Diputados de México retiran fuero a oficialistas por casos de violación y lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Una instancia de la Cámara de Diputados de México aprobó retirar el fuero parlamentario a dos representantes del oficialismo para que enfrenten cargos penales, uno acusado por violación de un joven menor de edad, y otro por presunto lavado de dinero, tras analizar hechos de responsabilidad judicial.

La votación se celebró en la Comisión Instructora de la Comisión Jurisdiccional de la cámara baja del Congreso federal, integrada por cuatro miembros de varios partidos, oficialistas y opositores, encargada de las diligencias para comprobar la conducta o hechos de responsabilidad política o penal de algún diputado, informó a periodistas la legisladora Claudia Pastor, integrante del órgano legislativo.

Los procesos de desafuero avanzaron contra los diputados Saúl Huerta, representante del Movimiento de Regeneración nacional (Morena) y del Partido Trabajo, Mauricio Toledo, ambos partidos de la coalición oficialista "Juntos Haremos Historia".

La diputada Pastor informó además los detalles de la votación de los cuatro integrantes de la Sección Instructora de la comisión legislativa, responsables de decidir sobre el retiro del fuero de los diputados acusados, según el artículo 110 de la Constitución mexicana.

En el caso del diputado Huerta, de 62 años, la votación fue a favor del desafuero por unanimidad de los miembros, con cuatro votos a favor del retiro de la inmunidad parlamentaria por una acusación de "violación equiparada agravada contra un menor de edad" de 15 años, colaborador del legislador.

El caso de Toledo, de 41 años, fue aprobado por votación dividida de dos votos a favor, uno en contra y una abstención, razón por lo cual será turnado al pleno de la Cámara de Diputados para su dictamen final.

Toledo es señalado por enriquecimiento ilícito por la Fiscalía de la Ciudad de México, que acusa al diputado de haber tenido ingresos que no coincidían con su remuneración como funcionario público.

La Sección Instructora juridiccional la integran los diputados Pablo Gómez, del partido Morena, presidente de la instancia de la cámara baja; la secretaria Martha Ramírez, del mismo partido gobernante; Claudia Pastor, del Partido Revolucionario Institucional (PRI, oposición); y Maricarmen Bernal del PT, de la coalición oficialista.

Delitos imputados

El diputado Huerta es investigado por la Fiscalía por el delito de "violación sexual equiparada en contra de un menor de 15 años", tras ser detenido en flagrancia en un hotel de la Zona Rosa de la Ciudad de México.

El 23 de abril pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el presunto abuso sexual cometido contra el adolescente.

"Como presidente de la República condeno cualquier abuso sexual en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidio, de quien sea", dijo el mandatario a periodistas.

El legislador federal renunció a su candidatura a la reelección como representante de la céntrica ciudad colonial de Puebla por Morena, en los comicios del 6 de junio pasado.

El diputado fue detenido por la policía cuando el menor pidió auxilio a los conserjes de un hotel capitalino, aunque después fue liberado gracias al fuero federal que protege a los los legisladores.

El joven dijo a periodistas que fue invitado por Huerta para viajar de Puebla a la capital como su asistente durante una crucial sesión del Congreso sobre un dictamen de reforma del Poder Judicial, que procesaba la Comisión de Justicia donde el acusado se desempeña como secretario.

La madre del joven habló por teléfono con el legislador después de que fue liberado, y entregó el audio a un noticiario nacional, en el que se escucha la supuesta voz del diputado buscando un acuerdo económico.

En cuanto a Toledo, el pasado 4 de septiembre fue abierta una carpeta de investigación contra el legislador por tener inmuebles cuyo valor excede los ingresos legalmente manifestados en sus declaraciones patrimoniales.

La Fiscalía de la capital señala "fuertes indicios para considerar que el denunciado tiene un patrimonio superior al que podría tener por la suma de las percepciones recibidas por los cargos públicos que desempeñó de 2009 a 2018".