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Un diputado de Venezuela afirma que la reforma judicial atacará a las mafias por el retardo procesal

© AFP 2021 / Federico Parra Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2021
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CARACAS (Sputnik) — La Comisión especial para la reforma judicial en Venezuela buscará enfrentar a las mafias en el sistema de justicia, las cuales son responsables de retardo procesal en el país, dijo a Sputnik el diputado e integrante de esa comisión, Julio Chávez.
"Iremos a fondo, enfrentamos estas mafias que se han instalado alrededor del sistema de justicia y estamos teniendo resultados interesantes que nos permiten tener la certeza de que vamos a saldar la deuda con las personas que están en esa situación, que en su mayoría son los más pobres, que no tuvieron cómo pagarle a esas mafias y a ellos hay que hacerles valer el estado social de derecho y justicia", expresó Chávez.
El presidente Nicolás Maduro creó el 21 de junio la comisión para "la revolución judicial" en el país, y designó al diputado Diosdado Cabello, como presidente, y a la diputada (su esposa), Cilia Flores, como vicepresidenta.
Maduro dio un plazo de 60 días a la comisión especial para que "solucione de manera profunda y de raíz, con justicia y sin impunidad el hacinamiento en los centros de detención preventiva, regularice el paso a los centros penitenciarios del país de todo el personal que esté siendo juzgado por el sistema de justicia".
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En ese sentido, Chávez indicó que existe una población de 40.000 personas privadas de libertad en esos centros de detención, quienes desde hace tres o cuatro años se encuentran en espera de un juicio.
Los centros de detención preventivos están ubicados en las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), y policías regionales y municipales.

Celeridad

La comisión tiene entre sus tareas visitar todos los centros preventivos del país, y para ello los diputados se dividieron en equipos para recorrer todos los estados.
Chávez relató que le correspondió acudir a los centros preventivos en el estado Trujillo (oeste), donde en tres días lograron algunos casos de ciudadanos víctimas del retardo procesal.
"Hemos observado que en efecto hay personas que tienen dos años detenidas por haber robado una gallina, una cabra o un celular que apareció, pero estaban allí. Teniendo al fiscal, al representante de la causa pública en el sitio hemos logrado resolver esas situaciones y esas personas han sido vía tribunal dadas en libertad, y en algunos casos sigue el proceso pero van a arresto domiciliario", detalló.
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Destitución

El parlamentario indicó que la comisión hará una revisión del personal del sistema de justicia, por lo que no descarta que se produzcan destituciones por actos de corrupción.
"El trabajo pasa por hacer una revisión del personal que se desempeña tanto en el Ministerio Público y el Poder Judicial [Tribunal Supremo de Justicia], porque seguramente se van a dar procesos de reestructuración (…) la comisión presidencial dentro de los lineamientos y las facultades que tiene, una vez que se levanten en las regiones la actuación de unos de estos funcionarios, debidamente con las pruebas fehacientes, puede tomar la decisión de destituir jueces", acotó.
En la comisión de reforma judicial también incluidos el Ministerio Público, el TSJ, defensoría del Pueblo, y los ministerios de Asuntos Penitenciarios, y de Interior, Justicia y Paz.
De igual manera, Chávez señaló que la pandemia por COVID-19 también ha ocasionado el incremento del retardo procesal en el último año.
En febrero, el Tribunal Supremo de Justicia entregó al parlamento el proyecto de reforma del Código Orgánico Procesal Penal para "adaptar los procedimientos, normas legales y jurídicas a las nuevas realidades del pueblo venezolano".
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Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado tortura y tratos inhumanos contra los privados de libertad en centros de detención preventiva.
Además, la ONG ha publicado diversas protestas de familiares que exigen celeridad y denuncian el cobro en divisas por la libertad de los detenidos.
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