Más allá de los indultos: el proceso independentista catalán sigue en los tribunales

MADRID (Sputnik) — El Gobierno de España anunció los indultos a los nueve líderes catalanes que todavía seguían en prisión por el referéndum de 2017 como una forma de pasar del castigo a la concordia, pero también como una apuesta por "desjudicializar" el conflicto territorial.

La realidad es bien distinta. Los indultos perdonan a nueve personas condenadas en firme, cuyo proceso judicial ya terminó. Es cierto que la medida de gracia permite mover el foco del terreno judicial al de la política, pero gran parte del devenir del proceso independentista sigue jugándose en los tribunales.

De hecho, las diferentes causas abiertas en torno al procés afectan a unas 3.000 personas que quedan al margen de los indultos, según cálculos de la organización independentista Òmnium Cultural.

Por ello, las primeras palabras de los indultados tras abandonar la prisión estuvieron dedicadas a pedir una ley de amnistía para estas personas.

"Seguimos trabajando por la amnistía y por la libertad de los 3.000 represaliados, y por todos los compañeros y compañeras que están en el exilio", dijo el 23 de junio el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, a las puertas de la cárcel de Lledoners, en Barcelona.

Tribunal de cuentas

Una de las causas pendientes de mayor calado político es la que se dirime en el Tribunal de Cuentas, que pide a más de 30 ex altos cargos del Gobierno de Cataluña —entre ellos a personas indultadas como Oriol Junqueras— la liquidación de los gastos indebidos a lo largo del proceso independentista.

El Tribunal reclama un total de 4,8 millones de euros del dinero gastado por la Generalitat de Cataluña en el referéndum ilegal de 2017. Además, los informes del tribunal aseguran que se emplearon otros 5,4 millones de euros en la ofensiva diplomática para defender la causa independentista en el exterior.

Está previsto que el Tribunal de Cuentas formalice sus imputaciones el próximo día 29 de junio. A la espera de conocer las imputaciones, un grupo de más de 50 destacados economistas— incluidos 33 Premios Nobel— escribieron recientemente un artículo conjunto en apoyo al exconsejero catalán Andreu Mas-Colell, uno de los investigados en la causa.

Según denuncian los economistas, de llegar a puerto, las sanciones pretendidas por el Tribunal de Cuentas exceden el patrimonio neto combinado de todos los acusados, por lo que Mas-Colell afronta unas "consecuencias financieras desastrosas" a pesar de que "la documentación de más de 18.000 páginas de las acusaciones enviadas no especifica su conexión” con los hechos ilícitos.

Este 25 de junio, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos –uno de los colaboradores más cercanos del presidente Sánchez– aseguró que esta causa es una "piedra en el camino" para el clima de diálogo que el Gobierno pretende propiciar con los indultos.

La extradición de Puigdemont

Otra de las partidas judiciales del procés tiene que ver con la situación de Carles Puigdemont, el expresidente del Gobierno catalán que convocó el referéndum unilateral.

Tras los sucesos de otoño de 2017, el líder independentista abandonó España e inició un periplo por Europa para huir de la justicia española, que le sigue reclamando para ser juzgado por delitos de sedición y malversación.

Tras los intentos fallidos de extraditar a Puigdemont desde Alemania y Bélgica, el juez instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se jugó una última carta planteando una serie de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para su entrega.

El TJUE todavía tardará varios meses en responder. Entre tanto, Puigdemont no podrá salir de Bélgica sin correr el riesgo de ser detenido mientras no recupere su inmunidad como eurodiputado, un tema que también ha devenido en un embrollo judicial y que el Tribunal General de la UE deberá resolver.

La situación de Puigdemont —y de otros de sus compañeros huidos, como Clara Ponsatí o Toni Comín— es, sin duda, una china en el zapato para la imagen internacional de España y un obstáculo para dar salidas políticas al conflicto.

Un informe aprobado el 21 de junio por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendaba a España "considerar la posibilidad de poner fin a los procedimientos de extradición" de Puigdemont y sus compañeros.

En respuesta, el Gobierno de España lanzó un "reproche general" al informe, destacando de forma especial que ese tipo de recomendaciones "chocan con el respeto a la separación de poderes". Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, descartó incluso la posibilidad de un indulto preventivo y señaló que, al ser una persona buscada por la justicia, "si Puigdemont viene a España será detenido".

Otras causas

La extradición no es el único asunto pendiente en torno a Puigdemont. La Fiscalía superior de Cataluña pide condenar al exconsejero de Interior, Miquel Buch, a seis años de prisión por facilitar servicio de escolta al líder independentista tras su huida a Bélgica.

Del mismo modo, en octubre del año 2020 fueron detenidas 21 personas en el marco de la Operación Volhov, donde se investiga, entre otras cosas, si se utilizó dinero público para financiar la estructura de Puigdemont en Bélgica.

En paralelo, también está la investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona —conocida como causa del 13— donde están imputados unos 30 altos cargos de la Generalitat de Cataluña por delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación.

A estas causas —que no son todas— se suman los casos de centenares de manifestantes y activistas que afrontan acusaciones de desórdenes públicos o atentado contra la autoridad por participar en protestas independentistas.

"Los indultos no dan solución a la causa general", dijo el 21 de junio el actual presidente catalán, Pere Aragonès, que sigue defendiendo la necesidad de una ley amnistía que Pedro Sánchez, al menos de momento, no está dispuesto a aceptar.

Con este escenario de fondo, por mucho que el Gobierno de España pretenda ahora pasar al terreno de la política, es evidente que los tribunales siguen jugando un papel vital en el conflicto territorial.