de Cáceres fue orquestado por DESA, agentes del Estado y sicarios, con el intento fallido de matar al activista mexicano Gustavo Castro Soto, quien dormía en casa de la víctima.
El crimen fue consecuencia directa de la oposición organizada al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, para defender el entorno de comunidades indígenas lencas, señala el reporte del independiente Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).
"La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, así como en la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto", concluye el grupo internacional.
Cáceres y Castro Soto preparaban una reunión del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, para proteger los ríos Blanco y Gualcarque, en una rica reserva de recursos naturales habitada por comunidades autóctonas.
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Esta investigación independiente fue solicitada por los familiares de Cáceres y el Copinh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y otras instancias, sin que el Estado de Honduras les apoyara en ese reclamo.
Es más, el informe refleja la colusión de DESA con las fuerzas de seguridad del Estado, la estrategia gerencial para "controlar, neutralizar y atacar a Berta Cáceres, y la incidencia para propiciar la impunidad de personas afines" a los empresarios.
GAIPE determinó que, desde 2012, las campañas contra las comunidades incluyeron "infiltración, seguimientos, amenazas, sicariato, sabotaje de equipo de comunicaciones, cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad".

Proceso dilatado

Para la mencionada Misión, la impunidad estructural contribuye de manera significativa al aumento de la violencia contra las mujeres y las personas defensoras de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente.
"Las personas defensoras de los derechos humanos, tanto en el país como en el mundo entero, están siguiendo este caso, el cual marca un precedente para las generaciones venideras", enfatizó la red de observadores en un comunicado.
A su vez, el Copinh denunció sistemáticamente que la defensa de Castillo se dedicó a dilatar el juicio oral y público iniciado el 6 de abril, y suspendido una docena de veces.
Activists draw a flower on the floor with chalk as part of a makeshift altar for slain environmental rights activist Berta Caceres during a protest outside the morgue in Tegucigalpa, Honduras, March 3, 2016. - Sputnik Mundo, 1920, 05.03.2021
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Este juicio es la continuación de un proceso anterior (2018), el cual concluyó con la condena de siete hombres por el asesinato de Cáceres: cuatro sicarios, un empleado y un exempleado de DESA, y un mayor en activo de las fuerzas armadas hondureñas.
Castillo fue arrestado justamente dos años después del asesinato, mientras intentaba abandonar el país por el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula (norte), tras múltiples denuncias sobre la falta de debida diligencia y secreto en el proceso.
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