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Embargan los bienes de varios expresos de ETA para indemnizar a sus víctimas

Mazo de juez  - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2021
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El Estado ha embargado los bienes y sueldo de varios expresos de ETA para hacer frente a la deuda que tienen con las víctimas de sus delitos. Según la justicia, están obligados a asumir la responsabilidad civil por sus actos. La respuesta económica no prescribe con el paso del tiempo.
Más de tres millones de euros. Esa es la cifra que varios expresos de ETA deben al Estado. En 2021, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional obliga a los condenados por delitos de terrorismo a abonar esta deuda por responsabilidad civil. Motivo por el que se ha procedido al embargo del patrimonio, bienes o salarios de los otrora encarcelados.
El Estado ha intervenido sus cuentas corrientes, propiedades inmobiliarias, herencias y otros elementos financieros que tenían a su nombre. Estos servirán para responder a sus deudas aún vigentes. Y es que, además de sus penas de cárcel, también fueron condenados a indemnizar a sus víctimas por responsabilidad civil. Una parte de la sentencia que tienen que encarar ahora.
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Entre los afectados se encuentra Aitor Bores Gutiérrez. Este fue condenado por la Audiencia Nacional por el atentado cometido el 5 de mayo de 1997 contra el acuartelamiento del Ejército del Tierra de Araca, situado en Vitoria. Otro es Ibón Txezarreta, quien fue a prisión por el asesinato del exgobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jáuregui el 29 de julio de 2000. Ambos pertenecían a la Vía Nanclares, proyecto de reinserción de aquellos presos etarras que decidieron dar una serie de pasos inequívocos hacia el final de la lucha armada.
En 2018, una deuda así fue el punto de partida de la operación Zerga. En esta, la Guardia Civil incautó efectivo, pero también vehículos de lujo, fincas rústicas y viviendas. En total, se superaban los siete millones de euros. Los deudores casi habían olvidado la responsabilidad civil por sentencia.
Independientemente del tiempo transcurrido desde la condena, la responsabilidad civil no caduca. La Sentencia del Tribunal Supremo dictada por el Pleno de la Sala de lo Penal el 13 de noviembre de 2020 analizó este asunto. Llegó a la conclusión que esta no prescribía y que de oficio se puede seguir con su ejecución hasta la completa satisfacción del acreedor.
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De esta manera, los presos con este tipo de deudas se ven sometidos a constante vigilancia de sus ingresos, sean en forma de salario o herencia. Una parte debe ir destinada al pago de la responsabilidad civil. Para que la persona pueda asumir la reparación económica de los daños y perjuicios causados o derivados de su delito, esta tiene que contar con un sueldo estable. Así, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazábal, anunció la creación de una agencia de resocialización en la que se fomentará la formación y empleo para los presos de ETA en centros penitenciarios del País Vasco. Su nombre es Aukerak y llegará a finales de año tras el paso de competencias de prisiones del Estado al Gobierno autonómico.
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